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Laura Camila Sarabia Torres hubiera preferido mantenerse en la sombra. Quien hasta el viernes pasado fue la jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro reveló que lo suyo no eran los reflectores y por eso prefería mantenerse tras bambalinas y trabajar. Lo hizo cinco días antes de convertirse en la protagonista de un escándalo que arrancó siendo político, pero que hoy tiene serias repercusiones judiciales y en un nuevo cruce de declaraciones de pesos pesados: el presidente Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa. Aunque el revuelo fue desarrollándose con actualizaciones constantes, casi una por hora, el caso tomó un camino de no retorno cuando la Fiscalía confirmó que había interceptaciones ilegales en esta historia que inició como un asunto del entorno privado de Sarabia.
Todo comenzó la semana pasada, cuando Marelbys Meza, la exniñera de Sarabia, le contó a la revista Semana que, luego de un robo de dinero en el apartamento de su jefa en enero de este año, funcionarios de la Casa de Nariño y de la Sijín la intimidaron a ella y a su familia y le hicieron una prueba de polígrafo sin abogado. La encargada de cuidar al bebé de la exfuncionaria reveló esta situación y agregó que se sentía en riesgo. Su testimonio fue conocido por la Fiscalía, que ya estaba investigando la desaparición de la plata y tenía una larga lista de sospechosos, incluyendo a la exniñera. Desde los primeros días de la polémica, la misma Meza señaló que no sabía si estaba “chuzada”, pero que sentía miedo. Sin embargo, la exfuncionaria siempre defendió la reacción de la seguridad del Palacio de Nariño.
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Sarabia afirmó que siempre actuaron “aplicando todos los protocolos en el marco de la ley”, pero las autoridades ya estaban advertidas. El miércoles 31 de , la Procuraduría abrió una indagación para entender cuáles fueron los protocolos que llevaron a Meza a un polígrafo en un edificio al lado de la Casa de Nariño y si, en algún momento de ese particular procedimiento de investigación, funcionarios públicos, incluyendo a Sarabia, se habrían excedido en sus funciones. Ese mismo día, la Fiscalía tomó cartas en el asunto y, en un procedimiento casi de película, envió a un grupo de funcionarios del CTI al lugar donde se realizó la prueba del polígrafo a la exniñera Meza. Su objetivo era revisar cámaras de seguridad y recopilar información sobre el esquema de seguridad de la exjefa de gabinete.
De ahí en adelante, la historia fue tornándose más oscura. Casi 24 horas después de la inspección, la Fiscalía reveló una irregularidad mucho más grave en el caso: la exniñera había sido interceptada ilegalmente por un miembro de la Policía. La confirmación causó revuelo en un país que conoce, mejor que muchos otros, las repercusiones judiciales y políticas de las “chuzadas” ilegales. Los detalles que dio el fiscal Barbosa fueron claves para poner contra las cuerdas a Sarabia y darle una dimensión judicial a un escándalo que empezó siendo político. La cabeza del búnker contó que, un día después del robo y antes de que a Meza la trasladaran para la prueba del polígrafo, un funcionario de la Dijín escribió el número de la exniñera en un informe de una investigación sobre el Clan del Golfo.
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En ese documento, el autor le pidió al fiscal del caso que metiera ese teléfono en una lista de interceptaciones legales porque, argumentó, su dueña era una auxiliadora del anillo de seguridad de alias Siopas, exlíder de esa banda criminal. La identificó como alias la Cocinera, una ayudante encargada de preparar alimentos para los hombres del jefe criminal y como un enlace clave para llegar a las entrañas de esa banda sucesora del paramilitarismo. Además, Barbosa explicó que, en ese mismo informe, el funcionario agregó otro teléfono de una exempleada de Sarabia que le ayudaba en las labores del hogar. A ella la identificó como alias la Madrina, encargada de hacer giros de dinero, comprar comida y llevar información y órdenes al mismo Siopas.
Con informe en mano, el policía judicial le pidió la aprobación al fiscal, quien le dio toda la credibilidad al trabajo del uniformado y los números de ambas quedaron interceptados en una investigación del Clan del Golfo. Toda la versión que contó Barbosa fue confirmada por la Policía, minutos después de la rueda de prensa del búnker. Sin embargo, hasta en esas declaraciones hubo polémica: mientras que la Fiscalía aseguró que la interceptación ocurrió el 30 de enero, y que duró 10 días, la Policía explicó que el teléfono fue incluido en las líneas de intervención el 26 de enero, incluso antes del robo, y que las escuchas solo duraron tres días. Mientras que el búnker se mantiene en que ellos tienen la razón, la institución de la fuerza pública no dio más explicaciones sobre su versión.
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“Las chuzadas ilegales han retornado a Colombia”, sentenció el fiscal Barbosa, que agregó: “Lo que acabo de decirles a ustedes es tremendamente grave para la democracia. Esto no es un asunto de carácter personal entre un funcionario y otro. Estas son evidencias de que a dos personas, una de ellas la exniñera de Sarabia, la convirtieron en alias la Cocinera (…) Este caso, no solo es aberrante desde todo punto de vista judicial, sino que es un caso que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico que es la violación de derechos humanos”, afirmó el fiscal general, comparando la interceptación de dos extrabajadoras de Sarabia con una sistemática persecución a abogados, periodistas y magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron interceptados ilegalmente por el DAS.
Pese a la insistencia de la gravedad de lo ocurrido, Barbosa no señaló culpables. Eso sí, explicó que llamará a interrogatorio a la exjefa de gabinete y a todos los que están involucrados en este escándalo judicial. La confirmación de interceptaciones ilegales en la historia fue el nocaut para Sarabia. Al día siguiente de las revelaciones de la Fiscalía, el presidente Petro confirmó que su mano derecha saldría de su círculo cercano, al menos mientras se adelantan las investigaciones. La noticia la confirmó el primer mandatario durante una ceremonia de ascenso de 235 hombres y mujeres al grado de subtenientes del Ejército en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova. En su elocuente discurso, que terminó mezclando la felicitación a los militares, la crisis de su gobierno y hasta temas literarios y económicos, el presidente también defendió a Laura Sarabia.
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“Sé lo que ha pasado alrededor de quien me acompañaba a casi todos estos eventos y que, en cierta forma, era mi mano derecha en mi gestión cotidiana. No [se ha] parado a pensar ni siquiera qué podría pensar una joven mujer recién parida con su primer niño. Con su primera experiencia maternal, cuando le sucede un hecho que la hace sentir en la zozobra y que reacciona dentro de la ley (…) Aquí no puede quedar ni mancha ni duda de que este gobierno no va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron. Aquí no venimos a eso”, expresó el presidente Petro, quien también aprovechó el micrófono y la atención del país para hablarle directamente al fiscal Barbosa, en otro intercambio de señalamientos que ambos llevan ya meses cruzándose y ocasionando polémica.
“Pueden investigarnos todo lo que quieran, que les ayudaremos (…) El funcionario que nos está sindicando [de interceptar ilegalmente] que investigue bien”, advirtió Petro. Sin mencionar el nombre de Francisco Barbosa, el presidente insistió en que se investiguen otros casos con la misma premura con la que actuó en el caso de Sarabia y señaló que, aunque ha pedido informes sobre asesinatos de líderes sociales, la Fiscalía no le ha contestado. “Estamos tranquilos. No tenemos ningún temor”, concluyó el primer mandatario. Barbosa no le contestó al presidente, pero su oficina de comunicaciones reveló que ordenó llamar a interrogatorio a tres patrulleros y a un intendente de la Policía, quienes se desempeñaban como analista de comunicaciones e investigadores.
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Además de los uniformados, la Fiscalía ya confirmó que llamará a Laura Sarabia y al exembajador Armando Benedetti, quien también terminó involucrado en este caso, al parecer actuando en contra de la exjefa de gabinete. El panorama judicial no es sencillo para quienes terminaron involucrados en este escándalo. No solo porque ya hay autoridades judiciales investigando, sino porque los hechos que ya se conocen y están confirmados por la Fiscalía implican delitos más allá de la interceptación ilegal de comunicaciones. Penalistas que le han seguido la pista al caso explicaron que los fiscales tienen que determinar si se cometieron al menos cuatro delitos: falsedad en documento público, escuchas ilegales, fraude procesal y prevaricato.
La responsabilidad de los implicados en el caso está por verse, al igual que el esclarecimiento de la duda que ya se planteó sobre el gobierno Petro: ¿Está “chuzando” a periodistas o líderes de oposición? Él mismo rechazó tajantemente esta posibilidad. “Este gobierno respeta los derechos humanos, no intercepta comunicaciones de magistrados, jueces, periodistas ni opositores; los cuidamos. Es un deber de la fuerza pública cuidarlos. No les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad. Somos responsables de la seguridad de nuestra propia oposición. Contra ellos no habrá nada que choque contra la Constitución (…) Habría sido terrible que desde el gobierno saliera una indicación que contradijese los objetivos por los que hemos luchado durante décadas”, aclaró el presidente.
El expediente judicial que hasta ahora arranca es de lejos el momento más crítico para el gobierno Petro en apenas 10 meses de administración, y una oportunidad inédita para el fiscal Barbosa, que ya había cazado peleas con el presidente, pero no con la magnitud de este caso. Por una razón: las anteriores peleas se habían quedado en el terreno de lo político. Pero ahora, con la evidencia de que en el caso de la exniñera de Sarabia hubo interceptaciones ilegales y, al parecer, abuso de poder, las repercusiones podrían ser penales.
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