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Han sido muchas las voces de hacienda pública que han cuestionado la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). La defensa principal de Gobierno, por otro lado, parece ser la del Ministerio del Interior, con un papel claro en la operatividad política, pero sin la tarea de calificar las consecuencias económicas de la iniciativa.
La esencia del acto legislativo es aumentar las transferencias de la Nación hacia los municipios y departamentos. Pasarían de cerca de 26 % de los ingresos corrientes nacionales a cerca de 40 % en los próximos años —luego de un ajuste a la cifra inicialmente presentada de 47 %—. Tendrán además que modificarse, más adelante, las competencias de las entidades territoriales —es decir, las responsabilidades de gasto para evitar duplicidades y desorden administrativo—. Comprensible así que persista la preocupación por una iniciativa que, habiendo podido definir simultáneamente recursos y competencias, o al menos primero responsabilidades para establecer después los cambios presupuestales, se haya ido por el peor de los caminos: claridad sobre los porcentajes de las transferencias, pero con un panorama borroso sobre las competencias. El carruaje por delante del caballo, dijo bien un amigo.
En la crítica a esta reforma es de subrayar la convergencia de exministros y exviceministros de Hacienda, en amplio espectro político e ideológico, que habiendo estado en orillas diferentes en muchas oportunidades —por ejemplo, en discusiones sobre las reformas tributarias—, esta vez hicimos un llamado unísono para que el Congreso de la República reconsiderara la iniciativa.
No se trata de oposición a la descentralización o de pánico fiscal. El diagnóstico sobre la falta de descentralización es incuestionable, al igual que la necesidad de que las entidades territoriales tengan más recursos para la ejecución de proyectos con enfoque regional y de acuerdo con las necesidades específicas de los territorios. Sin embargo, como ocurre con otros temas: el que para gobernar se necesiten buenos diagnósticos no implica que diagnosticar sea gobernar.
Se están dejando por fuera las discusiones básicas para una buena descentralización: capacidades administrativas de los municipios, mecanismos de transparencia en la ejecución de los recursos públicos y fortalecimiento de los ingresos fiscales de orden territorial. Los municipios y departamentos más pobres, aquellos que necesitan más recursos para salud y educación, son los que peor categorizados quedan en relación con sus capacidades administrativas y de gestión. Que la descentralización inicie con ese fortalecimiento institucional. De hecho, sin la definición concreta de competencias, más recursos no serán sinónimo de una mayor autonomía territorial, como dijo el Consejo Gremial.
La reforma, que va ya para su séptimo debate de ocho, ha tomado por sorpresa al país; tiene en alerta a los organismos multilaterales, al Banco de la República, e incluso al ministro de Hacienda y su director de Crédito Público. Parece ser el elixir político para resanar las relaciones del Gobierno con el Congreso de la República, pero no es razón para poner en riesgo la administración de las finanzas públicas.
Sí hay que reconocer que la implementación de la descentralización, como lo manda la Constitución Política de Colombia, ha fallado. Y en ello hay gran responsabilidad política de que hoy esté prosperando la reforma al SGP por el camino que no es.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
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