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Desde hace un par de semanas, en los pasillos de las universidades públicas y en las conversaciones de los actores del sector educativo hay un intenso debate sobre si reformar o no el decreto 1279 de 2002, que define cómo se calculan los salarios de los profesores de planta y que, con el paso de los años, ha permitido salarios mensuales de hasta COP 60 millones.
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Aunque el ministro de Educación, Daniel Rojas, le dijo recientemente a El Espectador que no alcanzaría a impulsar una reforma antes de que termine el Gobierno, y que primero quiere escuchar a todos los sectores involucrados, varias universidades ya empezaron a mover sus fichas. La Universidad Distrital es una de ellas. Con el acuerdo 004 de 2026, al que solo le falta una firma para entrar en vigencia, la institución busca ponerle reglas nuevas a su escalafón salarial.
El documento reglamenta la asignación de puntos salariales y bonificaciones, fija límites a las publicaciones académicas, robustece la evaluación de revistas y crea mecanismos para vigilar prácticas editoriales sospechosas. Pero lejos de calmar el debate, terminó incrementándolo más, pues su implementación no ha caído muy bien en algunos sectores de la comunidad educativa. “Desincentiva la carrera docente y la investigación”, escribió en su cuenta de X Adrián Correa, profesor de la universidad y Ph. D. en Energía. A su juicio, el acuerdo incluso “sobrepasa los límites de la autonomía universitaria”.
Una lectura parecida tiene Luini Hurtado Cortés, representante suplente de los profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU). Insiste en que los CSU de las universidades públicas no pueden reformar decretos nacionales a través de acuerdos internos o resoluciones. Aunque desde la administración de la Distrital repiten que esto no es una reforma, sino una reglamentación a la norma ya vigente; para él sí altera el espíritu del sistema creado hace más de dos décadas.
Ese esquema, como lo explicó hace unos días a este diario Ignacio Mantilla, matemático y exrector de la Universidad Nacional, funciona así: los docentes reciben puntos por títulos, experiencia y producción académica, que luego se traducen en su salario. En 2002, cada punto equivalía a unos COP 6.000. Hoy ronda los COP 23.924. Cada año el valor del punto aumenta con el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para entender mejor su funcionamiento, basta con ver un ejemplo. Un profesor que entra con un sueldo base de COP 4,5 millones y obtiene 15 puntos adicionales por publicaciones académicas puede aumentar su ingreso en más de COP 350.000 mensuales. Este incremento no es un bono temporal, sino que es un dinero que seguirá sumándose a su sueldo hasta que deje de ser docente de planta o se jubile.
No hay límites en el número de puntos que un maestro puede acumular, pues en principio el objetivo del decreto 1279 era incentivar actividades como la producción académica y la investigación. Además, las instituciones son libres, en el marco de su autonomía, de definir los cortes para reconocer esos nuevos puntajes.
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Aunque este sistema ha sido cuestionado por los altos salarios que puede llegar a generar, los casos más elevados siguen siendo excepcionales. En la Universidad Nacional, por ejemplo, la mayoría de profesores gana menos de COP 15 millones mensuales, como contó hace unas semanas Andrés Mora, rector encargado antes de la llegada de Ismael Peña. Un grupo más reducido, añadía, alcanza los COP 20 millones y quienes superan esas cifras no representan ni el 1 % de la planta docente.
En la Distrital ocurre algo similar. De los cerca de 1.800 profesores vinculados actualmente, apenas unos 25 superan los COP 25 millones mensuales, cuenta Luisa*, docente ocasional de la institución que hace parte de un espacio donde se han socializado esas cifras y que pidió reservar su identidad. Pero, si bien son unos pocos, Ana María Castellanos, representante estudiantil ante el CSU, señala que esos salarios representan una carga cercana a COP 14.000 millones anuales para el presupuesto de la institución, de acuerdo con las cifras presentadas por la Vicerrectoría Financiera durante una de las sesiones del CSU.
El acuerdo que ha generado desacuerdos
Pero, ¿qué establece el acuerdo 004 de 2026? Entre sus principales disposiciones, el documento define como práctica irregular “cualquier comportamiento que socave la integridad del proceso de revisión por pares y la calidad de los artículos publicados”. Con ello, se busca frenar la publicación de investigaciones en las llamadas revistas predadoras (predatory journals, en inglés, o publicaciones express en español), un fenómeno que desde hace años preocupa al mundo académico por la baja rigurosidad de sus procesos editoriales y de evaluación científica.
El documento también le entrega más herramientas jurídicas al Comité de Personal Docente y Asignación de Puntaje (CPDAP), encargado de revisar las solicitudes de reconocimiento salarial; pues hasta ahora, ese comité podía detectar irregularidades, pero tenía pocas herramientas para frenarlas.
Uno de los puntos más sensibles, sin embargo, está en los límites a las publicaciones. El acuerdo establece que solo se reconocerán hasta dos artículos por año en una misma revista y máximo cinco en revistas distintas. A los ojos de Correa, esa decisión desconoce cómo funciona realmente la investigación científica. “Las publicaciones son el resultado de años de trabajo, experimentos y evaluaciones. Muchas veces terminan coincidiendo en un mismo periodo”, dice en sus redes.
En esta discusión, para Hurtado, doctor en Ingeniería, hay un factor que no se está teniendo en cuenta y es el impacto que este tope podría tener sobre quienes apenas quieren entrar a la universidad como docentes. “Para el escalafón inicial solo se tendrían en cuenta dos artículos académicos, lo que podría volver menos competitiva la vinculación de nuevos docentes”, explica.
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Algo similar ocurre con las patentes. El acuerdo establece que los puntos asociados a cada una solo podrán reconocerse “por única vez”, lo que impediría otorgar nuevos incrementos salariales por actualizaciones, modificaciones o mejoras posteriores sobre una misma patente. Para Luisa*, la medida busca evitar dobles valoraciones sobre un mismo desarrollo. “La idea es cerrar la puerta a que algo que ya fue avalado siga generando aumentos indefinidos”, resume.
Además, se plantea la posibilidad de limitar al 0,5 % del presupuesto total de la universidad el dinero destinado a puntos salariales. Ahí el consenso también se rompió, pues Hurtado cree que ese monto no alcanzaría para cubrir reconocimientos, como el de excelencia académica. “Hay profesores que superan ciertos puntajes en evaluación y reciben esos puntos como incentivo”, anota.
El debate por los topes, recuerda Luisa*, quien lleva nueve años en la universidad, comenzó mucho antes del acuerdo. Su origen se remonta a un informe publicado en 2023 por el propio CPDAP, donde la universidad reconoció que estaba enfrentando problemas asociados a revistas predadoras, compra de coautorías, retractaciones científicas y publicaciones sin procesos editoriales rigurosos. Algunos de los datos que presentaron fueron inquietantes. En abril de 2023, por ejemplo, el comité encontró que el 33,7 % de las solicitudes de puntos salariales provenían de revistas “presuntamente predadoras”. Ahí empezó a tomar fuerza la idea de una regulación interna.
Construirla, no obstante, no ha sido una tarea sencilla. A los ojos de Castellanos, representante de los estudiantes al CSU, este ha sido uno de los proyectos más demorados dentro del CSU porque todavía no existe un acuerdo entre todos los sectores. “Nosotros sí veíamos urgente reglamentar. Cada punto salarial implica plata para la universidad”, afirma.
Hurtado, en cambio, cree que se está exagerando el impacto financiero, porque “el 90 % de los docentes gana hasta COP 15 millones o menos; de ese porcentaje, el 62,5 % gana menos de 10 millones y solo el 1,4 % supera los 35 millones”. Por eso no comparte la idea de que la universidad pueda volverse inviable “o vaya a quebrar por unos pocos profesores que están produciendo demasiado”.
Aunque este es un gran avance, para Luisa* el acuerdo no resuelve el problema de raíz, porque más allá de las revistas o los topes, sigue existiendo una pregunta por resolver: ¿quién decide qué vale y qué no dentro de la producción académica? ¿Cómo se regulan los comités que otorgan estos puntos? “Son profesores evaluando a otros profesores”, sostiene Hurtado y sostiene que, aunque evita hablar directamente de conflictos de interés, es importante advertir que, sin reglas claras, “ahí se puede colar lo indebido”.
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Todo indica, como sugiere Castellanos, que el acuerdo terminará aprobándose. En la Comisión Segunda del CSU solo se abstuvieron de votar la representación profesoral, de la que hace parte Hurtado, y el delegado del Ministerio de Educación. Por ahora, no se habla entre los profesores y profesoras de paro o cese de actividades, pero en los pasillos de la universidad circula otra posibilidad de protesta y es la de acudir a acciones judiciales para intentar tumbar el documento antes de que entre en vigencia.
* El Espectador contactó a los directivos de la Universidad Distrital y al Ministerio de Educación para conocer sus opiniones, pero antes del cierre de este artículo no tuvo respuesta.
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