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En julio de 2024, el fallecimiento de la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga causó una gran conmoción en el mundo de la salud. El suicidio de la estudiante de la Universidad Javeriana, de Bogotá, quien se encontraba realizando su residencia en Cirugía (posgrado), generó una discusión sobre la necesidad de atender la salud mental de quienes están haciendo esas especializaciones.
El caso no se quedó únicamente en las reflexiones por parte de las diferentes facultades de medicina del país y de las asociaciones médicas, sino que impulsó la creación de un proyecto de ley que actualmente está en trámite en el Congreso: la Ley Doctora Catalina, que busca “resolver problemas fundamentales sobre el entorno de trabajo y estudio de las residencias médicas en el país”, como explica la congresista del Pacto Histórico, María Fernanda Carrascal, ponente del proyecto.
Entre esos problemas, señala Carrascal, están la carga de trabajo excesiva, el estrés crónico por parte de los residentes, la presencia sistemática de situaciones de maltrato y acoso laboral hacia los residentes, y las condiciones socioeconómicas y laborales adversas.
Para tratarlos, lo que propone el proyecto de ley, entre otras cosas, es establecer un límite de 12 horas diarias y 60 horas semanales en las jornadas de los médicos residentes, que puedan acceder a seguros y prestaciones sociales, así como la creación de mecanismos de supervisión y acompañamiento durante su formación.
“La iniciativa plantea un cambio fundamental al promover ambientes de trabajo seguros, respetuosos y libres de violencia, así como al exigir la implementación de programas de capacitación en derechos laborales, bienestar y prevención del acoso”, sostiene la Federación Médica Colombiana, en un comunicado que publicó a principios de este mes.
Sin embargo, el proyecto tal como está planteado ha generado inquietud en varias asociaciones como Ascun, que reúne a universidades públicas y privadas del país, y la Academia Nacional de Medicina, que han expresado su preocupación por los cambios que tendría el modelo de residencias en el país. Dicen que la iniciativa, a la que solo le falta un debate en el Congreso, omite regulación sobre las falsas denuncias y que además podría afectar la autonomía universitaria.
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Los reparos a la iniciativa
La mayoría de asociaciones reconocen el propósito del proyecto de ley. La Federación Médica, por ejemplo, afirma que, “durante años, la formación médica especializada ha estado atravesada por tensiones estructurales: sobrecarga laboral, precarización, limitaciones en el acceso al bienestar integral y una cultura institucional que, en muchos casos, ha normalizado el maltrato como parte del proceso formativo”.
La Asociación Colombiana de Universidades (Ascun) también reconoce la necesidad de fortalecer el bienestar, la salud mental y las condiciones de formación de los médicos residentes del país, “especialmente en un contexto nacional e internacional donde existe creciente evidencia sobre el impacto que tienen las jornadas extensas, los entornos hostiles de formación y la ausencia de redes de apoyo en la salud física y mental del talento humano en salud”, escribió en una carta su director ejecutivo, Oscar Domínguez Gonzalez, dirigida a varios congresistas.
En ese mismo documento, Ascun dio a conocer los resultados de una encuesta nacional que realizaron junto a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina (Ascofame) a instituciones de educación superior y hospitales universitarios con programas de especialidades médico-quirúrgicas, que buscaba identificar el estado actual de las estrategias institucionales de bienestar y salud mental para residentes.
Los resultados muestran que “las universidades y hospitales han venido avanzando de manera importante en esta materia”, asegura Ascun. El 81,8 % de las instituciones manifestó contar con rutas formales de atención en salud mental para residentes, mientras que el 13,6 % indicó que están en proceso de implementación. El 4,5 % restante todavía no cuenta con este tipo de mecanismos.
La consulta también permitió identificar limitaciones estructurales. Uno es la estigmatización del uso de servicios de salud mental, identificado por el 50 % de las instituciones participantes. Otro 38,9 % señaló que las extensas jornadas y rotaciones dificultan el acceso efectivo de los residentes a los servicios de apoyo, mientras que un porcentaje similar reportó baja participación en espacios de acompañamiento.
“Estos resultados muestran que el país sí requiere fortalecer el marco institucional de protección y bienestar de los residentes, pero también evidencian que las universidades ya han venido desarrollando acciones concretas y sostenidas en esta dirección”, dice Domínguez en la carta.
Por esto, el primer punto que le piden a los autores del proyecto de ley es que reconozca “los avances institucionales existentes y promover su fortalecimiento, en lugar de asumir que las instituciones han permanecido pasivas frente a esta problemática”.
Esto es algo en lo que no coincide la Federación Médica, que señala que la iniciativa representa el reconocimiento de que los mecanismos actuales han sido insuficientes. “Si realmente se hubieran garantizado condiciones dignas y seguras, estas problemáticas no persistirían de manera tan extendida”, señala la institución.
Desde el punto de vista de la Federación, las medidas exclusivamente preventivas “resultan insuficientes si no están acompañadas de mecanismos claros de sanción y protección efectiva”.
Las dudas sobre las cargas y el modelo
Para enfrentar esos desafíos el proyecto de ley propone crear la línea de atención de denuncias sobre el Talento Humano en Salud, que estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social en coordinación con el Ministerio del trabajo.
“Ante situaciones de presuntos abusos o maltratos hacia los residentes la ley permite que quien conozca de estos hechos (sea la víctima o no) pueda denunciar directamente a las autoridades competentes o ponerlo en conocimiento inmediato del director de la Institución Prestadora de Servicio y del Decano de la Facultad de Medicina”, dice la congresista del Pacto Histórico.
Según Carrascal, la ley obligaría al director de la Institución Prestadora de Servicio y al Decano de la Facultad correspondiente a denunciar los hechos ante la Fiscalía General de la Nacional, independiente de lo que crean o piensen.
En este punto hay varias cosas que le inquietan a la Academia Nacional de Medicina, que reconoce el propósito del proyecto. “El texto aprobado contiene fundamentalmente medidas punitivas sin un desarrollo apropiado de acciones preventivas del acoso. Además, omite regulación sobre las falsas denuncias, la injuria y la calumnia, y no establece con claridad los deberes de los residentes junto a sus derechos”.
Sobre estos puntos, Carrascal asegura hay un artículo sobre capacitación en derechos humanos, acoso laboral y enfoque de género que las instituciones de educación superior y las prestadoras de servicios de salud deben ofrecer a todo el personal en salud, especialmente a los actuales representantes legales, directores y administradores, jefes de las residencias, especialistas y médicos, “con el propósito de prevenir las situaciones de acoso”, afirma la representante.
Además, aclara que hay un artículo donde queda tipificado cuáles conductas no constituyen acoso, por tanto, “también está regulando para caracterizar claramente qué situaciones no pueden ser instrumentalizadas como acoso cuando no lo son”, dice Carrascal.
Pero esto no es lo único que le preocupa a la Asociación de Medicina y a Ascun. Ambas organizaciones señalan que el enfoque actual del proyecto “Ley Doctora Catalina” podría generar efectos no deseados sobre la naturaleza académica de la residencia médica y el modelo de docencia–servicio, establecido en la Ley 1917 de 2018, que es la que pretende modificar la iniciativa.
Esta ley reconoce las condiciones mínimas que debe tener el contrato especial para la práctica formativa de residentes (apoyo de sostenimiento educativo mensual no inferior a tres salarios mínimos, derecho a vacaciones, afiliación al sistema de salud y riesgos laborales), pero también resalta que sigue siendo formación académica. El residente de medicina tiene un tipo de contrato especial mientras hace la especialización, no es exactamente un empleado común, pero tampoco solo un estudiante, y a medida que avanza “la práctica” se le delegan más responsabilidades propias de su especialización.
“El proyecto transforma esta figura en un contrato laboral especial regido por el Código Sustantivo del Trabajo, incorporando obligaciones prestacionales y cargas financieras cuya fuente de financiación no se encuentra claramente definida”, afirma Ascun. Esto, agregan, podría tener impactos sobre universidades y hospitales universitarios, por las nuevas cargas económicas que podrían traducirse en incremento de matrículas, reducción de cupos de especialización, cierre de programas o debilitamiento de convenios docencia-servicio esenciales para la formación médica especializada.
Además, según la Academia Nacional de Medicina, se podría afectar la autonomía universitaria y generar incoherencias en la formación especializada en salud,
pues, “aunque los residentes cumplen funciones asistenciales fundamentales en el sistema de salud, su condición principal es la de profesionales en formación, lo cual exige soluciones que fortalezcan su protección sin desnaturalizar el carácter educativo de las residencias”.
En este punto también coincide Ascofame que reúne a 57 facultades de medicina del país. En una carta que enviaron el 22 de mayo al Congreso, contaron que realizaron junto a otras organizaciones una revisión “pormenorizada y juiciosa del articulado del proyecto de ley que había sido aprobado en tercer debate”, y plantearon una serie de modificaciones alineadas a las necesidades que han expuesto las diferentes organizaciones médicas y universitarias.
“A partir de esa revisión y las modificaciones planteadas, entendemos que se realizaron ajustes al proyecto de ley, las cuales esperamos hagan parte de la ponencia que eventualmente se presente a consideración de la plenaria del Senado de la República”, se lee en la carta firmada por la presidenta de la junta directiva de Ascofame, Paula Catalina Vásquez, y su director ejecutivo, Luis Carlos Ortiz.
Esta organización además pide que se realicen audiencias donde se escuchen las voces tanto de las partes que participan en los procesos de formación de los médicos residentes: facultades de medicina, hospitales universitarios, escenarios de práctica clínicos, docentes, así como expertos de organizaciones como la Academia Nacional de Medicina y las Sociedades Científicas.
El detalle es que al proyecto de ley le queda menos de un mes (hasta el 20 de junio) para realizar su último debate. En caso de que no se discuta en este tiempo se hundirá.
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