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¿Qué hacer con las pensiones? Es el interrogante que se plantean académicos, funcionarios, políticos, empresarios y administradores de fondos de pensiones (entre otros), teniendo en cuenta que ya se han demostrado las falencias del sistema actual y, por ende, la urgencia de adelantar una reforma que repare parte de sus daños.
La Corte Constitucional emitió un fallo histórico: la cotización de las mujeres al sistema de pensiones dejará de ser de 1.300 semanas. La orden es que el Congreso, en articulación con el Gobierno, defina antes de diciembre de 2025 un sistema en el que las mujeres puedan acceder en condiciones de equidad a la pensión. Si para esa fecha no se ha hecho, el requisito para las mujeres será de 1.000 semanas (en 2026 bajaría 50 semanas y desde 2027 en 25 semanas cada año hasta llegar a las 1.000).
La orden llega en medio del trámite de la reforma pensional, que ya tiene una ponencia radicada y se encuentra a la espera de su primer debate en el Congreso.
Para tomar esta decisión, la Corte analizó las inequidades que enfrentan las mujeres en el ámbito de la protección social y las medidas que ya se han adoptado para superar la brecha que existe entre mujeres y hombres, particularmente la diferencia de edad pensional. En otras palabras, consideró todo el panorama y concluyó que lo que se ha hecho hasta la fecha es insuficiente.
En contexto: Corte Constitucional ordena reducir semanas para que una mujer pueda pensionarse
La noticia ha generado diferentes reacciones. Para algunos, la Corte está haciendo un aporte significativo a la reducción de las barreras que impiden a las mujeres pensionarse en Colombia.
Ese por ejemplo es el análisis que hace Alejandra Trujillo, abogada y coordinadora de proyectos en Fescol. “Es un fallo que va en la dirección de garantizar la igualdad de género. Una vez más, la Corte reitera que en ocasiones la neutralidad —que en este caso es la misma cantidad de semanas para hombres y mujeres— tiene efectos distintos de acuerdo a las desigualdades estructurales”.
Gran parte de esas desigualdades tienen que ver con las labores de cuidado no remunerado que históricamente han recaído sobre las mujeres. En gran parte, esto ha contribuido a que persistan brechas de género en el mercado laboral. El desempleo en Colombia es 5,6 puntos porcentuales más alto en las mujeres y la tasa general de participación es 24,2 puntos porcentuales mayor en los hombres.
“Según la más reciente Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, las mujeres dedicamos en promedio 7 horas y 46 minutos al día en el trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los hombres dedican 3 horas y 6 minutos. Esa brecha, en lugar de reducirse desde el 2012, que es nuestra primera medición, ha ido aumentando”, añade Trujillo.
Estas brechas en el mercado laboral se traducen en menos oportunidades para aspirar a una pensión. Con eso en mente, tiene sentido que las mujeres, que históricamente han asumido una carga mayor en las labores de cuidado, tengan reglas de juego distintas.
Según cifras de Colpensiones (con corte abril del año pasado) del total de pensionados en el régimen de prima media, 850.607 son mujeres. Al consultar de dónde sale esa cifra, encontramos que un buen número (308.141 mujeres que representan el 87 % del total de ese tipo de pensiones) tienen una pensión por supervivencia y un pequeño porcentaje corresponde a la pensión por invalidez (29.134, un 38 % del total de ese tipo de pensión). Evaluando solo la cifra de pensión por vejez, en este régimen las mujeres representan en realidad el 48 %.
Otros estudios también dan cuenta de esa brecha. Un documento de Fescol revela que, en 2020, del total de mujeres en edad de pensionarse, solo lo hicieron el 19 %, frente a un 29 % de hombres, registrando así una brecha del 10 %. Ese documento también dice que el 81,5 % de las mujeres pensionadas reciben menos de dos salarios mínimos, frente a un 73,1 % de hombres.
Colpensiones también precisa muestran que el 54 % de los pensionados en Colombia son hombres, y que estos gozan de un especial protagonismo en los rangos de pensión más altos. También que la edad promedio de pensión de un hombre es los 64 años, mientras que en las mujeres son los 62, y que en promedio los hombres se pensionan cuando alcanzan la semana 1.465, mientras que las mujeres lo hacen cuando logran la semana 1.396.
Sin embargo, expertas como Martha Susana Jaimes, economista investigadora del Institute for Women ‘s Policy Research en Washington, alertan sobre los posibles riesgos de aplicar el fallo.
Para ella, la decisión es desacertada, pues va en detrimento de la probabilidad de que las mujeres tengan mejores pensiones. Su argumento se basa en que la brecha salarial en Colombia es del 11 % (es decir, por cada peso que se gana un hombre una mujer recibe 89 centavos), si a eso se suma que pasarán a cotizar por menos tiempo (casi seis años menos), el resultado será que acumularán menos capital que los hombres en iguales condiciones de trabajo, es decir, recibirán (en promedio) una pensión significativamente inferior.
A vuelo de pájaro se estima que una mujer tendría que ahorrar el 20 % de su salario para poder alcanzar el capital necesario para disfrutar de una pensión más equitativa y justa.
Del mismo modo, Óscar Becerra, profesor asistente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, señala que el diseño actual de las pensiones en Colombia hace que los aportes sean insuficientes para cubrir los beneficios. Bajar el requisito de semanas implicaría un mayor desbalance, es decir, menos recursos para el sistema.
Jaimes agrega que las mujeres tienen, en promedio, una mayor expectativa de vida, por lo que la medida traería aún más costos fiscales. Para ella, la aplicación del fallo es “discriminación positiva”, pues la diferencia de tiempo de trabajo frente a los hombres afectará cómo serán vistas en el mercado laboral.
“Hay múltiples estudios, desde la economía feminista, en donde se ha medido el impacto de tener licencias de maternidad adjudicadas a la mujer, versus licencias que son adjudicadas a cualquiera de los padres. Hemos visto el efecto positivo que han tenido estas últimas sobre la brecha salarial y las probabilidades de contratación para las mujeres. Para el caso de las pensiones, la ola que se dio en Europa fue hacia la igualdad de las condiciones; muy pocos países tienen todavía un diferencial. Lo que se ha visto es que eso ha tenido una mayor incidencia en la probabilidad de pensión de las mujeres, en tanto los sistemas también cambiaron de regímenes de prima media y de reparto a sistemas de cuentas individuales y contribución definida”, concluye Jaimes.
Sostenibilidad: el meollo del asunto
Aunque la medida se considere justa (tal como ya lo hizo la Corte), todavía queda el desafío de hacerla sostenible, es decir, que su aplicación no se traduzca en una amenaza financiera para el sistema pensional que se aplique en Colombia en los próximos años (teniendo en cuenta los eventuales cambios al modelo que traiga la reforma).
Para Javier Eduardo Almanza Junco, quien es coordinador en el área de derecho laboral del Consultorio de la Universidad del Rosario, es importante reflexionar en esta materia, teniendo en cuenta el mercado laboral en Colombia, en el que los aportes a pensiones no son los más fluidos o constantes.
Esto se debe a la alta tasa de desempleo (que es del 10,7 %, según la cifra más reciente) así como a la disparada informalidad (en Colombia casi seis de cada diez trabajadores son informales). Es decir, en Colombia conseguir trabajo sigue siendo un desafío, y aún mayor si se quiere desde la formalidad, que es de donde se cotiza para el sistema pensional.
No obstante, tanto Almanza como Trujillo recuerdan que está la posibilidad de que el Estado garantice el cumplimiento de esta legislación con recursos de la nación. De hecho, la coordinadora de proyectos en Fescol recuerda que el gasto pensional en Colombia respecto al PIB sigue siendo muy bajo si se compara con el de otros países. Pero esto tampoco se traduce en una opción viable, pues podría amenazar la meta del Gobierno en su regla fiscal.
El impacto del fallo en las reformas
Hay que tener en cuenta que tanto la reforma pensional como laboral tienen componentes de género y pensión.
La primera, por ejemplo, habla de un bono pensional para las mujeres que tengan hijos (biológicos o adoptados), en donde se les reconoce la disminución de 50 semanas por cada uno hasta tres hijos. En la reforma laboral se habla de horarios flexibles y licencias de paternidad iguales para hombres y mujeres, lo que eliminaría barreras de contratación por asuntos de género.
Lo que aseguran los analistas consultados por este medio es que lo que se discuta en el Congreso tendría que acoplarse a lo que ya falló la Corte. También hay que tener en cuenta que el máximo ente judicial estableció que hasta el primero de enero de 2026 vence el plazo para aplicar esta medida.
Para Becerra, sí o sí la discusión en torno a la reforma pensional tiene que acatar el fallo, por lo que se podría aprovechar el debate para definir el mecanismo que resulte más conveniente. Sin embargo, también cree que, directa o indirectamente, esta autoridad está presionando para que el Congreso apruebe la reforma laboral, amén de añadir un nuevo costo fiscal que tendrá que ser tenido en cuenta en la discusión.
En suma, es evidente que en Colombia las oportunidades para alcanzar una pensión no son las mismas para las mujeres; sin embargo, igualar la cancha implica costos adicionales para un sistema que de por sí ya enfrenta desafíos financieros. Buscar la mejor forma para que esto se aplique, sin afectar la sostenibilidad financiera es el reto que tendría que resolverse en los debates de las reformas. En otras palabras, el balón queda en el lado de la cancha del Congreso.
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