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A finales de agosto de 2022, un buque atunero de bandera venezolana, llamado Taurus I, fue visto pescando cerca de Bahía Solano, en el Pacífico colombiano, en una zona donde está restringida la pesca industrial. Además de que no podía pescar allí, su presencia fue aún más impactante, pues, con la difusión de videos por redes sociales, se supo que varios delfines estaban atrapados en sus redes de cerco.
La escena se repite con frecuencia en esa actividad, que se realiza en Colombia desde la década de los 80. Cuando el barco rodea la mancha de atún con sus redes de varios kilómetros, atrapa todo lo que se encuentre allí, incluidos delfines, tortugas, rayas, tiburones y peces que no tienen interés comercial.
Como explicó Juan Manuel Díaz, doctor en biología y asesor científico de la Fundación Marviva, “aunque los atunes son peces depredadores, pelágicos y que nadan muy rápido, tienen ciertas limitaciones para cazar. Los delfines son más hábiles encontrando presas con su radar y sistema de ecolocación, entonces se benefician el uno del otro. Por eso es habitual encontrarlos juntos”.
Desde hace años se han impulsado acuerdos de organizaciones internacionales y regionales, como la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), para prevenir y reducir la pesca incidental de otras especies. Lo diferente esta vez fue que la pesca, que usualmente se hace en mar abierto durante meses, donde el control es más difícil, se presentó en una zona en la que las comunidades llevan décadas exigiendo que solo se haga pesca artesanal. Por eso, tras las denuncias de los habitantes de la región, la Dirección General Marítima (DIMAR) le pidió a la embarcación regresar al puerto de Buenaventura para iniciar el proceso de investigación e imponer una posible sanción.
Sin embargo, a la medianoche del 5 de septiembre, con la embarcación ya anclada en el puerto de Buenaventura, se incendió y naufragó en extrañas circunstancias. Los 29 tripulantes que estaban a bordo (cinco colombianos y el resto extranjeros) fueron rescatados por los guardacostas de la Armada, pero la embarcación cargada con más de 40.000 toneladas de combustible y 320 toneladas de atún de aleta amarilla (Thunnus albacares) se hundió en el lecho marino.
Dos años después, aún se desconocen las causas del siniestro y las investigaciones avanzan a paso lento. Tampoco se han efectuado sanciones por pescar en zonas restringidas y, hasta ahora, se está finalizando el procedimiento para reflotar el Taurus I. El Espectador conoció que, tras la detención, la inspección a la embarcación establecía, por lo menos, otras 13 deficiencias. Entre ellas, certificados de la tripulación, mantenimiento del barco y los equipos, y deficiencias operacionales.
La empresa colombiana que cobijaba el permiso para que el Taurus I pescara en aguas nacionales era Mar Atún S. A. S, que pagó $239 millones por la patente de pesca ante la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura (AUNAP).
¿Qué ha pasado en dos años?
La normativa en Colombia establece que los capitanes de puerto son las personas competentes para adelantar las investigaciones por siniestros marinos o asuntos como pesca ilegal en primera instancia. Por eso, tras lo ocurrido entre agosto y septiembre de 2022, la capitanía del puerto de Bahía Solano ordenó la apertura de una investigación administrativa por “la presunta violación a las normas de la marina mercante (pescar en zonas no permitidas) en contra del capitán y el armador de la embarcación, pero no de la empresa con el permiso. De igual forma, la capitanía de Puerto de Buenaventura ordenó abrir otra investigación jurisdiccional por el siniestro marítimo (el incendio).
Dos años después, el avance en las investigaciones es lento. La que busca resolver las causas del incendio se encontraba, el 27 de agosto de este año, en instrucción en primera instancia. La semana pasada, la DIMAR aseguró a este diario que está en alegatos de conclusión de primera instancia. La investigación administrativa por posible violación a las normas de pesca ha tenido la misma suerte y, según la autoridad marítima, también se encuentra en etapa de alegatos.
Aunque la DIMAR se ha pronunciado con varios comunicados de prensa sobre la operación de salvataje y la extracción de la embarcación Taurus I, que estaba a 12 metros de profundidad, asegurando que “verifica y supervisa que se lleve a cabo de manera segura sin afectar el medio marino”, no se ha referido al avance de las investigaciones. “No es posible a la fecha establecer conclusiones sobre ningún aspecto”, aseguró a El Espectador.
La operación de salvataje, adelantada por la empresa colombiana Servicios Portuarios (SerPort) S. A. S. y la compañía internacional Resolve Marine, inició el pasado 28 de agosto. Según la DIMAR, el retraso de dos años para ponerla en marcha tuvo que ver con “la apertura de una convocatoria pública para la contratación de una compañía especializada”, que informó a la apoderada judicial del capitán y al armador de la embarcación. El 5 de noviembre revelaron que “iniciaba la etapa final de salvataje” y que el buque será llevado a un depósito de chatarra en Buenaventura.
Las tareas de salvamento involucraron a más de 25 personas, una embarcación con grúa sobre orugas, un remolcador local, un barco de traslado de tripulación, un barco de trabajo pequeño, una barcaza con amarre y una decena de herramientas submarinas, entre esas, tres remolcadores de aire.
Se conoce que la compañía Resolve Marine adelantó los trabajos de extracción del combustible que había en la embarcación y que una inspección subacuática determinó que, en el interior de una de las bodegas, se encontraban residuos de pescado y material fangoso. Sin embargo, personas cercanas al proceso, que prefirieron mantener su nombre en reserva, aseguran que solo se logró extraer lo de 12 de los 14 tanques de combustible, y que solo contenían 10 % de combustible.
Según la AUNAP, dos de las 320 toneladas de atún que tenía la embarcación fueron decomisadas preventivamente por ser “presuntamente extraídas dentro de la zona especial de manejo pesquero, transgrediendo presuntamente la normatividad pesquera”. Como aseguraron a este diario, si la investigación demuestra que el Taurus I realizó la actividad de pesca en la zona especial, podría enfrentarse a una multa, suspensión temporal o revocatoria del permiso, autorización, concesión o patente de pesca, y el decomiso de la embarcación y equipos o productos. Pero la embarcación quedó destruida. “Tanto la investigación administrativa, como las posibles sanciones que dieren lugar, no están sujetas a la existencia física de la embarcación, pues la investigación se vincula a las personas jurídicas y naturales del caso”, aclararon.
Por su parte, la DIMAR dijo que las responsabilidades por los hechos, así como posibles sanciones, solo se determinarán una vez finalizadas las investigaciones y se profiera la decisión en primera instancia.
Las comunidades locales de Bahía Solano aseguran que no es la primera vez que un barco de pesca industrial utiliza las zonas cerca de su costa, donde está prohibida esa actividad, para surtirse. Por eso, iniciaron hace décadas un esfuerzo por ampliar la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal y la Zona Especial de Manejo Pesquero, donde estaba pescando el Taurus I cuando lo encontraron. Así, afirman, ese espacio podría resguardar la biodiversidad marina de actividades más intensas y garantizar su soberanía alimentaria. Además, con la propuesta de ampliación que acordaron, explican, sería más fácil controlar que los industriales no ingresen a sus aguas.
Aunque la Aunap se había comprometido con las comunidades y pescadores artesanales a establecer la ampliación, como contamos en este artículo, los barcos industriales de camarón pusieron freno al proceso.
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