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El domingo concluirá el gobierno de Iván Duque con un pésimo balance en garantías para los derechos humanos. Durante su mandato reaparecieron las masacres, se incrementaron los homicidios contra líderes sociales y volvimos a las épocas tenebrosas del cartel de Medellín en las que se ordenaban planes pistola contra los policías. El diálogo del Gobierno con las organizaciones defensoras de derechos humanos fue poco e insustancial.
Antes de que Duque llegara al poder, el Gobierno colombiano fue el líder regional en la aplicación de los principios rectores de Naciones Unidas en empresa y derechos humanos. En diciembre de 2015, se lanzó en Bogotá el primer plan de acción de toda América para estimular a las empresas a incorporar tales principios en sus operaciones. De ese plan muy poco se volvió a saber y mientras tanto otros países de la región que empezaron más tarde hoy exhiben con orgullo sus avances.
Ojalá el nuevo Gobierno retome el plan y le dé el impulso que se necesita para estimular cada vez más a los empresarios a vincularse a él. La paz total de la que se viene hablando implica no solo el silenciamiento de los fusiles de las organizaciones que actúan al margen de la ley, sino también la construcción de una sociedad en la que los derechos humanos sean garantizados en todo lugar y actividad económica.
Las empresas son un actor determinante y protagónico para alcanzar el desarrollo; por lo tanto, su compromiso con los derechos humanos debe ser una prioridad. Eso es mucho más importante que lograr de las empresas acciones de responsabilidad social y filantropía. Las obligaciones empresariales en derechos humanos no se agotan en el cumplimiento de las normas laborales que protegen los derechos de sus trabajadores. Tienen que ver también con una debida diligencia que permita garantizar que en el desarrollo de sus operaciones empresariales no se afecten, directa ni indirectamente, los derechos humanos de ningún ciudadano. Por ejemplo, una pequeña empresa proveedora de una gran empresa puede tener conductas discriminatorias con las mujeres o con la población LGBTI. Si la gran empresa desarrolla un plan de debida diligencia podrá descubrir ese tipo de conductas y decidir que en adelante solo tendrá relaciones comerciales con proveedores que respeten integralmente los derechos humanos.
En el fondo, lo que se pretende es construir un círculo virtuoso de la dinámica económica en torno a los derechos humanos.
Es justo reconocer que el sector de los hidrocarburos ha sido pionero y líder en la adopción de planes de debida diligencia y políticas de derechos humanos. Las decisiones de los gobiernos europeos y de Norteamérica, en donde están ubicadas las casas matrices de varias de estas empresas, han contribuido a que sus filiales en Colombia estén asumiendo esa línea de acción. Después del gremio de los hidrocarburos, algunas empresas mineras también han hecho lo propio y lo mismo ha ocurrido de manera dispersa con empresas de otros sectores.
Uno de los retos del nuevo Gobierno será lograr que la actividad económica del país se convierta en un círculo virtuoso a favor de la dignidad humana.
Por Guillermo Rivera
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