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El aumento exponencial de pagos sin validar del programa Ingreso Mínimo Garantizado —que pasó de 20.400 en enero a más de 232.000 en marzo— encendió las alarmas en el Concejo de Bogotá. Cabildantes de la ciudad denuncian una presunta pérdida de trazabilidad en 329.000 ayudas sociales o subsidios en Bogotá, un escenario que la administración de Carlos Fernando Galán desmiente, al asegurar que los fondos están blindados bajo un esquema de retornos automáticos. Sin embargo, la controversia escala de cara a una transición inminente: la adopción del Registro Universal de Ingresos (RUI) que rediseñará el mapa de la pobreza en la capital.
El debate alrededor del tema lo lideró el concejal Rolando González (Cambio Radical), quien insiste en que el cruce de bases de datos actual evidencia fallas que ponen en duda si las ayudas llegan a la población correcta: los más vulnerables. Por otro lado, las secretarías de Integración Social y de Planeación argumentan que las anomalías reportadas corresponden a la operación financiera normal de los bancos y operadores, al tiempo que revelan el cronograma del piloto que se ejecuta con el Gobierno Nacional, para cambiar la forma como se mide la pobreza.
La controversia escaló en la plenaria del Concejo, debido a las dudas sobre la capacidad técnica de la administración para coordinar las métricas de vulnerabilidad, de cara a la reforma del sistema de asignaciones. Según la denuncia de González, la aparente ausencia de un histórico transparente sobre los giros y asignaciones de estas 329.000 ayudas sociales plantea un escenario donde se dificulta auditar a los destinatarios reales de los fondos públicos.
La principal preocupación radica en que el paso inminente al RUI podría profundizar los errores de focalización si la Alcaldía no hace lo necesario por blindar primero los sistemas de identificación de beneficiarios. “No podemos permitir que en un proceso de transición tan delicado como el paso del Sisbén al RUI, miles de familias vulnerables queden por fuera de la cobertura, debido a los problemas de trazabilidad que la administración conoce”, dice el concejal, exigiendo un plan de contingencia a las secretarías encargadas de la política social.
Las cifras publicadas por el cabildante dan cuenta de que los pagos del programa Ingreso Mínimo Garantizado (que entrega transferencias monetarias a los hogares en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad) pendientes de validación han ido aumentando: en enero fueron 20.401; en febrero fueron 75.974 y para marzo la cifra aumentó exponencialmente, llegando a los 232.603 pagos sin validar.
¿Qué pasa con los pagos rechazados?
Frente a la teoría del bache presupuestal expuesta en el Cabildo, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) puso sobre la mesa las cifras operativas de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), señalando que el reporte de transacciones “pendientes” o “rechazadas” no es un indicador de desvío, sino una “constante del flujo financiero regular coordinado con la Secretaría Distrital de Hacienda”.
La entidad desglosó que los pagos mensuales a los más de 320.000 beneficiarios vigentes se dividen en dos modalidades, con dinámicas transaccionales totalmente opuestas:
- Abono a cuenta (81% de los beneficiarios): Se ejecuta de forma digital. En este canal, la trazabilidad es casi total, consolidando una tasa de éxito superior al 95% cada mes. El bajo porcentaje de rechazo responde únicamente a novedades del usuario, como el cambio o bloqueo de sus billeteras móviles.
- Giro por corresponsal (19% de los beneficiarios): Se realiza mediante cobro físico por ventanilla en la red Efecty. Es allí donde se concentra la fricción señalada en el debate, pues la tasa de efectividad ronda apenas el 40%. La SDIS enfatizó que este alto volumen de giros “pendientes” es un estado temporal y normal, derivado exclusivamente de que los beneficiarios no acuden a reclamar el dinero durante el mes de vigencia o tienen sus datos de contacto desactualizados.
El argumento central del Distrito para mitigar el riesgo de pérdida de fondos es el ciclo de retorno: los operadores financieros devuelven a Hacienda el 100% de los recursos que no son cobrados en el ciclo mensual. Esos saldos se reintegran presupuestalmente y se programan para financiar nuevos pagos en los meses posteriores.
El fondo del debate: La transición obligatoria del Sisbén al RUI
El segundo punto de discordia es el impacto que tendrá la evolución del Sisbén IV hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI), regulado por el Decreto Nacional 875 de 2024 y que se espera que empiece funciones formalmente el segundo semestre de 2026. Mientras en el espectro técnico y político se teme un traumatismo masivo en las bases de datos, la Secretaría Distrital de Planeación (SDP) defiende el cambio argumentando que el modelo histórico del Sisbén —basado en encuestas autodeclaradas por los hogares— es un sistema estático que ya no refleja la realidad económica de la ciudad.
El RUI, diseñado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), funcionará mediante el cruce permanente de las declaraciones ciudadanas con los registros administrativos de entidades públicas y privadas. Con esto, el Gobierno nacional estimará de manera observada o presuntiva los ingresos reales, manteniendo la conocida clasificación por letras (Grupos A, B, C y D).
La discusión técnica radica en los efectos de esta actualización: por un lado, se busca reducir el riesgo de asignar oferta social a personas que ya no la requieren y visibilizar a poblaciones vulnerables que nunca han tenido Sisbén; por el otro, se reconoce que la nueva clasificación provocará que algunos hogares salgan de las categorías de pobreza y otros ingresen, alterando el mapa de beneficiarios.
Bogotá como laboratorio piloto y el escudo del Registro Social
Para evaluar estos impactos antes de la publicación de la primera versión oficial del RUI, prevista para el próximo 1 de julio, Bogotá se convirtió en la única ciudad del país en realizar un ejercicio piloto con el DNP. Los pasados 5 y 19 de mayo, la Secretaría de Planeación recibió las primeras versiones preliminares del modelo nacional para medir su impacto real sobre las transferencias monetarias locales. Los hallazgos y alertas técnicas recopilados por el Distrito fueron devueltos al DNP el 22 de mayo para ajustar las fórmulas de medición.
Como mecanismo de amortiguación ante los posibles errores que deje la transición nacional, la administración distrital implementó el Registro Social de Bogotá (RSB). Este sistema propio cruza datos de 26 entidades para identificar multidimensionalmente qué ayudas recibe efectivamente cada ciudadano, sirviendo como una segunda red de seguridad.
Finalmente, el Distrito enfatizó que el RUI es un instrumento de medición neutral y no implica la suspensión inmediata de los programas actuales. Una vez se oficialicen los datos en julio, cada entidad distrital definirá de manera gradual los plazos, criterios y puntos de corte para la adopción del nuevo sistema, dejando abiertos los canales de la Red CADE, la Línea 195 y las herramientas virtuales del DNP para atender las reclamaciones ciudadanas que, con certeza, marcarán el debate social del segundo semestre del año.
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