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Es miércoles, día de El Espectador le explica. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, hemos preparado una serie de contenidos con los que resaltamos su papel en medio de una sociedad cambiante y llena de retos. Todos están alojados en este enlace, al que recomendamos entrar para leer cada una de las historias que publicamos, con sus luchas, sus metas y, sobre todo, sus vivencias. Y sobre el escándalo de la semana, sí, el que tiene relación con el presidente Gustavo Petro porque vincula de manera directa a su hermano Juan Fernando y a su hijo, Nicolás, es que está construido este boletín de noticias. Recuerden entrar a cada uno de los contenidos recomendados que dejaremos a continuación para entender mejor cada caso. Comencemos.
Vamos primero con un poco de contexto sin dejar a un lado la noticia que desencadenó toda esta discusión en la que está el país. Fue el mismo Gustavo Petro, el 2 de marzo de este 2023, a las 12:45 del día, quien a través de un comunicado de prensa le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigara a Juan Fernando Petro, su hermano, y a Nicolás Petro, uno de sus hijos; y que por esa vía se adelantaran “todas las investigaciones necesarias” con el fin de “determinar posibles responsabilidades”. De entrada, Petro dejó claro que confiará en que su hermano y su hijo “puedan demostrar su inocencia”, pero, advirtió el presidente, “respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.
“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano y mi hijo mayor, le pido al Fiscalía General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”
Gustavo Petro, presidente de Colombia
¿A qué se refería en detalle? El mismo Petro lo dijo en el documento: “De nuevo reitero que el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda”. Y, acto seguido, escribió: “Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”. Se refería a las acusaciones en contra de Juan Fernando Petro y sus supuestas gestiones con narcotraficantes que estarían buscando beneficios en medio de todo el proceso que adelanta el Ejecutivo en el marco de su proyecto de paz total. Contada la noticia, ahora sí vamos con el contexto.
En abril de 2022, cuando en el país los candidatos a la presidencia buscaban ganar terreno en el camino a Palacio de Nariño, se supo de las conversaciones que estaban teniendo personas vinculadas a la campaña de Gustavo Petro y que desencadenaron todo tipo de comentarios. En una entrevista radial, Petro dijo que su hermano, Juan Fernando Petro, había estado en la cárcel La Picota hablando con un detenido. “Estaba hablando con Iván Moreno, el que yo metí a la cárcel, no por ser juez sino por las declaraciones. Él no es narco, no es parapolítico. Es corrupto, lo fue. Lo que él nos ha sugerido es ser constructor de algo que yo he propuesto y que se llama el perdón social. Eso se está discutiendo dentro de las cárceles”. Moreno es el hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, condenados por corrupción. Los dos estuvieron detrás del carrusel de contratación, catalogado como uno de los desfalcos más grandes de la historia de Bogotá.
La reacciones llegaron de inmediato, por ejemplo: “Petro, le estás dejando claro a Colombia que vas a negociar con los peores corruptos de este país”, dijo Federico Gutiérrez. “Cualquiera que sea la respuesta ya vemos lo que sería Petro usando el poder ejecutivo para repartir perdones y absolución a sus amigos corruptos”, expresó Juan Manuel Galán. Era preciso, entonces, indagar sobre eso que llamaban “perdón social”. “¿Perdón social? Claro, pero primero: que paguen la condena, que digan la verdad, que devuelvan la plata, que señalen sus cómplices, que pidan perdón. El perdón social no se decreta, se legisla o se impone. Es un proceso cultural y natural”, escribió la representante a la Cámara, Katherine Miranda.
Petro punteaba en las encuestas. Y defendía su teoría. Su propuesta. “Nosotros vamos a brindar las opciones desde el 7 de agosto de un perdón social que incluye desde (Álvaro) Uribe hasta el Eln. No nos interesa iniciar nuevos ciclos de violencia, sino terminarlos todos y de manera definitiva. Queremos que ya no exista insurgencia armada contra el Estado, ni narcotraficantes al lado del Estado”, advirtió. El perdón social se trata de “justicia reparativa”, recalcó el entonces candidato. El asunto fue que, para sumar al debate, de acuerdo con una revelación de la unidad investigativa de Noticias Caracol, Juan Fernando Petro no solo se reunió con Iván Moreno, sino con otros presos detenidos por corrupción y parapolítica. Incluso trascendió que allí se habló, supuestamente, de una reforma a la Justicia con rebaja de penas incluida:
Política
¿De qué trata el perdón social que propone Gustavo Petro?
Política
‘Es un acuerdo con corruptos’: candidatos critican perdón social que plantea Petro
Política
“No hubo ofrecimiento de rebajas de penas ni petición de votos”: Petro
Política
En La Picota hermano de Petro habría hablado de rebaja de penas a corruptos
¿Quién se reunión con quién en la cárcel La Picota? De acuerdo con el informe periodístico, Juan Fernando Petro entró junto con Juan Danilo Rueda, el entonces coordinador nacional de la ONG Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, hoy Alto Comisionado para la Paz. ¿Y con quién se reunieron? Dijo la unidad investigativa que lo hicieron no solo con Iván Moreno, sino con “Álvaro García Romero, exsenador condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Macayepo; Germán Chaparro, exalcalde de Villavicencio condenado a 39 años por homicidio agravado y concierto para delinquir, y Ronald Housin Jaller, exgobernador de San Andrés condenado a 7 años por concierto para delinquir, celebración indebida de contratos, peculado por apropiación y cohecho”.
“Rechazo la torpe idea de vincular reconciliación social a rebaja de penas”: Petro
También estuvieron allí “Javier Zapata, exgobernador de Guainía, acusado por concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y peculado; Whitman Porras, exgobernador de Casanare, condenado a 18 años por peculado por apropiación y celebración indebida en la celebración de contratos, y Manuel Antonio Carebilla, excongresista y exgobernador del Amazonas, condenado a 14 años por peculado, cohecho impropio, concusión y falsedad ideológica”. ¿Qué respondió Gustavo Petro en ese momento? “No hubo en la conversación con los presos ni ofrecimiento de rebajas de penas ni petición de votos. Los presos de Colombia sí están interesados en un proceso de perdón social que nada tiene que ver con indultos o cosas similares”.
¿Qué tenía por decir la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que también estaba envuelta en el escándalo? “En ningún momento y en ninguna circunstancia se habló de ofrecer rebajas de penas, amnistías, indultos o de beneficios judiciales por nuestra presencia, ni de dineros, ni de votos a favor de una campaña por nuestra presencia. Nunca nuestra organización hablo de perdón social, siempre de derecho restaurador”, respondieron a través de un comunicado de prensa. Salió a relucir el nombre de Pedro Niño, quien fue el que hizo el trámite para que entraran a la penitenciaría, quien además es el representante del condenado exgobernador de La Guajira Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez. Dijeron que la visita estuvo dentro de los marcos permitidos por la ley y resaltaron que se dio dentro “del proceso de acercamiento y diálogo con distintos actores de nuestro país en la construcción de garantías de no repetición que promueve nuestra organización en la búsqueda de la paz con justicia desde las verdades que transforman”. Danilo Rueda, en entrevista con El Espectador, dijo que la visita a La Picota pretendía integrar al excongresista Álvaro García, condenado por parapolítica, a un proceso de verdad restauradora. Y todo esto con un detalle sobre el que no se dio explicaciones: su entrada a la cárcel quedó registrada como de miembros de la Comisión de la Verdad.
“La voz de la Fiscalía se tiene que escuchar”
Fiscal Francisco Barbosa
Aunque la bola de nieve iba creciendo y la intensidad de la campaña fue aumentando, la atención sobre este tema fue perdiendo peso. El país se concentró en los debates de campaña. El candidato Petro se convirtió en el presidente Petro. No había terminado el 2022 cuando el mandatario aseguró que “centenares de jóvenes detenidos por participar en protestas serán declarados gestores de paz antes de Nochebuena”. De nuevo, todo tipo de comentarios surgieron ante la declaración, pues los críticos consideraron que era un premio a pesar de los delitos, mientras que los que apoyaron el anuncio argumentaron que, por ejemplo, era una figura que ya había sido usada en otros gobiernos. La redacción de Colombia+20 explicó, por ejemplo, que “presidentes como Álvaro Uribe también han usado este mecanismo, creado desde 1997. Karina y Rodrigo Granda, de las Farc, tuvieron esta condición. En su momento, paramilitares como Mancuso y Don Mario pidieron ser gestores”.
Comenzando el 2023, en enero de este año, varias publicaciones periodísticas afirmaron que dineros de narcotraficantes estarían siendo usados para que éstos se ‘colaran’ como gestores de paz y, de esa forma, lograran entrar a la llamada paz total. Para el 5 de febrero, el titular redactado por la agencia AFP era más que contundente: EE.UU. y la Fiscalía están preocupados por la “paz total” de Petro. Se referían a que “la justicia de Estados Unidos y la fiscalía colombiana están preocupadas por la posible suspensión de órdenes de captura a narcotraficantes con pedido de extradición”. El fiscal general, Francisco Barbosa, dijo en entrevista con El Espectador que “el presidente me dijo que él no va a hacer negociaciones políticas con narcos. Ese es un mensaje muy poderoso”.
Él (Nicolás Petro) actualmente es diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico y, por lo tanto, nos corresponde abrir las investigaciones correspondientes para tomar luego del debate probatorio la decisión que corresponda”
Margarita Cabello, procuradora general.
Revelamos, desde la sección Judicial, el proyecto de sometimiento de grupos criminales y de narcotráfico. Allí decía que “no entrarán organizaciones con estatus políticos, como el Eln o las disidencias Farc”. Nos explicaron que “si el proyecto pasa el examen en el Congreso y en la Corte Constitucional, se podrán vincular todas las organizaciones criminales que tengan una estructura jerárquica o en red. Un ejemplo claro es el Clan del Golfo”.
Y con este contexto, un poco largo pero necesario, llegamos a la noticia de la semana pasada, cuando el presidente Gustavo Petro publicó el comunicado de prensa pidiendo investigar a sus dos familiares, y todo lo que esto ha desencadenado:
Política
Petro pidió a la Fiscalía investigar a su hermano e hijo por supuestos sobornos
Judicial
Denuncian que Nicolás Petro se quedó con polémicos pagos para la campaña de 2022
Política
Nicolás Petro niega haber recibido dineros relacionados con la “paz total”
Política
Piden comisión de la verdad en Congreso para aclarar denuncias sobre “paz total”
En términos generales, el presidente Petro tomó distancia y le dejó la tarea a la Fiscalía. Con el escándalo en las manos, primero, revivieron las acusaciones en contra del hermano, Juan Fernando Petro, de su supuesta intermediación para que narcotraficantes salieran beneficiados en la “paz total”. Y por el lado del hijo, Nicolás Petro, la cosa está también complicada: su expareja, Day Vásquez, de acuerdo con lo que nos contaron los colegas de la sección Judicial, “aseguró que fue testigo de los pagos que entregaron el controvertido empresario el Turco Hilsaca y el exnarcotraficante alias el Hombre Malboro a la campaña presidencial de Petro en 2022″. Pero ella insiste en que el presidente Petro nunca supo nada y que es una víctima de esta situación. No sin antes advertir que Nicolás Petro se habría quedado con el dinero.
Nicolás Petro es diputado por el Atlántico. ¿Qué dijo? “No he tenido tratos, ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa, ni indirectamente”, escribió en un comunicado de prensa. Y agregó: “Me pongo en disposición de la Fiscalía General de la Nación en lo que requiera para fines de ratificar mi inocencia frente a estas vinculaciones que no se trata más que de ataques políticos y personales que buscan destruir no solo el trabajo político que vengo adelantando en el departamento del Atlántico, sino destruirme como persona”.
Con el pedido público del presidente Petro, la Fiscalía ya estaba en la tarea. También entraba la Procuraduría. Margarita Cabello Blanco, procuradora general, pidió ponerle la lupa al diputado Nicolás Petro, pues es un funcionario público. “Ordené a mi equipo disciplinario que aperturara inmediatamente indagación o investigación, de acuerdo con las circunstancias, respecto al hijo (Nicolás Petro), por ser un servidor público. Él actualmente es diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico y, por lo tanto, nos corresponde abrir las investigaciones correspondientes para tomar luego del debate probatorio la decisión que corresponda”, dijo.
Fuentes cercanas a la investigación le explicaron a El Espectador que las pruebas que han podido recopilar, en especial con la ayuda de agentes estadounidenses que han escuchado a varios narcos que ya fueron extraditados, han sido claves para dar los primeros pasos de esta investigación, que el presidente Gustavo Petro le solicitó a la Fiscalía.
Redacción Judicial de El Espectador
Sobre el hermano del presidente, de acuerdo con este texto que escribió Jhordan C. Rodríguez, “como lo explicó el mismo fiscal Barbosa, lo que se sabe hasta ahora de este caso es que, al parecer, abogados y funcionarios públicos habrían visitado cárceles en todo el país para prometer beneficios a cambio de dinero. Esos sobornos, que afectan la política de “paz total” del Gobierno, apuntan a que un cartel de abogados estaría pidiendo hasta US$1 millón para nombrar a criminales como gestores de paz y, de esa manera, poder salir libres y detener una eventual extradición. Juan Fernando Petro y Danilo Rueda fueron dos de los llamados por la Fiscalía a declarar, pero también lo hizo el abogado Pedro Niño, vocero del Clan del Golfo en los acercamientos entre ese grupo criminal con el Gobierno”.
Por un lado, “Juan Fernando Petro, desde el comienzo de esta historia, ha dicho que hay personas que han utilizado su nombre para propósitos oscuros”. Por otro, Rueda dijo que “unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas”. Fueron apareciendo los actores de todo este escándalo político, porque la cosa también ha llegado hasta distintos ministerios, pues titulares de varias carteras aparecieron mencionados en los chats privados de Nicolás Petro que fueron revelados:
Judicial
“Turco” Hilsaca niega haber entregado dineros a Nicolás Petro y denuncia calumnia
Judicial
Fiscalía indaga caso Nicolás Petro y ya recibió declaración de su exesposa
Política
Nicolás Petro: los chats del hijo del presidente que enredan a ministros
Política
Juan Fernando Petro niega haber cobrado a mafiosos para colarlos en paz total
Hasta aquí hay una lectura que, más allá de negar las acusaciones, deja evidencia un asunto muy delicado: el presidente Gustavo Petro “está dando credibilidad a lo que hasta ahora solo han sido rumores sobre el trámite indebido de las negociaciones de la paz total. Es bienvenido para la institucionalidad que el presidente respete a la justicia y haga una declaración de este tipo incluso involucrando a miembros de su familia, pero son muchas las preguntas que tendrán que resolverse en las próximas semanas sobre qué es lo que ha ocurrido”, decía el editorial de El Espectador del pasado 2 de marzo. Por eso es determinante la investigación de la Fiscalía.
Escarbando un poco en la memoria, “en 2014, como lo documentó El Espectador, Gustavo Petro ya había solicitado investigar a su hijo mayor, en esa ocasión, por su presunta intervención en irregularidades en contratos millonarios del distrito. La intención del entonces alcalde de Bogotá era despejar todas las dudas sobre esa participación”. Pero salió absuelto.
La imagen del diputado Nicolás Petro está por el piso. Desde el día que su padre, ya como presidente, pidió que fuera investigado, fuentes de la Colombia Humana en el Atlántico advirtieron que se verán afectados en las elecciones regionales que vienen. “Nicolás Petro Burgos es en Colombia Humana la figura de mayor peso, por lo que dicen que, de manera unilateral, eligió a Máximo Noriega como su ficha. El abogado, quien se proyectaba como un fuerte candidato dentro del Pacto Histórico para la Gobernación del Atlántico, fue secretario del Instituto Distrital de Recreación y Deporte en la alcaldía de Petro en Bogotá y uno de los personajes claves en el Atlántico de las campañas petristas. Por ahora, afirman fuentes cercanas al Pacto en esa región, no se hablará nada de manera oficial y se esperará a que se calmen las aguas para evaluar eventuales candidaturas”, nos contaron los colegas de la sección Política.
Lo que sí está más que claro es que lo que se viene es un escándalo con narcos, políticos y campañas sobre la mesa. “Este diario pudo establecer que en manos de los investigadores de ambos países -Estados Unidos y Colombia- están circulando audios y declaraciones de narcotraficantes, varios de ellos ya extraditados, en los que cuentan cómo funciona el cartel de la paz”, escribieron los periodistas de la sección Judicial. La Fiscalía trabaja en tres vías. “La primera: establecer si es cierto que hay abogados que visitaron a narcos tan temerarios como alias Douglas y Tom, antiguos jefes de la temida Oficina de Envigado, y alias Messi, una de las cabezas financieras del Clan del Golfo. La segunda: si hubo personas cercanas al hoy presidente Petro que pidieron dinero a cambio de beneficiar a estos criminales, por ejemplo, con traslados de cárceles, prometiéndoles un nombramiento como facilitadores de paz (para quedar libres) e, incluso, asegurándoles que nunca serían extraditados a Estados Unidos (el punto que más preocupa a las autoridades de ese país). Y la tercera tarea, y quizá la más crítica: establecer si esos presuntos pagos entraron a la campaña presidencial de Gustavo Petro”.
Por ahora todo es materia de investigación, pero ya se han visto los primeros desarrollos del tema, como la decisión de Nicolás Petro, quien se tuvo que separar del Pacto Histórico. El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró que sí se reunió con Nicolás Petro, pero que no se habló allí de puestos o “cupos”. Dijo que “la palabra cupo no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual en el Ministerio ni en mis conversaciones”. Y hasta el llamado “hombre Marlboro”, Samuel Santander Lópesierra, afirmó en un audio que no tiene cercanía con el presidente Gustavo Petro y con ello trató de tomar distancia de las denuncias que lo señalan de haber hecho aportes a la campaña presidencial:
Política
Política:
Tras escándalo por presunta corrupción, Nicolás Petro se separa del Pacto Histórico
Política
Ministros del Interior, Salud y Minas explicaron sus encuentros con Nicolás Petro
Judicial
“Hombre Marlboro” toma distancia del escándalo que lo enreda con Nicolás Petro
¿Qué viene? El balón está en el terreno de los investigadores y sus resultados, por un lado y tal vez la tarea más importante, la que se adelanta en la Fiscalía; por el otro la Procuraduría y su competencia para indagar por el comportamiento de un servidor público. El país necesita hechos, pruebas, porque en el Estado de derecho existe un aparato judicial que debe hacer su tarea. Resulta peligroso, mientras que todos conocemos la verdad de todo este escándalo, que se promuevan tendencias en Twitter como la que tomó fuerza esta semana bajo la etiqueta “#TocanAPetroNosTocanATodos”. El asunto es tan irresponsable como aquel “Lo que es con Uribe es conmigo”. Importante dejar en este espacio también la postura del editorial de El Espectador de este 6 de marzo: “Si desde el 1° de febrero, por lo menos, sabía de lo que ocurría con su hijo, ¿por qué no hizo la denuncia antes? E incluso yendo más atrás, ¿cómo explicar que el presidente no supiera de las compras lujosas de su hijo? ¿Nunca le preocupó averiguar de dónde venía el dinero? ¿O en serio nunca se enteró? ¿Ni siquiera cuando pasaron tanto tiempo juntos durante la campaña?
“Es indeseable que esto le pase a Petro, pero tenemos ética de la transparencia”
Ministra de Minas, Irene Vélez,
Resulta imposible no recordar, con esta coyuntura que estamos viviendo, el proceso 8.000 y la entrada de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial de Ernesto Samper. Antes de despedirnos, les dejamos dos videos – La Pulla y El Meollo– que sirven de ayuda para entender este caso, donde quedan muy mal parados los dos familiares del presidente Gustavo Petro y, no está de más recordar, él mismo fue quien pidió que investigaran. Ya vamos, también, en que la exesposa de Nicolás Petro denunció amenazas en contra de su familia. Seguiremos atentos al desarrollo de todo este escándalo y les contaremos todos los detalles desde El Espectador.
Me despido con nuestro acostumbrado mensaje: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
Por Edwin Bohórquez Aya
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