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El gobierno del presidente Gustavo Petro radicará en el Congreso la ley de tarifas, iniciativa con la que esta administración busca hacer cambios en las tarifas de energía para beneficiar a los usuarios. El Ministerio de Minas y Energía aún no ha confirmado si el proyecto llegará al Legislativo este lunes 11 de agosto, como anunció Edwin Palma, jefe de la cartera, el mes pasado en un foro en Bogotá, pero lo cierto es que hay una alta expectativa en el Legislativo.
Hasta el viernes, el Ministerio aún estaba definiendo detalles claves, según fuentes cercanas de la cartera. La iniciativa del Gobierno, según el borrador que socializó la entidad, incluye medidas para la opción tarifaria, ajustes en los subsidios de energía y cambios en los expertos que conforman la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). También se espera que el proyecto incorpore modificaciones para el cargo por confiabilidad. Este último será el punto más polémico.
Fuentes consultadas por este diario aseguraron que quizás el proyecto iniciará su trámite legislativo en la Comisión Quinta, probablemente en la Cámara de Representantes, ya que en esa corporación el Gobierno tiene un presidente aliado (Erik Velasco, del Pacto Histórico), mientras que en el Senado debe enfrentarse a un opositor (Edgar Díaz, de Cambio Radical). La administración de Petro está haciendo cálculos políticos para determinar el mejor camino.
Palma aseguró que la iniciativa tendrá en cuenta a los usuarios, trabajadores, expertos del sector y congresistas. El Ministerio realizó foros en varias regiones del país para contarles a los usuarios los cambios planeados y escuchar sus opiniones. Incluso, la cartera, que en este Gobierno no ha tenido buena relación con los privados, se reunió con los gremios la semana pasada. “El nuevo marco legal que presentaremos buscará, entre otras cosas, optimizar la estructura de costos, incentivar el uso eficiente de la energía y hacer más transparente la formación de tarifas”, dijo el ministro a finales de julio.
El cargo por confiabilidad
Uno de los puntos más álgidos del debate será el de los cambios en el cargo por confiabilidad. Aquí hay que aclarar que este tema no está en el borrador del proyecto de ley, pero el ministro Palma ha insistido en la necesidad de hacer modificaciones (primero habló de eliminarlo, pero esa idea ya no está sobre la mesa). Fuentes cercanas a la cartera aseguraron que, al menos hasta el viernes de la semana pasada, la administración de Petro seguía analizando las opciones para incluir el tema.
Carlos Arturo Cárdenas, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (ACIEM), explica que el cargo por confiabilidad busca que los usuarios tengan garantizado el servicio de manera segura y continua. Para eso, se paga un valor a las generadoras para que estén disponibles incluso en condiciones críticas (como un fenómeno de El Niño). Según el Minminas, los usuarios han pagado $92 billones por este concepto desde 2006.
“El cargo por confiabilidad tiene un impacto, más o menos, del 10 % del costo unitario. Esta es una ganancia exorbitante. Esto no pasa siempre, depende de la demanda (…) Tenemos que corregirlo. Eso es un defecto del mercado”, dijo Palma la semana pasada en la Comisión Quinta del Senado.
La cartera habló de seis opciones para modificar el cargo por confiabilidad, incluyendo establecer criterios para priorizar la entrada de nuevas energías limpias, diferenciar la remuneración por tecnología y antigüedad, enfocar el cargo a recursos que realmente puedan respaldar el sistema en momentos de escasez; establecer un máximo de tiempo de participación, evitando pagos indefinidos a tecnologías que ya han recuperado su inversión; implementar los ajustes de forma progresiva y separar la variable asociada a la confiabilidad de la fórmula tarifaria.
Esteban Quintana, CEO de Klik Energy y experto en el tema, asegura que hay un malentendido en asumir que el cargo por confiabilidad es el pago por un activo, pues en realidad es “una especie de seguro colectivo que protege contra apagones y reconoce la obligación esencial de suministrar energía cuando el sistema se encuentra en riesgo”. Para Quintana, el mecanismo no es un sobrecosto, sino la garantía que ha evitado apagones en Colombia.
En su opinión, el problema de fondo de los precios no se resuelve eliminando el cargo. La prioridad debería ser, según Quintana, agilizar trámites para incorporar nueva generación y ampliar los programas de respuesta de la demanda (como incentivos para ahorrar energía). Para el presidente de ACIEM, el asunto de fondo no es el cargo, sino la falta de revisión y control. Por eso sugiere una revisión de a quiénes sí les debe aplicar, a quiénes no y en qué proporción.
Los puntos más polémicos
La ley de tarifas busca soluciones para la opción tarifaria, un mecanismo que se aplicó en pandemia y en el “pacto tarifario” para evitar incrementos bruscos en las facturas. El problema es que, aunque los saldos se distribuyeron en un mayor período de tiempo, cuando empezaron a llegar los cobros, los usuarios sintieron un impacto en su bolsillo, en especial porque se sumaron otros incrementos que impulsaron los precios de la energía.
El presidente Petro prometió el año pasado que el Gobierno asumiría la deuda de los estratos 1, 2 y 3. La medida se incluyó en la ley de financiamiento 2024 (en la práctica, una tributaria para financiar el presupuesto), pero ese proyecto se hundió y la promesa quedó en el aire. Ahora, con la ley de tarifas, según el borrador, los usuarios de estratos 4, 5, 6 y no residenciales regulados asumirían los saldos pendientes de la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3.
La principal duda que genera la propuesta del Gobierno es qué tan pertinente es asignarle la deuda a los usuarios de estratos más altos, en especial porque los de estratos 5, 6 y comercial e industrial regulados ya están pagando un aporte del 20 % para cubrir los subsidios que llegan a los estratos 1, 2 y 3.
Con corte a junio faltaba pagar $2,9 billones de la opción tarifaria; $2,5 billones corresponden a usuarios de estratos 1, 2 y 3. En este punto, según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), el 30 % de los usuarios residenciales ya acabaron de pagar, incluyendo Bogotá, Cali y Cauca.
También hay que tener en cuenta que de los $2,5 billones pendientes de opción tarifaria de estratos 1, 2 y 3, según Camilo Manzur, director de Asocodis, cerca de $500.000 millones corresponden a subsidios de energía. Entonces, en la práctica, los estratos altos terminarían poniendo plata que debe poner el Gobierno.
La ley de tarifas también propone modificar la asignación de los subsidios que mes a mes reciben los usuarios de estratos 1, 2 y 3 en las facturas. El borrador dice que el Ministerio de Minas y Energía expedirá la reglamentación para evaluar la continuidad del subsidio en los hogares que superen el consumo mensual promedio de los estratos no subsidiados. Además, cuando el consumo promedio del usuario supere el doble del de subsistencia (la cantidad mínima requerida para cubrir las necesidades de un hogar), se reasignará el estrato.
Al final, esto implica que usuarios de estratos 1, 2 y 3 podrían perder el subsidio dependiendo de cuánto consuman. Aunque de entrada suena bien la focalización, porque evitaría que los recursos lleguen a personas que no los necesitan y se tendría que destinar menos dinero del presupuesto, los expertos advierten que se debe establecer la metodología cuidadosamente para evitar excluir a personas que sí necesitan ese apoyo económico. Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en el Caribe, la medida iría en “detrimento de la mayoría del pueblo colombiano”.
Otro de los puntos polémicos es el cambio en la CREG que propone el Gobierno: el anteproyecto de la ley de tarifas plantea pasar de seis expertos comisionados a cinco y bajar la experiencia mínima requerida de seis a cinco años. Además, el Gobierno quiere incluir a un representante de la academia, un representante de los usuarios y un representante de los trabajadores. Este es un debate que lleva tres años. En múltiples ocasiones, el presidente Petro ha expresado su molestia con esta Comisión y con los requisitos necesarios para elegir a los expertos que la conforman, mientras el sector defiende que se debe proteger el carácter técnico del regulador.
Los intentos de cambiar la CREG generan descontento entre los expertos del sector, quienes afirman que los técnicos deben tomar las decisiones técnicas y vitales para mantener al país encendido. “Guardando las proporciones, es como si propusieran que en la junta directiva del Banco de la República se incluyera a usuarios con créditos”, dice Manzur. El Gobierno quiere que los usuarios sean el eje central de las decisiones, un propósito loable, pero los expertos sugieren buscar alternativas, como fortalecer la participación de las ligas de usuarios.
Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) y excomisionada de la CREG, señaló hace unas semanas que, si el Gobierno quiere más participación de los usuarios, hay otros mecanismos: por ejemplo, que tengan acceso a los comités claves y a la información que necesitan para hacer seguimiento, análisis y verificación de lo que está pasando con las tarifas.
Entre los cambios que busca el Gobierno también está garantizar que el pago de los servicios de energía sea independiente de otros cobros; establecer, a través de la CREG, esquemas tarifarios diferenciales para reducir y estabilizar las tarifas que pagan los usuarios más vulnerables y que las fórmulas tarifarias se revisen y ajusten mínimo cada cinco años.
¿Bajarán las tarifas?
Los expertos consultados por este diario dudan (algunos dan un no rotundo) de que la ley realmente logre bajar las tarifas de energía en el país a corto plazo.
Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), explica que varios de los artículos dan lineamientos a la CREG para que ajuste o modifique las metodologías tarifarias de algunos segmentos de la cadena, un tema que puede tardar hasta dos años, de ahí que las tarifas no bajarían en el corto plazo. De hecho, algunos sostienen que no es necesario que todos los cambios que propone el Gobierno pasen por el Congreso, pues se pueden hacer vía regulación, de la que se encarga la CREG. Manzur asegura que las leyes son rígidas, pero los mercados son dinámicos, de ahí que para el gremio lo más adecuado sería que la Comisión, después de un análisis riguroso, realice los cambios pertinentes.
Julio César Vera, experto en el sector y presidente de Xua Energy, dice que son bienvenidas todas las opciones que busquen un mercado más eficiente y competitivo en materia de energía, pero reconoce que no necesariamente acudir a una ley es la solución. En especial porque el sistema actual permite que con decisiones de regulación y política pública del Gobierno “se promuevan las señales de expansión y eficiencia que se requieren a corto, mediano y largo plazo”. Incluso coincide con otros expertos en que algunas de las medidas de la ley incrementarían los costos para algunos sectores, un tema del que hablaremos más adelante.
En esa misma línea, Cárdenas, de ACIEM, defiende que la revisión del modelo tarifario es necesaria, pero cree que el camino propuesto por el Gobierno no es el correcto. Lo ideal, para Cárdenas, sería realizar un análisis de cada uno de los componentes de la tarifa para determinar en cuáles se necesitan cambios para tener mayor eficiencia.
“Hay que cambiar la fórmula, para incentivar los proyectos de energías renovables, la eficiencia energética, el ahorro de los usuarios. Es necesario sectorizar los sistemas eléctricos en Colombia. El modelo de tarifa puede ser el mismo en todas las regiones, pero con incentivos territoriales”, aseguró Cárdenas.
Por ahora, expertos, gremios y ligas de usuarios esperan que el Gobierno incluya en la ley de tarifas que radicará en el Congreso los comentarios que recibió durante la socialización. Todos estos elementos harán parte del debate que se avecina.
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