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El reloj está corriendo para el presidente Gustavo Petro, quien desde este lunes cuenta con exactamente 80 días para rescatar dos de sus reformas en el Congreso. En realidad, los tiempos son aún más apretados. Entre este primero de abril y el 20 de junio, último día de la actual legislatura, hay 55 días hábiles para que el gobierno logre no solo que se den los debates a la reforma pensional y a la salud, sino para conseguir los votos necesarios para hacerlas una realidad. Y, como ya lo ha dejado saber, el primer mandatario no dará su brazo a torcer, como tampoco se presume que lo haga la oposición.
Las principales batallas que tendrán lugar entre abril y junio en el Congreso se libran en dos frentes: la reforma pensional y la reforma a la salud. A la primera le hace falta superar su segundo debate en la plenaria del Senado, antes de poder pasar a la Cámara; y la segunda debe tener éxito en la Comisión Séptima del Senado para luego tener su debate final en la plenaria de esa corporación. En todo caso, para no hundirse, ambas deberán terminar su trámite antes del 20 de junio, pues ambas fueron radicadas en el primer periodo de 2023, la reforma a la salud, el 13 de febrero, y la pensional, el 22 de marzo.
El pulso que en abril se intensifica dentro del Capitolio también se medirá una vez más en las calles, con las marchas que han convocado el Gobierno Nacional y la oposición con tal solo 12 días de diferencia. Mientras el gobierno Petro buscará respaldo para sus reformas el 9 de abril, día en el que se conmemoran a las víctimas del conflicto armado, la oposición convocó una movilización en rechazo a un eventual proceso constituyente el 21 de abril.
En contexto: Pulso político en las calles: Gobierno y oposición marchan con diferencia de 12 días
Al interior del Congreso, de lado y lado, las estrategias de defensa se han empezado a dibujar cada vez con más claridad. Este martes se espera que se anuncie la reforma a la salud en la Comisión que preside la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, de manera que esta pueda ser debatida este miércoles 3 de abril. Sin embargo, aún es incierto si todos los congresistas podrán votar y hacer parte de la discusión, después de la lluvia de recusaciones que se presentaron contra algunos de ellos.
Días después de que Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, firmara la ponencia de archivo de la reforma, junto con otros siete miembros de la Comisión, y así se hundiera virtualmente el proyecto, desde el Pacto Histórico se comenzaron a presentar recusaciones. El senador petrista Wilson Arias ha argumentado que compañías extranjeras, como Keralty, y otros conglomerados dueños de EPS financiaron a cinco partidos políticos en 2022, de manera que, presuntamente, este dinero habría llegado a las campañas de estos congresistas que ahora quieren hundir el proyecto de reforma.
El punto del legislador del Pacto Histórico es demostrar que sus homólogos liberales, conservadores, del Centro Democrático, de ASI y del Partido de la U tendrían un posible conflicto de interés a la hora de votar por el articulado. Hasta el momento están recusados los uribistas Josué Alirio Barrera y Honorio Miguel Henríquez y la misma Norma Hurtado. Así, ahora está en manos de la Comisión de Ética del Senado, que está conformada por 11 senadores -dos del Pacto Histórico, dos liberales, dos conservadores, uno de la U, uno de Comunes, uno de Cambio Radical, uno del Centro Democrático y “Jota Pe” Hernández, de la Alianza Verde- quiénes participarán en el debate.
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Este domingo, el Centro Democrático argumentó que las acusaciones de Arias carecen de fundamentos jurídicos y fácticos, pues, según la colectividad, Keralty está legalmente constituida en Colombia, opera dentro de la ley, y la prohibición de financiamiento a partidos políticos por parte de EPS no aplica a esa empresa, ya que la responsabilidad recae en Sanitas S.A. EPS, una entidad diferente.
Aunque Martha Peralta ha asegurado que las recusaciones no son una estrategia del Gobierno para demorar las reformas, sino un recurso que protege la investidura de los congresistas, la bancada uribista repitió en un comunicado que la intención detrás de las denuncias del Pacto es obstaculizar el archivo de la reforma. Además, también habría una recusación contra Ferney Silva, del Pacto, por haber recibido un aporte de un millón de pesos del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Sobre la mesa también está ahora una ponencia de proyecto alternativo, que presentó el pasado martes el representante por la Alianza Verde, Fabián Díaz. Sin embargo, los números siguen siendo un reto para el Gobierno dentro de la Comisión. Además de los ocho senadores que firmaron la ponencia de archivo, y la decisión que tome la Comisión Ética con respecto a algunos de ellos y que decidirá el quorum final, la congresista del partido MIRA Ana Paola Agudelo también manifestó su apoyo de archivo.
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La oposición, por su parte, ha mostrado su estrategia en la reforma pensional, que lleva más de un mes estancada en la plenaria por falta de quórum y que tiene los tiempos aún más apretados. Desde el Centro Democrático, Paloma Valencia prometió que usarán todos los mecanismos posibles para detener la reforma, incluido desbaratar el quorum para impedir la votación. Esto lo dijo el pasado 27 de febrero, después de que se descompletara el número mínimo de 53 congresistas para dar el debate, algo que ha sucedido en seis ocasiones.
Aunque en un principio se pensó que la pensional se discutiría durante esta Semana Santa, se tomó la decisión de que la sesión inédita de este martes, a la que asistieron 81 senadores, se utilizara para escuchar a diferentes actores que estarían afectados por la reforma, entre ellos, sindicatos, gremios y académicos. “Una vez más la oposición ha jugado a la dilación y esperamos que el 2 de abril, cuando venga la Pascua, demuestren al país que hay compromiso y que hay seriedad. No puede ser que después de cinco meses, se diga que todavía falta más participación”, dijo la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, cuando se tomó la decisión.
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Aun falta que algunas de las voces citadas para dar su opinión participen. Pero, de cualquier forma, los números para el Gobierno no son tan claros. En el Senado el presidente Petro cuenta con menos apoyo que en la Cámara, prueba de ello son las votaciones de las mociones de censura que enfrentaron sus ministros, Iván Velásquez (Defensa) y Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) hace un par de semanas. En el Senado, el primero tuvo 36 votos positivos y 96 negativos; en la Cámara, el segundo recibió 55 votos en contra y 28 a favor.
En el Recinto del Senado hay cuatro ponencias de la reforma pensional: el oficial, uno alternativo, que radicó Norma Hurtado, y dos de archivo, una de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, otra de la senadora de Colombia Justa Libres Lorena Ríos. La bancada de Gobierno tiene, en teoría, unos 52 votos para la ponencia positiva; mientras que las de archivo podrían tener 39. Para nadie es evidente la mayoría absoluta, pues los apoyos al oficialismo cambian dependiendo del proyecto.
Ante el estancamiento de sus reformas, el jefe de Estado propuso el pasado 12 de marzo convocar a un proceso constituyente en el país, un tema que también terminó por dilatar el debate en el Congreso de esos proyectos.
Por su parte, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se muestra confiado y ha dicho que la prioridad, más que ahondar en la idea de una asamblea constituyente, “es gastar los últimos cartuchos que tengamos para hacer el acuerdo para las reformas”. De acuerdo con el jefe de la cartera, aun hay espacio para concertar a las diversas fuerzas políticas en torno estos proyectos, así sea necesario hacerles algunos ajustes, y aseguró que con Iván Name, el presidente del Congreso, sostiene conversaciones para, precisamente, alcanzar los consensos necesarios.
La carrera contra el tiempo no es menor porque aunque las reformas podrían volver a radicarse en una nueva legislatura, para el primer mandatario estos proyectos representan una apuesta significativa de su capital político. Por esos, estos dos meses y medio se configuran como una ventana de tiempo clave para su gobernabilidad.
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