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Dos figuras diametralmente opuestas parecen convivir en la imagen de Álvaro Uribe Vélez. Para sus seguidores se trata del político más influyente del último siglo en Colombia; el hombre que le devolvió la esperanza a un país atenazado por la barbarie guerrillera y la motosierra paramilitar; el líder carismático, arrollador y frentero que encantaba a multitudes en sus consejos comunitarios mientras fustigaba sin tregua a sus adversarios políticos; el montañero paisa, tenaz e incansable, que hablaba de “estas carnitas y estos huesitos” para referirse a sí mismo mientras llevaba las manos a su pecho, como pidiendo perdón cuando se le iba la mano; el folclórico gobernante que cargaba vírgenes en procesiones de pueblo o que despachaba órdenes desde una yegua tomando tinto. “Hijitos”, solía decir en plaza pública, con tono de patriarca, a quienes lo aclamaban con fervor cristiano.
En la otra orilla sus detractores solo ven sus sombras: el exmandatario camorrero y autoritario que fue entronizándose en el poder y que por poco logra una segunda reelección a costa del quiebre institucional de una democracia tan frágil; el caudillo que por su obsesión por acabar la subversión promovió incentivos perversos que derivaron en el escabroso capítulo de los falsos positivos –con un número que aún provoca escalofríos: 6.402–; el presidente que no tuvo empacho en ordenar un bombardeo en Ecuador, en marzo de 2008, para cobrar la cabeza del segundo hombre más importante de las FARC, “Raúl Reyes”, a riesgo de romper las relaciones con el vecino país; el curtido político al que el fantasma de las Convivir y la posterior expansión del fenómeno paramilitar todavía lo persigue con saña; el “todopoderoso” intocable al que la justicia ha tratado siempre con demasiada benevolencia. Hasta ahora.
Esas luces que parecen enceguecer a sus seguidores y esas mismas sombras que solo alcanzan a divisar sus opositores cabalgan en paralelo y sin encontrarse, como los dos extremos de la vía que conduce a El Ubérrimo, la emblemática hacienda de Uribe Vélez en Córdoba. Tirios y troyanos coinciden en todo caso, más allá de toda duda, que ninguna figura política ha dominado tanto el escenario público desde hace 30 años. Tras su condena a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, y la negativa de una medida cautelar que pretendía que el exmandatario continuara libre hasta que se resolviera su apelación, esta semana el expresidente trinó lo siguiente: “Formalizado ya como preso. Continuaré la lucha contra la naciente mordaza neocomunista”. El jueves 7 de agosto miles de uribistas salieron a las calles para expresarle su solidaridad al exmandatario.
Al margen de lo que falle el Tribunal de Bogotá en segunda instancia, lo cierto es que la relación de Álvaro Uribe Vélez con la justicia siempre ha estado marcada por los vaivenes de la pugnacidad, los desencuentros y las investigaciones. De todas había salido indemne, a pesar de que el listado de sus exfuncionarios en apuros judiciales, detenidos y condenados es largo y conocido, e incluye a exministros, exsecretarios de despacho presidencial, exdirectores del DAS y hasta su propio exjefe de seguridad en la Casa de Nariño, quien además terminó extraditado a Estados Unidos. A pesar de los escándalos que cercaron sus ocho años de gobierno, Uribe Vélez supo maniobrar con relativo éxito todas las borrascas judiciales y mantuvo su teflón político. Pero el accidentado expediente por el que acaba de ser sentenciado revivió los ecos de su confrontación histórica con la justicia.
Desde que llegó al poder, en agosto de 2002, Álvaro Uribe tuvo agrias disputas con la Rama Judicial que fueron atizándose con los años, sobre todo en su segundo mandato. Pero el blanco predilecto de sus pullas fue casi siempre el mismo: la Corte Suprema de Justicia. La misma que ordenó investigarlo en 2018, cuando ya era senador, y que le dictó medida de aseguramiento en agosto de 2020. El mismo alto tribunal que años atrás había condenado a varios funcionarios de su gobierno por soborno, espionaje o corrupción, y a influyentes congresistas de su bancada política por sus probadas alianzas con las autodefensas. En 2008, por ejemplo, en medio de una controversia pública, Uribe Vélez acusó a la Corte de estar politizada. “Hay que discutir con tesis, señor presidente de la Corte, no con los agravios que permanentemente le insinúan a usted sus patrocinadores políticos”, señaló.
Todo empezó a fracturarse en los azarosos tiempos de la parapolítica, que estalló en el segundo semestre de 2006. Desde entonces la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia procesó, capturó y condenó a más de 60 parlamentarios por sus nexos con Salvatore Mancuso, “Don Berna”, “Macaco”, “Jorge 40” y otro largo etcétera de jefes paramilitares que durante años masacraron sin piedad y llenaron de pavor a Colombia, mientras en la trasescena infiltraban al Congreso y al DAS. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Mario Uribe Escobar, primo del entonces mandatario Uribe Vélez. El coordinador de las investigaciones era el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez, quien tres lustros después sería ministro de Defensa del gobierno Petro. Sobre él cayeron todos los señalamientos de los parapolíticos acorralados que lo acusaron de fabricar testigos desde las cárceles. Nunca pudieron probarle nada, pero ese discurso caló hasta la Casa de Nariño.
Uribe Vélez comenzó a hablar de falsos testigos y arreció sus críticas contra la Corte. Todo por cuenta de José Orlando Moncada Zapata, alias “Tasmania”, un exparamilitar que fue utilizado para desacreditar al magistrado Velásquez. El complot quedó al descubierto y luego se probó que agentes del DAS se prestaron para urdir la infamia. Paralelamente, el gobierno Uribe promovió una reforma política que fue ácidamente criticada por el alto tribunal. Uribe Vélez fue más vehemente en sus críticas. “No entendemos por qué dice el señor presidente de la Corte Suprema que la reforma es para lograr la impunidad de la parapolítica. Impunidad la que había, les recuerdo al señor presidente de la Corte y a sus animadores políticos”. En medio de los ecos de las primeras capturas por parapolítica, que ya incluían a expresidentes del Senado, otro escándalo de marca mayor estalló: la yidispolítica.
En abril de 2008 la excongresista Yidis Medina confesó que en 2004 se había dejado comprar por varios funcionarios del gobierno Uribe para aprobar la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata. La Corte Suprema la condenó a ella y al excongresista Teodolindo Avendaño, de quienes dijo que actuaron movidos por prebendas burocráticas y contratos impúdicos, al tiempo que cuestionó la legalidad de la reelección. El escándalo creció como espuma, pero Uribe Vélez, obstinado a pesar de las pruebas, se defendió así: “El Gobierno Nacional persuade, no compra conciencias. El Gobierno reconoce el derecho a la participación política, pero el Gobierno no tolera corrupción”. Los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio, así como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Alberto Velásquez, terminaron condenados.
Uribe Vélez, sin embargo, no paró sus dardos contra el alto tribunal. En junio de 2008, en la cresta de la efervescencia nacional por cuenta de ese proceso y el tropel político que inmediatamente ocupó todos los titulares de las noticias, la emprendió contra la Corte durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño. “La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia aplica justicia selectiva (…) La trampa del poder del terrorismo agónico para la cual se han prestado magistrados de la Sala Penal no parece tener solución judicial”. Mientras todo ello ocurría, el DAS, la agencia de inteligencia adscrita a la Presidencia, empezó a espiar a miembros de la oposición política. En agosto de 2008 se conocieron varios memorandos del organismo de inteligencia para seguir a integrantes del Polo Democrático. El caso le costó la cabeza a María del Pilar Hurtado, entonces directora del DAS.
Pero el presidente acudió a la tesis del complot contra su gobierno. “Yo pienso que allí hubo una trampa. A quién se le ocurre, a un agente con experiencia en inteligencia, mandar una circular para investigar (a) un partido político. ¿Es torpeza o maldad? ¿Qué hay detrás de eso? Ánimo de hacerle daño al Gobierno. El que va a hacer una investigación de esas la hace calladito, no manda una circular. Primero, una investigación de esas no se puede hacer y, segundo, cuando la hacen por circular es prácticamente con el propósito de ponerle una trampa al Gobierno”. A pesar del escándalo, el DAS persistió en sus andanzas, y también espió a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Agentes de inteligencia infiltraron sus esquemas de seguridad y estuvieron al tanto de las investigaciones reservadas que llevaba el alto tribunal. La persecución tenía un único fin: enlodarlos.
La encargada de esa operación ilegal fue la detective Alba Luz Flórez, más conocida como “la Mata Hari”. Como en una operación de película, Flórez logró reclutar para su causa al jefe de seguridad del magistrado Iván Velásquez, así como a otros policías encargados de la protección de los juristas. Los convenció diciéndoles que debían serles más fiel al presidente que a sus protegidos. Pero lo más inverosímil estaba por ocurrir: “la Mata Hari” logró que dos funcionarias de servicios generales de la Corte, las mismas que les llevaban el tinto a los magistrados durante sus salas plenas, pusieran una grabadora para oírlos. Hoy se sabe que, por todos los medios, el DAS trató de desprestigiar a los magistrados del alto tribunal y a otros blancos escogidos por el organismo de inteligencia, como periodistas y ONG, a quienes rotuló como enemigos del jefe de Estado.
Sin embargo, esta operación criminal terminó al descubierto, el escándalo recordó el caso Watergate en Estados Unidos, que le costó la cabeza al presidente Richard Nixon en 1974, y “la Mata Hari” y otros detectives confesaron sus delitos. Fue sentenciada la plana mayor del DAS, incluida María del Pilar Hurtado y el hombre detrás del poder del uribismo en la Casa de Nariño: Bernardo Moreno. Ya entonces Jorge Noguera Cotes, otro exdirector del DAS del gobierno Uribe, estaba en prisión por sus alianzas con las autodefensas, la persecución y desprestigio que desataron contra organizaciones sociales y por el crimen del profesor Alfredo Correa de Andréis. El 18 de agosto de 2011, un año después de haber salido de la Presidencia, Álvaro Uribe Vélez rindió una declaración en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, que investigaba el espionaje a la Corte.
“Jamás de los jamases me ha pasado a mí por la mente ordenar una persecución a un periodista, a una ONG. Yo combato con las armas sobre la mesa. Ahí hay un hecho muy grave: pusieron una grabadora en la Corte Suprema de Justicia. Yo hago una pregunta: ¿Qué interés tenía el Gobierno nuestro de poner esa grabadora?”, sostuvo. Las denuncias contra Álvaro Uribe y su familia protagonizaron el final de su segundo gobierno. En particular contra su hijo Tomás Uribe, por sus negocios particulares. El 29 de julio de 2010, con sus hijos detrás suyo, Uribe dio una rueda de prensa en Palacio. “Quiero decir bajo la gravedad del juramento a mis compatriotas que estos hijos míos no han intervenido en nombramientos, contratos, en decisiones del Estado”. El saliente mandatario añadió que todo se trataba de infamias que urdían sus opositores, “dando lugar a tramitar rencores a través de la justicia”.
Pese a los escándalos, Álvaro Uribe terminó su segundo gobierno con una popularidad enorme y “una encrucijada en el alma”, tal como él mismo señaló, porque se vio frustrada su intención de un tercer mandato consecutivo. La Corte Constitucional se lo impidió. De mala gana tuvo que endosarle sus votos a su exministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien finalmente lo sucedió en agosto de 2010. El verdadero candidato de Uribe era su exministro Andrés Felipe Arias, pero este había quedado por fuera de todo chance político tras haber perdido en la consulta conservadora con Noemí Sanín. Años después Arias fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. De vuelta a Uribe Vélez, su relación con Santos se avinagró muy pronto con ocasión del proceso de paz con las FARC. En 2014, para hacerle contrapeso a Santos, Uribe Vélez volvió al Congreso.
Lo demás es historia conocida. En septiembre de ese año, tras un encendido debate sobre los supuestos nexos de Uribe con el paramilitarismo, que impulsó el senador Iván Cepeda, el expresidente amplió su denuncia contra el parlamentario de izquierda y lo acusó de los delitos de calumnia y falso testimonio. En 2018, sin embargo, el caso dio un giro radical: la Corte Suprema archivó esa denuncia en favor de Cepeda y, en cambio, llamó a indagatoria a Uribe. El exmandatario volvió a emprenderla contra el alto tribunal, habló de presión mediática y se quejó de que “se administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos”. Fue la génesis del accidentado proceso penal que acaba de fallar la justicia en primera instancia. Más allá de su decisión, esta cronología sobre los desencuentros entre Álvaro Uribe y la administración de justicia hoy tiene más relevancia que nunca.
Los otros procesos
En 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le envió a la Fiscalía tres expedientes en los que aparece mencionado Álvaro Uribe Vélez en su calidad de gobernador de Antioquia, cargó que ocupó entre 1995 y 1997. En particular, se le indaga por varias masacres perpetradas por las autodefensas durante su administración en los municipios de Ituango y San Roque, y por el crimen del abogado Jesús María Valle. Este último denunció antes de ser asesinado cómo grupos paramilitares estaban asolando a la población civil en los corregimientos de El Aro y La Granja, en Ituango, de donde era oriundo.
Una de las evidencias que le enrostran sus adversarios políticos a Álvaro Uribe es que su secretario de Gobierno en aquella época habría sido el enlace de esos ejércitos criminales con el Gobierno. Se trata de Pedro Juan Moreno, quien ha sido señalado, entre otros, por el exjefe de las autodefensas Salvatore Mancuso de ser un aliado de su organización, y quien falleció en un accidente aéreo en 2006. El exmandatario siempre ha reivindicado su inocencia.
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Por Juan David Laverde Palma
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