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En la última semana, la Alcaldía de Yarumal (Antioquia) denunció el reclutamiento de cuatro menores de edad en el corregimiento El Cedro. La Fundación Sumapaz, por su parte, dice que este presunto caso de violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) corresponde a una cifra mayor. Yarumal es el municipio del norte Antioqueño que tiene acceso a la vía principal que conecta la troncal que comunica a Medellín con la costa atlántica, una arteria en permanente disputa entre diferentes grupos armados ilegales, tales como el Eln, las Agc y disidencias de las Farc.
Para la Fundación, fueron siete los niños y niñas que la guerrilla del Eln llevó hasta sus filas. Aunque el secretario de Gobierno de Yarumal, Mauricio Restrepo, dice que la información que llega de las comunidades evidencia que, al parecer, fueron cuatro menores, dos de ellos, mujeres menores de 17 años que estaban estudiando en el colegio de la zona y a quiénes el grupo armado ofreció una supuesta suma de dinero.
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En alerta temprana 011 de 2021, la Defensoría del pueblo ya había advertido al Estado y a todas sus instituciones que debía prestar atención a Yarumal por casos de reclutamiento. Son territorios donde el control se da por grupos armados. “No creo que solamente se esté presentando en esas dos veredas que son zonas de alto control de grupos armados. Las comunidades aseguran que se trata del grupo guerrillero del Eln. Pero no se descarta de que Agc y disidencias recluten también”, dice Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz.
Respecto a la atención del Gobierno local a esta problemática, el secretario Restrepo dice que: “Lo único que podemos hacer es algo institucional de llevar al corregimiento de programas institucionales”, e insiste en que han llevado actividades culturales y deportivas para evitar la deserción escolar y junto con ella, los posibles reclutamientos de los menores. Además, el funcionario expone que debería haber más presencia de Fuerza Pública. El Pueblito y El Cedro son los dos corregimientos donde se han presentado la mayoría de casos, pero la preocupación no deja de ser generalizada para la zona rural del municipio en general.
Asimismo, la Alcaldía dice que Yarumal requiere el alcance de programas desde el Gobierno nacional en la zona rural, específicamente, debido a que la presencia de grupos armados hace más compleja la actividad institucional local y se hace urgente atención nacional. Mientras que, Zapata, el defensor de derechos humanos, dice que la agudización de la situación, no solo de reclutamiento, sino de violencia en la zona, “significa que ninguna institución, ni la Fiscalía, ni la Fuerza Pública, ni las autoridades civiles, ni militares, atendieron a las recomendaciones de la Defensoría y, por lo tanto, se sigue presentando esta situación”.
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Durante 2022, en el mismo municipio, según la Defensoría del Pueblo, se presentaron nueve casos de reclutamiento a menores, una cifra muy cercana a los supuestos siete que van en apenas cuatro meses y medio de 2023. Esta cifra se debe a que la zona rural de Yarumal hace parte de “unos territorios completamente abandonados por el Estado, son zonas donde realmente el Estado no es quien determina el control. El control lo realizan todos los grupos armados”, dice Zapata. “En esa medida, se puede presentar tanto hechos de reclutamiento como otro tipo violaciones a los derechos humanos y al DIH”, añade el defensor.
Estas denuncias se dan justo después del reciente paro minero en Antioquia y Córdoba, en municipios que conectan directamente con Yarumal. El próximo 16 de abril se reanudará la mesa de diálogo entre este grupo y el Gobierno colombiano en La Habana (Cuba). “Como forma de voluntad política, este grupo y los demás que se han montado al bus de la paz, deberían cesar toda forma de violencia contra la población”, dice Zapata, que es así como se demuestra que la obligación de la paz se convierte en un llamado, no solamente para el Estado, sino para los grupos armados ilegales.
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