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Una de las principales propuestas educativas del gobierno de Gustavo Petro, la cual quedó estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), es la creación de 500 mil nuevos cupos en educación superior. Aunque en varias oportunidades algunos rectores han catalogado de ambiciosa esta propuesta, Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), cuenta cómo será el aporte de las 34 universidades públicas y las 30 instituciones técnicas y tecnológicas públicas a este objetivo.
En entrevista, señala que buscan incrementar la cobertura en un 5% anual por institución, lo que correspondería en el cuatrienio a 130.000 nuevos cupos. “En total serían 260.000 cupos. Para cumplirlos, le pedimos al Gobierno que haga una transferencia per cápita cada año por estudiante de $9 millones y para las instituciones técnicas y tecnológicas públicas que sea más o menos de $2 millones”, añade. Sin embargo, advierte, esa apuesta está planeada para cuatro años y ya han pasado nueve meses en los cuales no se ha abierto ni un solo cupo.
También reitera la importancia de reformar los artículos 86 u 87 de la Ley 30, para modificar la fórmula que determina el dinero que el Estado le debe girar cada año las universidades públicas. De no hacerse, anota, “la universidad pública continuará condenada a un desfinanciamiento estructural en el tiempo”.
¿Cuáles fueron esas lecciones que dejó la pandemia en el modelo educativo?
Fue un momento de aprendizaje, de transformaciones y de ajustes. En materia de educación superior, uno de esos cambios está ligado al tema tecnológico y las tendencias que se están dando en el mundo en materia de inteligencia artificial. La pandemia nos puso frente a un escenario de oportunidades que tenemos que asumir e integrar y nos llevó a replantear la forma como veníamos enseñando, el ejercicio formativo tradicional y rígido. Hoy estamos viendo que tenemos que invertir en tecnología, en plataformas, en innovación, en creación y en diseñadores. Pero la pandemia también desnudó y visibilizó fragilidades. Este es un país que no tiene acceso a Internet en un porcentaje alto, se estima que más del 60% de su población no cuenta con este servicio e, incluso, aún hay personas que no tienen acceso a un computador. Esto debe llevar también a la construcción de políticas públicas de carácter social y en materia educativa para ir reduciendo esa brecha de conectividad.
La implementación de esta cobertura tecnológica generó una serie de gastos. En la actualidad, ¿cuáles son los retos financieros que enfrenta la universidad?
Son muchísimos. Las universidades terminamos absorbiendo una realidad financiera muy compleja y, en el caso de las 34 públicas, hemos venido planteando en los últimos años un desfinanciamiento. Estos planteles son una responsabilidad directa del Estado, porque es a través de las universidades públicas que se garantiza un derecho fundamental y la construcción de un Estado de bienestar. El Estado es quien tiene que asumir un liderazgo particular, específico e indirecto, el cual no hemos visto realmente. Lo que estamos proponiendo es reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30, lo que implicará cambiar el modelo de financiamiento actual por uno que haga que la universidad pública sea sostenible.
Hablando de la Ley 30, ¿ustedes proponen una reforma integral o que esté enfocada en los artículos 86 y 87?
Desde el SUE no nos oponemos a una reforma integral de la ley 30, pero sabemos las implicaciones que tiene hacer una reforma integral, con la complejidad del sector. Esto lo podemos hacer por partes. Nuestro llamado, como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo (PND), es que prioricemos los artículos 86 y 87 y que luego podamos ampliar las discusiones alrededor de otros tópicos de la norma. El actual modelo de financiamiento que tienen las universidades públicas está centrado en un indicador de transferencia, con el cual el Estado año a año nos transfiere los recursos, y es el IPC. Nosotros crecimos cinco puntos año a año por encima del IPC y esto nos ha conducido a que hoy el 48% de los recursos con que funcionamos son recursos generados por la universidad a través de la venta de servicios, matrículas de pregrado, posgrado, diplomado, seminarios, cursos, interventorías, consultorías. Eso significa que la nación concurre con el 52%. Es una brecha gigantesca.
¿Qué pasaría si esa reforma no se logra consolidar?
La universidad pública continuará condenada a un desfinanciamiento estructural en el tiempo. Hoy vamos en el 48% de recursos propios. Si eso no se corrige, en la próxima década no serán 48, sino 70 u 80% de financiamiento propio. La prioridad hoy del sistema universitario estatal, del ministerio, del Gobierno y del Congreso es cómo hacemos esa reforma de esos artículos.
En el acceso a la educación superior en Colombia hay dos programas clave: Ser Pilo Paga y Generación E. ¿Cuál es su opinión de estos proyectos?
En su momento, el SUE se opuso a Ser Pilo Paga, porque fueron casi $5 billones de que salieron de los recursos públicos. En su mayoría quedaron en las principales universidades privadas. Sería bueno mirar cuál fue el impacto en términos de formación y de transformación de vidas; dónde quedó ese presupuesto y cuáles fueron las instituciones de educación superior que más se beneficiaron. Afortunadamente, no se convirtió en política de Estado. Si nosotros, para ampliar cobertura en 100.000 cupos, necesitaríamos alrededor de $800 o $900 mil millones. Para no ir muy lejos, llevar 500 mil estudiantes a la educación superior, como lo propone el Gobierno, no te cuestan $1.5 billones. En Generación E se resalta un componente esencial: el acceso a la educación superior fue para los jóvenes de más escasos recursos. En la actualidad, con la gratuidad de la matrícula, creo que se ha dado un avance gigantesco.
La apuesta de este Gobierno es la Matrícula Cero. ¿Podría ser un componente clave en el acceso a la educación superior?
En este punto es fundamental hacer una claridad: una cosa es la gratuidad de la educación superior, que implicaría manutención, transporte, matrícula; y otro la matrícula cero, que significa ese beneficio en el precio de la matrícula. En el caso de las universidades públicas, nuestros estudiantes son de sectores vulnerables, que sus papás hacen parte de la economía informal y cuando el Estado les entrega $800 o $900 mil en un semestre alivia la economía de ese hogar. También está el bienestar universitario que ampara esas necesidades y el programa de la prosperidad social, donde los muchachos acceden a un subsidio. Cuando tú sumas todos esos componentes, avanzas hacia una concepción de la gratuidad de la educación superior. Podemos ir hacia esa dirección. Hay otro punto clave que estamos mirando en el caso de las universidades públicas y es la deserción. La tasa ha disminuido con las variables sociales y económicas. Muchas veces los jóvenes decían que no tenían dinero para la matrícula, entonces no se inscribían o no continuaba. En la actualidad se ha ido reduciendo por el sinnúmero de programas de carácter social que el Estado tiene.
Una de las principales propuestas del gobierno es alcanzar 500 mil nuevos cupos en educación superior. ¿Cuál sería el aporte de la universidad pública a esta meta?
Nosotros le hemos hecho una propuesta al Gobierno del presidente Petro y consiste en que hoy las 34 universidades públicas podemos incrementar la cobertura en un 5% anual por institución. Eso correspondería en el cuatrienio a 130.000 nuevos cupos. En cuanto a las 30 instituciones técnicas y tecnológicas podrían hacer lo mismo. En total serían 260.000 cupos. Para cumplirlos, le pedimos al Gobierno que haga una transferencia per cápita cada año por estudiante de $9 millones y para las instituciones técnicas y tecnológicas públicas que sea más o menos de $2 millones. En la práctica estamos hablando de $1.2 billones en cuatro años con la capacidad instalada que hoy tenemos. En cuanto al sector privado, las universidades hicieron el estudio de cuántos cupos podían ampliar y más o menos son 60.000 cupos. Sin embargo, esa una apuesta a cuatro años y ya llevamos nueve meses en los que no se ha abierto ni un solo cupo de esta meta.
Insiste en que ese dinero debe estar en la base presupuestal, ¿por qué?
Ampliar esos cupos implica vincular profesores, hacer ajustes en nuestra infraestructura, plataformas tecnológicas y eso requiere una inversión. Esa ampliación de cobertura se debe hacer en condiciones de calidad y pertinencia. Es importante resaltar que de las 34 universidades públicas, 26 están acreditadas de alta calidad.
Otra de las propuestas es la ampliación de las sedes regionales. ¿Cuál es la opinión de esta estrategia?
El Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo dice que va a construir 30 sedes regionales. Nosotros hemos sido enfáticos en que esas sedes deben tener un enfoque territorial. Hoy hay regiones del país donde el indicador de cobertura es prácticamente cero. Hablo principalmente del Caribe, del Pacífico y del sur del país. Esto significa que en esta apuesta de 500.000 nuevos cupos, que es la realización de un derecho fundamental de manera progresiva, debe hacerse con un enfoque territorial. Cualquier esfuerzo en ampliación de cobertura debe focalizarse hacia esos territorios donde ese indicador es bajo y las sedes regionales son fundamentales.
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