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Claudia Patricia Morales ha vendido tintos los últimos 30 años de su vida, en Suba. Entre esquina y esquina transcurren sus días, ejerciendo la actividad con la que sacó adelante a nueve hijos. Lo más doloroso para ella y la razón por la que insiste en contar su historia es que a diario, cuando cruza por la cuadra en la que un Policía mató a su hija, en mayo de 2025, la imagen vuelve a su cabeza. Lo dice sentada en la Casa de la Memoria de Suba, rodeada de una galería que exhibe en cuadros grandes las foto de jóvenes bogotanos que murieron en casos que involucran a las autoridades. Allí colgarán la foto de Angie Alejandra Rodríguez, a un año de su muerte.
CAI Gaitana
En medio de los actos de conmemoración y exigencia de justicia por la muerte de Angie, el docente Fabián Ramírez explica que la Casa de la Memoria es un ejercicio de reparación “del Estado hacia las familias víctimas y las organizaciones sociales, que perdieron seres queridos en el contexto de las protestas del 9, 10 y 11 de septiembre del 2020 y del estallido social en el 2021. Menciona a Julieth Ramírez, que cayó en el CAI de La Gaitana; Angie Baquero y Freddy Madeja, en el CAI de Aures; Germán Puente, en el CAI del Rincón, y Cristian Castillo, asesinado diagonal al Portal de Suba, en el 2021.
“Casa Memoria funciona hace tres años y realmente no hemos cambiado la percepción de cómo operan los agentes que trabajan en el CAI La Gaitana. La semana pasada estábamos en una reunión con organizaciones sociales y quienes hacían la investigación identificaban que este CAI, a nivel distrital e incluso nacional —por encima de zonas de conflicto armado—, es uno de los que más denuncias recibe por violación de derechos humanos”.
Y es que este sector de Suba no solo puso cinco víctimas jóvenes en el estallido social, que esperan justicia. Hoy sigue acumulando denuncias. Este año, según las denuncias que recibe la casa, varios jóvenes han reportado golpizas, uso “exacerbado” de la fuerza y hasta casos en los que habrían obligado a ciudadanos a desbloquear sus celulares y transferir dinero. Precisamente, al CAI La Gaitana estaba adscrito el patrullero involucrado en la muerte de Angie Rodríguez, de 27 años.
Óscar Ramírez, abogado del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, representante judicial de la familia de Angie Rodríguez señaló: “A un año del homicidio, denunciamos un alto nivel de impunidad y encubrimiento de las instituciones del Estado. La Fiscalía, desde los primeros momentos, logró establecer la identidad del patrullero, quien había disparado de manera arbitraria contra Angie”.
Búsqueda de justicia
La familia describe a Angie como una mujer trabajadora y unida a su mamá. Trabajó en restaurantes y panaderías hasta que se formó como lashista, para sostener a sus dos hijos, que hoy tienen 2 y 10 años. Los hermanos cuentan que crecieron “todos juntos” en una casa humilde de Suba, donde, pese a las dificultades, nunca faltó nada.
Lo último que Claudia Patricia Morales supo de su hija Angie la noche del 21 de mayo de 2025 fue que estaba compartiendo con unos amigos en Villa María, en Suba. “Voy a tomarme unas politas con unos amigos y en un ratico llego”, le dijo por teléfono. Horas después, recibió una llamada para ir al Hospital de Suba, donde, denuncia, clasificaron a la joven como “habitante de calle”. Además, las horas de su ingreso al hospital, donde confirmaron su muerte, no coincidían.
Aunque la versión de las autoridades fue que Angie iba a agredir al patrullero con un cuchillo, eso no se pudo demostrar. Lo que está demostrado, dijo el abogado, es que la mujer había muerto tras recibir un disparo por la espalda. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía; el relato de la familia, y de organizaciones de derechos humanos, el patrullero le habría disparado cuatro veces cuando ella corría y luego la habría obligado a caminar, sin prestarle auxilio inmediato.
Las pruebas que se tienen en contra del patrullero son los testimonios de testigos de los disparos; el informe de Medicina Legal, que establecen que el disparo entró por la espalda, y unos videos, fotogramas y análisis balísticos, que permiten establecer que Angie no se encontraba agrediendo de manera latente al policía, sino que se encontraba huyendo del policía. “La fiscalía tiene ese cuadro a cuadro y no entendemos por qué no actúan. Siempre dilatan”, añadió Claudia.
Karen Rodríguez, conocida en el territorio como la profe Karen y una de las personas que lidera la Casa Memoria, señaló que, según el trabajo en la casa, “ha primado la impunidad en la mayoría de los casos. Se dice que la justicia camina a paso de tortuga y, efectivamente, estos procesos demandan años. Nosotros tenemos aquí procesos que apenas han tenido una primera fase en términos disciplinarios”.
Según le informaron a este diario fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, el patrullero señalado de dispararle a Angie Alejandra Rodríguez ya no estaría vinculado a la institución y habría sido retirado del cargo. La versión contrasta con lo manifestado por la representación legal de la familia, que asegura que el uniformado se habría retirado recientemente de manera voluntaria y que, hasta ahora, no han recibido una confirmación oficial por parte de la Policía pese a las solicitudes formales realizadas dentro del proceso.
De acuerdo con el informe “Bolillo, Dios y Patria II” de la organización Temblores ONG, entre 2020 y 2022, la Fiscalía abrió solo 45 procesos penales por hechos de violencia homicida presuntamente cometidos por miembros de la Policía Nacional, pese a que Medicina Legal reportó 352 casos de muertes, en los que estarían involucrados uniformados durante ese mismo periodo. De esos 45 expedientes, el 75,6 % se investigan como homicidio simple; el 17,8 % como homicidio agravado, y el 2,2 % en cada una de las siguientes categorías: feminicidio, homicidio preterintencional y homicidio culposo agravado.
El informe agrega que, a corte del 19 de julio de 2023, las investigaciones apenas mostraban avances: solo el 11,1 % habían llegado a imputación formal ante un juez, el 6,7 % contaban con acusación, y ninguna había alcanzado sentencia ejecutoriada. En consecuencia, el 88,9 % restante permanece en la impunidad.
La noche del 26 de mayo se realizó un acto de memoria por Angie Alejandra y las demás víctimas que aún esperan justicia por hechos que involucran a la autoridad. Mientras siguen los llamados por celeridad, a Claudia Patricia todavía siente que la invade la sensación de que, estando en su puesto de tintos, su hija vuelve a aparecer como lo hacía antes. “La recuerdo como lo que era, una mujer alegre, una mamá común y corriente, sin adornos, sin arandelas. Una mamá, una mujer joven a quien la Policía le quitó la vida”.
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Por Juan Camilo Parra
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