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Mauricio Pava Lugo es el abogado que defiende al presidente Gustavo Petro en el único proceso penal que avanza en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes sobre la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial. Hace dos años asumió el proceso y guardó silencio, mientras al expediente se iban sumando pruebas para defender la inocencia del primer mandatario. Ahora, hay más de 289 documentos almacenados en unas 197 gigas que, según el penalista, muestran que Petro no tiene velas en ese asunto judicial. El jurista decidió hablar con El Espectador sobre cómo avanza el proceso y dio otros detalles claves: hay un perito internacional que mostraría que no hay pruebas en contra del presidente y que las otras evidencias le permiten decir con seguridad que la campaña no se financió con fuentes ilícitas.
Pava cuida cada palabra que dice para evitar problemas políticos. No solo por tener cuidado de no entrometerse con asuntos del resorte del presidente Petro, sino también para cuidar su relación con los otros abogados que defienden al primer mandatario. Eso sí, aclara que está convencido de que al presidente no lo puede investigar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que el tema del fuero es un asunto que no puede verse como un tema personal, sino entender que cualquier decisión que se tome al respecto, va a afectar a todos los presidentes y funcionarios con fuero. Además, Pava habló sobre la defensa de la primera dama, Verónica Alcocer, y de la verdad sobre el poder que tiene como abogado cercano al gobierno actual.
Desde hace un año más o menos, empezó a rondar en medios de comunicación y otros sectores que usted había llegado a la defensa del presidente por su cercanía con Laura Sarabia. Pero hay otra historia que apunta a que llegó a ese rol porque conocía al exsenador Roy Barreras. ¿Cuál es su versión de esta historia? ¿Es cierto que Petro decidió contratarlo por una charla que dio en Nueva York sobre ejecuciones extrajudiciales?
Es una suma de factores. Yo he sido, de una u otra manera, defensor de personas que han estado en el gobierno y esa es la cercanía que voy teniendo como abogado litigante. De ahí la decisión de asumir la defensa del presidente Petro. Durante el 2022 estuve opinando técnicamente sobre el proyecto de sometimiento a la justicia. Esa conversación me puso en el radar como litigante. Asumir la defensa de un presidente es, para un penalista, retador, interesante y muy emocionante. Yo he estado en defensas en todos los gobiernos, en general. En el del presidente Álvaro Uribe, defendí al grupo de ministros de Hacienda de esa época, por un expediente por parapolítica. Igual me tocó en la época del presidente Juan Manuel Santos, con la defensa del equilibrio de poderes. Yo representé al presidente Duque desde el Consejo Directivo del Inpec y en la Comisión de Política Criminal a la que todavía hoy pertenezco. Lo que pasa es que la defensa de un presidente en ejercicio conlleva una exposición mucho más pública.
Además de la exposición pública, ¿qué más ha notado diferente en este caso?
La representación de un presidente va más allá de la defensa de una persona o del presidente en ejercicio. Uno en este tipo de casos defiende la institución de la Presidencia y la dignidad presidencial. La discusión jurídica, que es lo que a mí me compete, trasciende a la persona del presidente en ejercicio. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el fuero integral. Esa es una discusión que va a impactar, no solo al presidente Petro, sino a todos los que vengan. Por eso es que todos los debates alrededor de esta defensa son relevantes. La institución presidencial en un régimen presidencialista como el nuestro, nos convoca a todos los ciudadanos. Por todo esto, la defensa de un presidente es única para un abogado penalista.
En ese tema del fuero integral, por ahora no está nada claro. El CNE insiste en que sí puede investigar al primer mandatario. ¿La defensa del presidente va perdiendo esa batalla jurídica?
Todavía estamos en esa discusión. Lo que en este momento está claro es que hay un debate que planteó la Sala de Consulta Civil del Consejo de Estado, que deroga una jurisprudencia constitucional en la discusión que tuvo en ese momento Eduardo Montealegre y la contralora Sandra Morelli. En ese momento, la Corte Constitucional dijo que el fuero integral implicaba que, a un aforado como el presidente, lo debía investigar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en cualquier caso, ya fuera penal, disciplinario o sancionatorio administrativo. Hay diferentes opiniones. Pero, al final, todos hemos dicho que esto lo va a resolver la Corte Constitucional.
Pero por ahora no está ganando esa posición. El CNE insiste en que sí puede investigar a un presidente…
La verdad es que la discusión aquí está en el juez de instancia, que es el Consejo Nacional Electoral y en una defensa en la que yo no participo, porque la tiene a cargo un abogado muy competente que es Héctor Carvajal. En el fuero integral, cada uno desde su ángulo ha planteado ideas. En lo que estamos de acuerdo es en que la Corte Constitucional tendrá que resolver este dilema. Es un tema institucional y de una estatura lo suficientemente alta como para que sea la Corte Constitucional la que lo defina.
En ese tema del fuero, ¿le ha faltado más perspicacia al abogado Héctor Carvajal que defiende al presidente ante el CNE?
Para nada. Ha hecho una labor con toda la competencia.
¿Qué tiene que pasar para que el caso llegue a la Corte Constitucional?
En este momento hay una discusión por la llegada de varias acciones de tutela. Varias han sido negadas, pero al final, la Corte Constitucional en un tema de este nivel las seleccionará y tomará las determinaciones del caso. Esta no es una discusión en relación con el presidente Petro, sino un debate sobre la figura presidencial y con la institución que representa. La discusión es tan importante que, si se deroga la jurisprudencia constitucional en materia de fuero, habilitaríamos para que, a un fiscal general, por ejemplo, lo pudiera investigar un superintendente de industria y comercio porque es una sanción administrativa y tendría competencia. O para un contralor general pudiera investigar a un magistrado.
Cree que, si fuera otro presidente y no Gustavo Petro, ¿la discusión sería diferente?
Es probable que sí, pero es probable que no. No me voy a imaginar cosas.
Hace unos meses usted pidió que se hiciera público el proceso contra el presidente en la Comisión de Acusación. ¿Por qué?
Es una visión de la defensa y del presidente. Creo que para el país es importante conocer, más allá de las discusiones y la conversación pública, lo que sucede en un proceso judicial con el debido proceso. Aquí hay mucho que no se conoce: más de 35 personas han ido a declarar; el expediente tiene 289 documentos alojados en unas 197 gigas de información. Creo que el contenido de la investigación de un presidente es importante que la ciudadanía lo conozca. Esa es mi visión y la del presidente. Por supuesto, son los jueces los que deben tomar esa determinación. Más temprano que tarde, el país conocerá qué fue lo que allí sucedió.
¿Esa solicitud no se ha resuelto?
El proceso está suspendido en este momento porque presentaron otra más de tantas recusaciones contra los representantes investigadores.
Si bien el expediente todavía tiene reserva, ¿qué temas considera que debe conocer la ciudadanía?
Lo que puedo contar es que el proceso contra el presidente recoge no menos de 23 denuncias, según el último conteo y una compulsa de copias de la Fiscalía. Todas ellas giran alrededor de dos puntos fundamentalmente: el ingreso de dinero de fuentes prohibidas a la campaña y los topes en las cuentas. Sobre el primero es en el que la Comisión tiene competencia para investigar al presidente en ejercicio. En esa investigación quedó determinado la estructura administrativa de la campaña, liderada por Ricardo Roa y la auditora de la campaña. En ese sentido, también está la auditoría de una compañía internacional que contrató el Consejo Nacional Electoral y que estuvo de acuerdo con el manejo correcto de la campaña. Con ese informe, queda claro que no hubo ingresos de fuentes prohibidas. Esto coincide con el pliego de cargos del CNE, en donde tampoco hay mención a este tipo de irregularidades.
Todas las pruebas y testimonios recolectados por el CNE, que además se contrastaron con documentos de la Dian y de bancarización del sector financiero, quedó claro que no hubo ingresos de fuentes ilícitas, pero además también quedó determinado cuáles fueron las instrucciones del Presidente de la República, en ese momento candidato. Siempre quedó claro que los temas de recursos de la campaña tenían que estar centralizados en la gerencia y por eso el presidente siempre envío ese mensaje, no solo para cumplir las normas electorales, sino para que la campaña no terminara infiltrada con dinero de procedencia ilícita.
El pliego de cargos del CNE no habla de dinero de procedencia ilícita, pero sí menciona que la campaña habría recibido dinero de fuentes que no estaban permitidas, por ejemplo, del Polo Democrático y de la USO…
El Presidente ha dicho una frase, que además creo que describe muchas cosas en esta historia. Él ha dicho que nadie está por encima de la ley, pero que esa ley debe ser aplicada por igual. Y aquí es importante recordar un antecedente: en la campaña del presidente Duque, que también pasó por la lupa del Consejo Nacional Electoral, se encontró que una empresa giró recursos a la campaña, y otra persona jurídica hizo lo mismo. Al final, se dijo que esa plata no entró a la campaña, sino que fue utilizado por el partido Centro Democrático. Ahora, lo que ha planteado la defensa del presidente es que, en el caso Petro, los eventos fueron más o menos similares: hubo unos recursos que, en un primer momento, iban para la campaña, pero al final nunca entraron porque una campaña no puede recibir plata de una persona jurídica (como una empresa). Ese dinero lo terminó gastando el partido político. Por eso creo que lo que el presidente pide es completamente legítimo y es: apliquemos la ley por igual. Pero, además, aquí no hay ninguna transgresión a la ley. Puede que tenga vacíos y todos coincidimos en que hay que llenarlos. Eso debe hacerse a través de una reforma a la ley electoral. Pero lo que no puede pasar es que, ante esos vacíos de la ley, la respuesta sea formular cargos penales.
Es legítimo que el presidente diga que nadie está por encima de la ley y que pida que sea juzgado como todos sus antecesores. Pero eso no significa entonces que no exista una irregularidad en la campaña. ¿Si a los demás no los investigaron por una irregularidad, entonces a Petro tampoco?
Es que hay ninguna irregularidad. La ley electoral dice que los dineros que hacen parte de una campaña política son aquellos que están relacionados con la promoción de un candidato. En este caso, los recursos fueron girados al partido político y al movimiento del candidato, en el marco de sus acciones políticas, pero no necesariamente en lo relacionado directamente con la promoción de un candidato.
Ya que menciona las pruebas de este expediente, en el pliego de cargos del CNE hay dos hechos que no tienen que ver con financiación ilícita, sino con la violación de topes. Uno es el de la financiación del Movistar Arena, en un acto posterior a la campaña, y otro es una factura de publicidad que la campaña presentó como gasto de la segunda vuelta, cuando en realidad había ocurrido en la primera. Estos son indicios de que sí se volaron los topes en la campaña. ¿Por qué está tan seguro de que el presidente no estuvo involucrado en estos en esos hechos?
Por respeto a mis colegas que adelantan la defensa en el Consejo Nacional Electoral, no me voy a tomar la vocería de la defensa en ese escenario. Pero lo que sí puedo decir es que las pruebas que se recogieron dentro de la investigación en la Comisión de Investigaciones determinaron que el candidato tuvo un rol determinado en el proselitismo, la construcción del programa programático, discursos, viajes y contacto con la comunidad. En ese sentido, también queda claro que, en la arquitectura de una campaña, quienes tienen que rendir cuentas sobre el tema administrativo son las personas encargadas precisamente para llevar a cabo esos roles. En todas las campañas políticas pasa lo mismo. El gerente de la campaña. Ricardo Roa, y la auditora, ya declararon sobre el tema, así como otros testigos que dieron más detalles sobre qué hacía cada persona en la campaña. Por eso le puedo decir con toda seguridad que no hay responsabilidad del presidente Petro.
En ese orden de ideas, ¿usted no descarta que entonces sí haya ciertas irregularidades en la campaña en cabeza de quienes sí tenían el rol administrativo?
Yo no voy a ser vocero de la defensa de la campaña, pues para eso tienen a su propio abogado. Quiero aclarar que lo que sostiene el CNE es apenas una hipótesis que está en tránsito. Yo puedo hablar por el presidente Petro y por la defensa. Durante estos dos años largos de investigación, tenemos a una Comisión de Acusaciones que ha hecho una investigación genuina. Ha recaudado una prueba muy importante, ha sido exhaustiva y ha investigado todos los ángulos. Por eso, la prueba determina que el presidente Petro, de acuerdo con la visión de la defensa, no tiene ninguna responsabilidad por cargos penales. Ya la conclusión será de la Comisión.
¿Por qué hablar hoy después de dos años que asumió la defensa del presidente?
Porque yo soy un abogado litigante que me siento cómodo en las cortes y tribunales. Me enseñaron a hablar con las pruebas, a conversar jurídicamente de los cargos y a trabar en equipo. Creo que este es un momento apropiado para hablar porque ya estamos en el cierre de una fase muy importante que es la conclusión de la etapa de investigación preliminar. Ahora el Congreso debe decidir si abre causa penal contra el presidente o no. Ya agotamos toda la actividad probatoria.
Usted menciona el informe que contrató el CNE y que habría dicho que no hubo ninguna irregularidad en la campaña del presidente. Si eso quedó tan claro en ese documento, ¿por qué formularon cargos?
Ese dictamen está hecho por una instancia independiente que se enfocó a estudiar las pruebas que iban llegando a Cuentas Claras (la plataforma que va recibiendo los reportes financieros de las campañas políticas). Los auditores independientes lo que hicieron fue recibir las pruebas y estudiar cada documento para determinar si había algo irregular. Además, ellos iban haciendo preguntas sobre lo que iban recibiendo. Lo hicieron no solo en la campaña de Petro, sino en todas las demás. Allí se hicieron algunos ajustes y, al final, quedaron satisfechos con lo que se había presentado. Todo eso lo sostuvieron los auditores independientes en la Comisión de Acusaciones. Ellos no tenían el sesgo que podría pensarse porque no están metidos en el ruedo de la política. El dictamen fue claro: la campaña del presidente Petro cumplió con los ajustes y con las preguntas que habían sido formuladas.
¿Con el proceso de pruebas finalizado, qué sigue en el proceso?
La Comisión tendrá que estudiar todas las pruebas practicadas y decidirá si formula cargos contra el presidente o no. Estamos confiados en que todas esas evidencias muestran que no hay mérito.
En el escenario hipotético de que el CNE sí se mantenga en su formulación de cargos y que la Corte Constitucional insista en que esa instancia sí puede investigar al presidente, ¿qué pasa con la posible decisión de la Comisión de cerrar el expediente en la Cámara de Representantes? ¿No sería contradictorio?
La defensa del presidente ante la Comisión de Acusaciones no depende de ningún resultado en otro caso, ni en el de Nicolás Petro, ni en el de Ricardo Roa ni en ningún otro. Es lo que procede constitucionalmente porque el derecho penal es la última ratio, es el último mecanismo o la decisión más invasiva que tiene el Estado contra una persona.
En esta entrevista, usted acaba de decir que le enseñaron a hablar en tribunales, ante jueces y magistrados, y que es allí donde se siente cómodo. Sus colegas lo reconocen como un abogado juicioso y respetuoso de esas normas y procedimientos. Pero ahora usted tiene a un cliente que abiertamente ha dicho, ante cualquier decisión judicial, que no son decisiones jurídicas, sino un golpe blando en su contra. ¿Cómo sopesa su calidad jurídica, con esas posiciones tan políticas del presidente?
Yo no soy el vocero político del presidente y el concepto de golpe blando es uno político. No me voy a referir a este tipo de aspectos. De lo que sí puedo hablar es de conceptos jurídicos, por ejemplo, el de una guerra jurídica. Este es un fenómeno jurídico que se ha estudiado desde hace unos años en nuestro país y que lo han sufrido diferentes líderes. La sufrió el presidente Petro durante la Alcaldía de Bogotá, pero también personalidades como Sergio Fajardo. Creo que este último es uno de los casos más emblemáticos de la guerra jurídica que no es otra cosa que el abuso del poder punitivo y para criminalizar conductas y sentar en el banquillo a un ciudadano solo para deslegitimar su voz. Como abogado, el caso de Fajardo es un episodio absolutamente vergonzoso porque lo han perseguido penalmente, aun cuando la Procuraduría ya ha dicho en dos ocasiones que no hay ninguna responsabilidad. También lo dijo la Contraloría y hasta las Naciones Unidas de manera específica se pronunció sobre el abuso contra Fajardo. Pero la guerra jurídica también la sufrieron personas como el exministro de Justicia, Rodrigo Lara, en un caso que fue vergonzoso para el país.
En ese orden de ideas, un golpe bando no, pero ¿sí una guerra jurídica?
Creo que está enfrentando una discusión jurídica muy intensa y profunda. La guerra jurídica proviene incluso de la intencionalidad de judicializar la política. Creo que de esto debe quedar una enseñanza para que la sociedad ajuste estas actuaciones y así evitar judicializar las discusiones políticas en nuestro país. En nuestro país todos los días se está judicializando un tema que debería ser político.
Pero la pregunta es si considera que sí hay una guerra jurídica contra el presidente…
Yo le hablo del fenómeno y le hablo de la defensa del presidente. La respuesta a esa pregunta la daré en unos dos o tres años. Será con la mirada de la historia que podremos determinar si hubo una guerra jurídica o no.
Además de defender al presidente Petro, usted ha estado en la defensa jurídica de la primera dama, Verónica Alcocer, y de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Uno de los casos que tocó a Verónica Alcocer fue una denuncia que ella misma presentó sobre un caso de “fuego amigo” dentro del propio gobierno que, incluso, se ha judicializado. ¿Le preocupa que el presidente Petro no le presté más atención a este tipo de situaciones?
Debo aclarar que no lidero la defensa de Laura Sarabia, sino que lo hace un abogado que tiene toda mi consideración y respeto. En el caso de la primera dama, Creo que ha sido víctima de procesos de desinformación. Creo que se ha atentado contra su imagen, como cuando fue incorporada en un organigrama en una audiencia pública y nada tenía que ver en el tema. Creo igualmente que esos procesos de desinformación se han traducido en cadenas de WhatsApp. Como sucede en las sociedades democráticas, esos conflictos los gestiona el poder judicial, por eso lo que hicimos como abogados fue trasladarlo a las diferentes instancias. Lo del concepto del fuego amigo fue uno creado por la prensa y por supuesto tienen la libertad de hacerlo. Pero como abogado, yo me limito a los hechos y a trasladarle el tema a la autoridad competente.
Pero el concepto del fuego amigo no es inventado por la prensa. La propia Verónica Alcocer lo describió en una denuncia que presentó hace unos meses. Por eso le repito la pregunta: ¿Le preocupa que el presidente Petro no le presté más atención a este tipo de situaciones?
Esa es una pregunta para el Presidente. En el caso de la primera dama, lo que hicimos fue presentar los hechos ante las autoridades judiciales. Ellas son las que están investigando el tema.
Usted se enfrentó a una dura pelea en la que luchó para que Mario Burgos, el fiscal que estaba investigando al hijo del presidente, Nicolás Petro, fuera apartado del expediente. ¿No cree que asumir esas pelas, que no son directamente de sus clientes, pueden terminar siendo vistas como una intromisión del presidente en el caso de su hijo?
Yo creo que esa era una batalla jurídica que sí comprometía al presidente. Ya la Comisión de Disciplina Judicial determinó, en la investigación contra el fiscal Burgos, que el funcionario habría afectado el fuero presidencial. Pero además de ese tema, yo creo que ese tema iba más allá de las filtraciones que se dieron en ese expediente o en asunto del fuero. Era una discusión de ética muy importante para el país. Para nosotros era importante que la opinión pública viera mejor el caso de un fiscal o un operador jurídico que representa causas mediáticas de exposición pública porque ese tipo de funcionarios se convierten en modelo para la sociedad. Nos interesaba que quedara claro que el método sí importa y que las formas también. Que el fin no justifica los medios y que a los jueces les debemos hablar con lealtad.
¿Por qué ese caso tenía que ver con el fuero del presidente? ¿Qué medios no respetó el fiscal Burgos?
El pliego de cargos en contra del funcionario determinó que el fiscal adelantó actos de investigación que involucraban al Presidente de la República. Y eso solo se puede hacer en el marco de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Además, el fiscal desarrolló interrogatorios para preguntar por el Presidente. La ley no permite que esto suceda.
Otro asunto que se ventiló este año es que su poder en el gobierno iba mucho más allá de sus defensas legales. ¿Qué opina?
Hay una gran creatividad en la conversación pública. Todos, en general, hablamos, opinamos, especulamos y eso está bien. Pero la realidad es otra: yo soy un abogado litigante y no militante. He llevado procesos en prácticamente todas las presidencias recientes, desde Uribe hasta la actual. Lo que pasa es que hoy es mucho más pública mi actividad porque se trata de la defensa directamente del presidente. Entonces yo creo que ese imaginario obedece a esa situación. Pero no es una realidad.
¿A usted le gusta que lo reconozcan como Mauricio Pava el abogado del gobierno?
Yo no le presto atención de una manera muy especial a lo que circula en la discusión pública. Estoy muy concentrado en mi labor como abogado. La verdad es que esos conceptos son flor de un día. Pasan muy rápidamente y, eventualmente, todas las cosas vuelven a su lugar.
¿Cómo le gustaría entonces que lo reconozcan?
Yo soy un abogado litigante. Ese es mi lugar y seguirá siendo siempre.
En una reciente entrevista a la Silla Vacía, usted explicó textualmente que “la defensa de un presidente ni se pide ni se niega”. ¿Se arrepiente de haber asumido un caso tan mediático y politizado como este? Se lo preguntamos no solo por el peso político del caso, sino también por la carga personal que ha traído para usted que lo relacionan con Laura Sarabia…
Mi oficio y el de todos los penalistas viene con todo. Como estamos acostumbrados a estos debates, de alguna manera sabemos qué viene con estos procesos. Mis colegas, que ya han defendido a presidentes, también han tenido situaciones similares. Nosotros nos vamos formando para este tipo de cosas. Aquí no ha sucedido nada diferente a lo que yo esperaba que fuera a suceder. Por el contrario, le agradezco a mi profesión que me permitiera tener la defensa de un presidente porque es un proceso que deja muchas enseñanzas y no es un pan de todos los días. Estas discusiones jurídicas son de gran envergadura. Para un penalista, la defensa de un presidente siempre será muy importante. Ahora, sí quiero decir que mi vida privada, en mi condición de abogado y de particular, la mantengo en privado y no la discuto con nadie.
¿Teme que este caso, en el que insiste es jurídico y eso es lo que defiende, termine en el terreno de lo político sin argumentos de peso? Es decir, ¿que todo su trabajo termine en el olvido por la pelea política?
No tengo ningún temor. Yo he liderado la defensa penal del presidente, pero Héctor Carvajal ha liderado la defensa en el Consejo Nacional Electoral. Lo que sí debo mencionar es que la defensa de un presidente es ambas cosas: una defensa jurídica y una política. Así quedó claro en 1991 en la Constitución Política. No hay nada de censurable en que la defensa de un presidente obedezca a esos dos conceptos. Yo estoy en el componente jurídico.
Antes de llegar como abogado a la Casa de Nariño ya se sabía que era popular entre políticos. Había sido abogado de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, Juan Carlos Echeverry, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Armando Benedetti, etc. ¿Cuál cree que es su éxito con tantos políticos?
Soy malo para hablar en primera persona de éxitos. Lo que diría frente a esto es que hemos adelantado nuestro el ejercicio profesional, con un grupo de abogados que lo hemos hecho con propósito y pasión. Pero hay que recordar que la actividad política y el servicio público es una actividad de alto riesgo. La exposición a investigaciones en un mundo donde se judicializa la política, pues es muy alta. Ellos son unos usuarios continuos del poder judicial.
Usted comenzó esta entrevista hablando sobre su papel en las primeras discusiones de este gobierno sobre la ley de sometimiento. Han pasado dos años y esa idea quedó en el aire ¿Cree que fracasó ese intento? ¿Cómo ve ese intento del gobierno de la paz total que sigue sin tener un marco jurídico claro?
Esa es una pregunta para la ministra Ángela Buitrago y o el ministro Juan Fernando Cristo. Yo di mis opiniones que fueron públicas en el 2022 y desde entonces no he vuelto a acercarme al tema.
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