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Por segunda vez en 2024, el Gobierno Nacional decretó la situación de desastre nacional ante la magnitud de la emergencia climática durante la temporada de lluvias que, en los últimos dos meses, según cifras preliminares de la UNGRD, ha afectado a 186 municipios en 27 departamentos del país, dejando a cientos de miles de familias damnificadas.
“Por lo que ha acontecido en los últimos días, se declara situación de desastre en todo el país en virtud de la variabilidad climática que aumentó la vulnerabilidad en los territorios. Así, podremos trasladar recursos de la nación a las regiones que están siendo víctimas climáticas”, indicó el presidente Gustavo Petro desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde se adelantó la reunión de alto nivel.
Esta decisión se tomó tras una reunión de más de cuatro horas entre Petro y sus ministros, donde determinaron las opciones del Ejecutivo para actuar ante los llamados de los gobiernos municipales y departamentales, que pidieron ayuda urgente, pues sus capacidades son insuficientes para atender las emergencias.
La declaratoria de la situación de desastre natural, que fue aprobada por el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo, integrado por los ministros, altos funcionarios y el jefe de Estado, da la posibilidad de movilizar recursos presupuestales de las entidades para responder ante las inundaciones, los deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos y otras emergencias que se registran en el país. Estos serán utilizados para la fase de respuesta y la rehabilitación de los territorios.
No obstante, la situación financiera de la nación no es la mejor, por lo que al finalizar la reunión no se logró acordar un monto. Este se dará a conocer en los próximos días, así como en qué obras se priorizará.
Uno de los departamentos más críticos es el Chocó, donde inundaciones y desbordamientos de ríos han afectado a más de 30.000 familias y arrasado cientos de viviendas. Por esta situación, la gobernadora, Nubia Carolina Córdoba, declaró la calamidad pública departamental.
Una de las escenas más dramáticas de la situación en el departamento ocurrió en la zona rural del municipio de Bojayá, en donde una creciente súbita arrasó todas las viviendas de una comunidad en el corregimiento de El Salto. “Todo pasó muy rápido: cuando empezamos a recoger nuestras cosas ya el agua estaba dentro de la comunidad. Tuvimos grandes pérdidas: nuestras casas, nuestros animales y nuestros cultivos”, contó una las damnificadas por esta emergencia.
A la situación que se enfrenta en el Chocó se suman las emergencias que se registran en La Guajira, que decretó la calamidad pública por lluvias el pasado sábado; en Antioquia, que tiene más de 80 municipios en alerta por deslizamiento, y en Santander, donde el desbordamiento de una quebrada dejó una persona muerta.
De esta manera, la medida aplica para todo el territorio nacional, pero el presidente Petro aclaró que se priorizará para la atención de las emergencias en el Chocó y en la Alta Guajira, a causa de las lluvias. En Bogotá se hará lo propio, pero por el desabastecimiento de agua potable en el Distrito.
“En este momento hay afectaciones en todo el país, pero el presidente ha insistido en el tema de garantizar el agua potable en la capital del país. Somos respetuosos de la autonomía de la administración de la ciudad, por lo que es urgente hacer una reunión con el alcalde Carlos Fernando Galán para abordar futuras acciones”, indicó el director de la UNGRD, Carlos Carillo.
Uno de los puntos claves de la declaratoria de situación de desastre es la movilización de recursos para atender las emergencias y rehabilitar los territorios. Al cierre de esta edición, funcionarios del Gobierno nacional estaban en reuniones extraordinarias para definir los montos que aportará cada sector con el fin de atender las emergencias.
“En los próximos días se notificará el plan de inversiones nacionales en los tres puntos priorizados y otras regiones en las que también tenemos emergencias”, precisó el presidente Gustavo Petro.
Se estima, según la UNGRD, que este monto supere los $700.000 millones, que es el déficit que ha reportado la entidad para atender las emergencias en lo que queda de 2024.
Por otra parte, sobre la cuestión de si se realizaron las acciones preventivas suficientes para la temporada de lluvias, Carillo aseguró que la responsabilidad por la emergencia es tanto de gobiernos pasados como de la administración actual.
“Llevamos dos años en el poder, por lo que la responsabilidad también atañe a este gobierno. Aun así, queremos resaltar que se han hecho obras de mitigación, como la implementada en Nuquí, que están contribuyendo a controlar las inundaciones”.
De acuerdo con los pronósticos, del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se espera que la temporada de lluvias se extienda hasta diciembre, por lo que la atención de emergencias continuará en las próximas semanas.
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Por Fernán Fortich
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