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La Corte Constitucional de Colombia informó este martes que la exigencia de 1.300 semanas de cotización para que las mujeres se puedan pensionar es “inconstitucional” y ordenó reducir el tiempo cotizado para tener en cuenta una perspectiva de género y la situación de las madres cabeza de familia.
En una histórica resolución, la corte pidió al Congreso y al Gobierno que preparen una nueva fórmula que esté lista para implementarse a partir de 2026. De lo contrario, se establecerá un cronograma para reducir gradualmente las semanas de cotización hasta llegar a las 1.000 semanas.
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Esta decisión se produce mientras en Colombia está por venir una reforma pensional. Sin embargo, a nivel global, existen otros dos precedentes recientes de decisiones que buscan beneficiar a las mujeres y particularmente a las madres. El más polémico es el caso francés, pues la reforma que recién aprobó por decreto el presidente Emmanuel Macron contempla, para compensar un aumento en la edad de pensión de 62 a 64 años, que las madres que hayan cotizado 43 años antes de cumplir la edad para pensionarse, hayan cuidado de sus hijos, ya sea como madre biológica o adoptiva, o hayan dedicado trimestres al tiempo de su educación, recibirían bonos pensionales de hasta un 5 % como bonificación.
“Las bonificaciones de las madres tipo Francia son una idea antigua que está consagrada en el texto de la propuesta de reforma pensional actual. Pueden ser medidas que compensen de cierta manera las labores de cuidado de las madres. Uno puede tener visiones sobre si es suficiente o no. Pero esa medida está. Y está encaminada a tratar de resolver una injusticia basada en los roles de sexo asignados por la sociedad”, afirma Kevin Hartmann, estudiante de doctorado en Ciencias Jurídicas en UCLouvain en Bélgica.
También en Argentina existe una contemplación similar, pues las madres que hayan tenido siete hijos o más tienen derecho a obtener una pensión equivalente al salario mínimo del momento en que soliciten este beneficio. Para acceder a él no importa el estado civil de la madre, ni tampoco la edad que tenga.
Parte de los requisitos son o cobrar una jubilación o pensión previa, no tener bienes o ingresos suficientes para mantenerse junto a las personas con las que vive, ser argentina o naturalizada; en el caso de ser extranjera, vivir por lo menos 15 años en Argentina y probar que tuvo siete hijos o más y nacieron con vida.
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Existen precedentes en cuanto a leyes desde 1878, con la Enmienda 19 en Estados Unidos (que determinó que no podían negarle el derecho al voto a una persona por su sexo) que buscan compensar la brecha de género en cuanto a opciones laborales y derechos de las mujeres. Sin embargo, para Hartmann, si bien decisiones como las de Francia y Colombia están pensadas para compensar la brecha, deberían ser pensadas desde un ámbito laboral y no tanto pensional.
“El hecho de tomar esa determinación es un mensaje claro de la Corte: no creemos que el mercado de trabajo vaya a dejar de discriminar, así que vamos a compensar con pensión. Un mensaje pesimista. Yo creo que las discriminaciones, y en general los problemas del mercado de trabajo, deben ser atendidos por la política laboral. La política pensional, si bien está ligada a lo anterior, no debe usarse para corregir esos problemas, sino en situaciones muy particulares”, afirma.
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