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En el séptimo aniversario de la avalancha de Mocoa, que cobró más de 300 vidas, el predio destinado para una parte de la reconstrucción de las viviendas arrasadas por la catástrofe está colmado de viviendas informales construidas por las familias afectadas. A veces, con las fuertes lluvias, el agua se suele meter a las casas, hechas de madera, plástico o zinc. En el peor de los casos, un ventarrón fuerte se lleva los techos que debían ser temporales, dejando a sus habitantes, por un tiempo, a la intemperie.
Manuel Barrios, uno de los damnificados por la avalancha que afectó más de 1.400 viviendas, cuenta que esto sucedió porque la comunidad está cansada. “Hemos hecho innumerables reclamos, paros y visitas a entidades públicas que nos hicieron promesas. Simplemente perdimos la esperanza. Por eso, los afectados nos tomamos más de 585 lotes en los que igualmente nos prometieron la reconstrucción de nuestras viviendas”, cuenta. (Puede ver: Estas aves usan “códigos de barras” para recordar dónde escondieron su comida)
El predio, propiedad de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), fue destinado para la construcción de Sauces II, nombre que le dieron a la segunda fase de viviendas afectadas por la avalancha. Allí ahora habitan más de 50 familias, algunas de ellas damnificadas. El origen de otras no es muy claro. Hace poco más de un año, se tomaron los lotes, según ellos, ante la falta de respuesta de las entidades.
Hicieron la ocupación luego de varios paros cívicos que buscaban llamar la atención del Gobierno. Como no obtuvieron respuesta, decidieron “invadir” el predio, aunque respetando el espacio que había trazado la UNGRD: cada cambuche ocupa un lote de nueve por 4,5 metros. Tampoco sobrepasan el límite que los divide de las calles que debían estar pavimentadas. “No estamos invadiendo nada si tenemos derecho a este terreno”, dice Rosalbina*, lideresa de la comunidad.
A pocos kilómetros, en los ríos Sangoyaco y Mulato, así como en las quebradas La Taruca y La Taruquita, que atraviesan y colindan con la capital del Putumayo, se alcanza a ver una serie de bloques de concreto y estructuras de metal mezclados con la naturaleza y las piedras. Pertenecen a las obras de mitigación que comenzaron a hacer para prevenir futuras emergencias, similares o peores a la catástrofe de hace siete años, pero que quedaron inconclusas hace tiempo.
En palabras de Carlos Piedrahíta, recién posesionado alcalde de Mocoa, “la forma en la que construyeron y priorizaron las obras de mitigación no tiene ningún sentido, pues comenzaron en la parte baja y media de los ríos, pero en la de arriba, la que debe resistir el embate de la naturaleza, no lo hicieron. Ahora, que estamos recordando lo que pasó hace siete años, debemos pensar en lo que puede pasar en el futuro, pues hay personas que viven en las orillas de los ríos”.
En cifras oficiales y del Gobierno nacional, en la reconstrucción de Mocoa se han invertido $1,3 billones entre proyectos finalizados y en ejecución, así como en ayudas humanitarias a los damnificados que, incluso, vinieron de otros países como Emiratos Árabes y Estados Unidos. Sin embargo, Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad, admite que “los avances han sido pequeños y existe la posibilidad de una crisis mayor si no se manejan bien”. (Puede ver: Miradas ecológicas a “La Vorágine” cien años después)
Con su reciente llegada a la cabeza de la UNGRD, Carrillo espera llevar un nuevo plan para la comunidad y las autoridades locales, entre ellos el alcalde Piedrahíta, quien pide que los recursos no los siga manejando esa Unidad, pues, en sus palabras, ha sido “inoperante e incompetente”. Carrillo asegura que buscará recuperar $71.000 millones que permanecen en la Fiduprevisora, fiducia creada por la UNGRD para administrar los recursos y desembolsar dinero a los contratistas para ejecutar las obras. Allí estaría la plata para que se construyan las 909 viviendas en la zona, donde ahora hay casas informales de los damnificados.
Carrillo explica que “desde la Unidad estamos evaluando tomar acciones legales contra los contratistas y así liberar esos recursos, que son bastantes grandes del convenio interadministrativo con el Ministerio de Vivienda. Nos podría dar un posible incumplimiento, pero tenemos aún procesos en curso”.
Una larga cadena de promesas
En 2017, pocas horas después de la avalancha que cobró más de 300 vidas, afectó 1.400 viviendas, dos acueductos, 48 barrios, 11 kilómetros de vías y cinco puentes, Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, hizo una osada apuesta en medio de la tragedia: “Haremos a Mocoa mejor de lo que era”.
A las pocas semanas se organizó y construyó el Plan de Acción Específico del proceso de reconstrucción de Mocoa, que contempló seis líneas de acción: ordenamiento territorial, ambiente y gestión del riesgo, infraestructura social; conectividad, integración regional y desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo institucional. Un año después, en 2018, una nueva avalancha destruyó cerca de 185 viviendas, cuya reconstrucción se incorporó al plan.
“Cuando hay un desastre, el tema central es la vivienda. Uno puede poner alcantarillado, energía y zonas comunes en el pueblo, pero sin casas para que la gente viva no hay nada. Lo cierto es que, después de muchos años, los damnificados no tienen soluciones. Por eso decidieron ocupar los predios donde les prometieron que se iban a reconstruir sus casas”, explica José López, magíster en ordenamiento urbano territorial, quien era secretario de Planeación de Mocoa cuando ocurrió el desastre.
La primera fase de la construcción se llevó a cabo sin problemas. Se entregaron 300 viviendas a las familias afectadas. Sin embargo, los líos empezaron con la segunda fase del proyecto, Sauces II, el cual fue inicialmente entregado al contratista Germán Mora Insuasti, encargado de obras que habían quedado inconclusas en Cundinamarca y Boyacá. Ante las presiones de la comunidad, cedió el contrato hace cinco años al consorcio Mocoa 2019, compuesto por Arquitectos Ingenieros Contratistas (en liquidación), Constructora Muraglia S. A. y Corporación Ambiente Colombia.
En un informe de seguimiento de las obras hecho por la UNGRD, de septiembre de 2022, queda claro que hubo otros obstáculos como la pandemia, que, además, afectó el sector de la construcción. Hubo escasez mundial de acero y cemento, y falta de obra calificada. También, se lee en el informe, hubo posible falta de gestión de recursos por parte del contratista, lo cual “repercute en la demora para realizar los pagos a los subcontratistas y proveedores”. (Puede ver: Playa Salguero en Santa Marta desaparece)
La interventoría del proyecto —encargada de vigilar a la ejecución del contrato— también precisó que, a inicios de 2023, hubo varios retrasos en la obra por “presuntos incumplimientos del contratista”.
Ante esto, en febrero de ese año se realizó una reunión en la que el Consorcio Mocoa 2019 se comprometió a entregar “las 909 viviendas distribuidas de la siguiente manera: el 15 de marzo de 2024 se entregan las 12 primeras viviendas, 16 el próximo mes y 40 el siguiente […] por su parte, se advierte que, por observaciones en la prórroga de la licencia de construcción, hay demoras para individualizar las viviendas y escriturarlas a los damnificados”. Pero, aunque las casas sí fueron construidas, no cumplen con las normativas para ser entregadas de manera oficial a las familias.
De acuerdo con el último reporte de la UNGRD, el avance físico de esas obras es del 35 %. Al respecto, Andrés Cancimance, representante a la Cámara por Putumayo, detalla que se debe hacer un análisis de lo construido, pues en una posible nueva contratación del proyecto Sauces II se iba a contratar una consultoría para determinar si las 12 viviendas se pueden adecuar para que sirvan. Si esa consultoría dice que no, se deberán demoler y eso implica pérdida de los recursos; sería volver a empezar de cero”, explica Cancimance.
Por ahora, en uno de los últimos informes de Minvivienda, de noviembre del 2023, se lee que la construcción de las 909 viviendas está suspendida “por vencimiento de los contratos”. “Ya el consorcio se retiró de la zona, no hay materiales ni obreros en las visitas que hemos hecho. No tenemos claro qué pasó, y, por el momento, sabemos que es un contrato que se tiene que liquidar y mirar si los $71.000 millones que hay en la fiducia se pueden utilizar para iniciar un nuevo proyecto”, explico Víctor Salcedo, veedor de la Mesa Técnica de Damnificados de Mocoa, que reúne a varias organizaciones sociales que vigilan el proceso.
Por el momento, la UNGRD le hace seguimiento al contrato para tomar acciones legales, sin un panorama claro del futuro de las viviendas. Sobre los otros proyectos del plan de reconstrucción, lo único que se ha cumplido a cabalidad ha sido la entrega de dos puentes, un acueducto y un megacolegio, cuyo funcionamiento depende de las obras en Sauces II.
Otros de los dolores de cabeza han sido las obras de mitigación para prevenir futuras emergencias que, según las autoridades locales, siguen siendo un riesgo para una ciudad cruzada por ríos y quebradas, como es Mocoa. “Las personas siguen expuestas a posibles catástrofes, pues los niveles de las cuencas de agua subieron al tope de las obras de reconstrucción. Si se llega a presentar otro fenómeno de avenida torrencial, lo que pasaría es que el agua se desbordaría con mayor velocidad. El Servicio Geológico avisó en su momento que el periodo de retorno de estas catástrofes es incierto, aunque un aproximado es que ocurra cada 20 años”, explica López. “Por eso es fundamental estar preparados”, continúa.
Este diario pudo establecer que de las 18 obras de mitigación en la cuenca Media y Baja de las fuentes hídricas de los ríos Mulato, Sangoyaco y las quebradas La Taruca y Taruquita, tres están suspendidas, 13 vencidas, cinco en ejecución, una en liquidación y solo dos finalizadas. Por esta razón, los ciudadanos pusieron una alerta en la Procuraduría sobre el mantenimiento de las obras, con respecto a las cuales hay denuncias de la Alcaldía por el estado de abandono por parte de los contratistas.
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A su vez, la UNGRD informó que les “dio apertura a 22 procesos de invitaciones a cotizar para la atención de la fase II de la cuenca alta del municipio de Mocoa, con una inversión de $185.000 millones, $11 millones de los cuales corresponden a obras y el mismo número a interventorías”.
Para López, exsecretario de Planeación, hay otro gran descuido en medio de estas dificultades: como toda la atención se concentró en la reconstrucción de la infraestructura, “no hubo un proceso de atención psicosocial cuando pasó el desastre y mucho menos un plan para restablecer el tejido social perdido”.
*Nombre reservado por petición de la fuente.
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