Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Un perímetro de tres manzanas, en pleno corazón de Bogotá y a escasas seis cuadras del antiguo comando de la Policía, operó por años ante los ojos del Estado la olla más grande del país: El Bronx.
La génesis del operativo fue el secuestro de dos miembros del CTI que fueron descubiertos. Un año después, durante la madrugada del 28 de mayo de 2016, 2.500 efectivos de la Policía, militares, CTI de la Fiscalía, personal de ICBF e Integración Social, acompañaron el megaoperativo para retomar el control de este “centro de operaciones” para el expendio de drogas y armas, pero también refugio de habitantes de calle y escenario de graves vulneraciones de derechos humanos.
Le puede interesar: Así comenzó la demolición del Bronx
La intervención puso al descubierto los más horribles horrores donde la vida no valía nada. Redes de esclavitud sexual donde al menos 287 menores fueron rescatados; casas de pique, torturas, secuestros, perros usados como armas de ataque, trata de personas y desapariciones forzadas.
Aunque la intervención fue calificada como exitosa, casi un mes después, la Defensoría del Pueblo recibió 25 denuncias por atropellos durante el operativo, como el relato de siete personas quienes afirmaron que hubo exceso de fuerza por parte de las autoridades y que en sus habitaciones quedaron documentos personales y pertenencias que luego no pudieron recuperar. Así lo documentó este diario el 20 de agosto de 2016.
“Otro es el caso de los comerciantes formales, que exhiben los documentos de sus negocios y expresan que tenían dinero y mercancías que quedaron retenidos sin un debido proceso; aseguran, además, que los sacaron de sus establecimientos vulnerando su derecho al trabajo y la propiedad sobre esos artículos”.
“Los habitantes de calle fueron maltratados”
Para 2016, el 50 % de la población habitante de calle se concentraba en el centro de la ciudad, de los cuales el 30 % permanecía en el Bronx (localidad de Los Mártires). Mujeres y hombres de todas las edades; algunos eran utilizados por los “Sayayines”, grupo delincuencial que era “la ley” en el sector, para mantener al margen a las autoridades y el lucrativo negocio de las drogas y la trata de personas.
En un artículo de El Espectador, titulado ‘Historias tras la intervención del Bronx’, se documentó cómo estas personas eran torturadas y asesinadas con ácido si no pagaban el doble del préstamo que pedían, muchas veces para el consumo.
“Otra forma de mantener el orden era castigar los robos entre consumidores. Si había líos entre ellos, solo podían solucionarlos a los puños, con guantes de boxeo, que les prestaban los jíbaros”, se lee en esta noticia del 31 de mayo de 2016.
El entonces alcalde Enrique Peñalosa indicó que, tras la intervención, tenían listo un plan de atención para los habitantes de la calle. “Tenemos más de 2.000 cupos donde les damos agua caliente, almuerzos, comida, cama, peluqueada, entre otras”, detalló en septiembre de 2016. De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, para noviembre de 2016 (seis meses después del operativo), 550 habitantes de calle fueron atendidos, tras aceptar de manera voluntaria un proceso de rehabilitación.
Lea más: Imputan cargos de feminicidio a gerente de banco señalado de asesinar a su pareja
Sin embargo, de acuerdo con un informe del Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT) y Parces ONG (2017), ‘Destapando la olla’: informe sombra sobre la intervención del Bronx‘, si bien la intervención era necesaria, poblaciones de especial protección como los habitantes de calle fueron “violentamente desplazados, maltratados e invisibilizados por la fuerza pública y la institucionalidad”. Además, la investigación resaltó que después de la intervención, la atención se desvió a la recuperación urbana como la construcción de 4 mil viviendas, centros comerciales, la estación del Metro, entre otras.
William Pantoja, exhabitante del Bronx, vivió de cerca esta realidad. “Ya pasó un año y no sabemos dónde están nuestros amiguitos, ¿sí pilla?“, reclamó durante un foro de presentación del informe.
Para Raquel Peyraube, asesora en otros países de América Latina para intervenir zonas como el Bronx, la intervención de la Alcaldía “fue una medida cosmética que vulneró derechos humanos por falta de estudio, sensibilidad, conciencia y ética”.
Incluso, en su momento, la Defensoría del Pueblo reclamó que no se contó con el acompañamiento del Ministerio Público Distrital para haber caracterizado a la población y así evitar estigmas que condujeran a la supuesta transgresión de los derechos fundamentales.
Se dispersó el fenómeno
La Fundación Ideas para la Paz (FIP) analizó en 2017, “¿qué pasó con los habitantes de calle?”, tras el desmantelamiento de El Bronx. En el informe, destacó que la dispersión de esta población se intensificó, pero generó en los demás ciudadanos “un sentimiento de miedo en aquellas zonas vulnerables de convertirse en olla”.
Roberto Angulo, actual secretario de Integración Social, recordó que el más reciente censo de habitabilidad en calle mostró cómo aumentó la población en un 10 % respecto a 2017, siendo las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria donde vive el 25 % de ellos.
“La toma era lo que había que hacer, estaba completamente justificada, pero los servicios de habitabilidad en calle no estaban listos, ni eran buenos, ni se expandieron lo suficiente después de la operación (ni siquiera después de la pandemia). Como ya sabemos, el fenómeno no se acabó, sino que creció, y se detonó una nueva geografía de la exclusión extrema en Bogotá”, sentenció Ángulo.
Hoy, 10 años después de la intervención de El Bronx, el crimen organizado quedó bajo la fuerza policial que recuperó una zona donde el propio Estado no podía entrar y se ejecutaban actos inhumanos.
Sin embargo, la atención social a los más vulnerables pareció quedar corta: los habitantes de calle se dispersaron y empezó a agudizarse una tensión social con la ciudadanía que sigue viéndolos ajenos a la sociedad.
Le puede interesar: Sin extradición: a tres sospechosos de matar a Yulixa Toloza los juzgarían en Venezuela
Además, como en El Cartucho, la intervención del Bronx también dispersó los expendios de droga. Las localidades de Los Mártires, Kennedy (María Paz) y Santa Fe (San Bernardo) concentran actualmente los puntos más críticos de consumo y expendio de estupefacientes. Un riesgo que la FIP advirtió en su momento, como el surgimiento de nuevas ollas.
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por María Angélica García Puerto
Conoce más