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El nombre de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, apareció en medio de un escándalo por la supuesta estafa de una organización de derechos humanos a las familias de los 17 militares presos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. El Espectador habló con abogados, familiares y revisó documentos relacionados con el caso para contrastar las distintas versiones sobre el caso en el que las familias habrían entregado dineros, esperanzadas en que los militares recibieran ayudas que nunca se materializaron. También se conocieron detalles de la relación de la organización con las familias y con el hermano del primer mandatario.
De acuerdo con las denuncias hechas por los familiares de los militares presos en el país caribeño, la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos fue la organización a la que le consignaron $7′656.000 para que adelantara acciones humanitarias en favor de los presos colombianos. Sin embargo, a pesar de las sumas entregadas, la Comisión nunca hizo nada de lo que les había prometido. Además, los señalamientos recaen sobre una sola persona: Rodrigo Ricaurte Muñoz, un militar ecuatoriano retirado y director de la organización. Las distintas versiones conocidas por este diario señalan a Ricaurte Muñoz como la persona que pidió y recibió dineros de las familias en su cuenta personal. El dinero, supuestamente, era para que una comisión viajara a Haití y averiguara el estado de los presos.
En esa comitiva que supuestamente iba a viajar a Puerto Príncipe (Haití) es donde aparece el nombre de Juan Fernando Petro. La abogada Sondra Macollins, quien tiene un amplio recorrido en el derecho penal internacional, ha trabajado con las familias de los colombianos presos en Haití desde junio de 2022 y su nombre apareció junto al de Petro en el grupo que adelantaría trámites en ese país en favor de los detenidos. En diálogo con este diario, Macollins dijo que fue contactada por Ricaurte para que conformara ese equipo que era, al parecer, liderado en su momento por el hermano del presidente. Sin embargo, la abogada enfatiza que nunca tuvo “una reunión con el señor Juan Fernando Petro, no lo conozco, no me conoce”.
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Según la denuncia de las familias, Ricaurte les pidió dos consignaciones: la primera, de $2′400.000, para acreditar a Macollins como parte de la Comisión. La segunda, por $5′400.000, para que el grupo que representaba a la organización viajara hasta Haití para conocer el estado real de los militares presos. Sin embargo, la abogada Macollins asegura que al contactarla, Ricaurte le manifestó que “para garantizar la gestión en Haití podía nombrarme o darme una posición dentro de su organización, para que yo pudiera hablar por ellos ante la Embajada, como sucedió”. Aun así, asegura que el viaje hasta el país caribeño nunca se dio y no volvió a ser contactada.
De acuerdo con fuentes cercanas al caso, Macollins ha gestionado varias reuniones con organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos para abordar la situación de los 17 uniformados. Cuando las familias de los militares conocieron la oportunidad ofrecida por la Comisión que dirige Ricaurte, se reunieron y acordaron que la jurista viajara como su representante jurídica, con el fin de verificar que los procesos se llevaran sin complicaciones. La tarea de la abogada fue aprobada por familiares como Milena Carmona, esposa de Jheyner Alberto Carmona, detenido en Haití. En diálogo con este diario, señaló que ningún familiar es abogado o cuenta con conocimientos jurídicos, por lo que vieron con buenos ojos la representación de Macollins.
Según dice la abogada, “lo único que hizo el señor Ricaurte, que se hace llamar el general Ricaurte, fue conseguirnos una cita con el embajador de Haití en Bogotá. Me llevó a mí y a varios de los familiares de los detenidos. Nos atendieron, recibieron la queja, nos explicaron la situación y nos dijeron que no podían hacer nada, excepto esperar a que hubiera un pronunciamiento del gobierno colombiano para hacer, por medio del canal diplomático, la gestión con el gobierno de Haití”. La abogada agrega que, hasta donde conoce, “la Comisión no hizo nada más”.
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Este diario conoció una carta, firmada el 29 de agosto de 2023 por Ricaurte, en la que se dirige directamente al primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitando que reciba a una delegación para tratar dos asuntos puntuales: el primero, la conformación de un cuerpo de paz de la Comisión en ese país, con el fin de “formar e instruir a los militares y policías de su Estado y disminuir los índices de violencia que vive su país”. Y, en el segundo pedido, resume: “Tratar el tema de los militares colombianos involucrados en el vil asesinato del primer ministro Jovenel Moïse”. La comisión estaba liderada por Juan Fernando Petro, quien para esa época era el comisionado de paz de la organización y que salió de la misma en enero de este año por haber incumplido en sus labores.
En el asunto principal de la misiva, el director de la Comisión señala que solicita el encuentro a nombre del “alto comisionado del cuerpo de paz en Colombia” de esa organización, Juan Fernando Petro. Claudia Herrera, directora de la Fundación Esposas de Veteranos de las Fuerzas Militares y Policía, que también ha estado al frente del caso y acompañando a las familias de los uniformados, le dijo a este diario que el nombre del hermano del presidente solo fue mencionado en la presentación de la comitiva que se pondría al frente del caso en Puerto Príncipe. Allí también se menciona a Beth Level, coordinadora del cuerpo de paz de la organización; Juan José Palacios, director internacional; Nataly Bory, asistente general y a la abogada Macollins, quien aparece como “directora ejecutiva”.
Según la jurista, nunca había visto el documento que la organización dirigió a Ariel Henry, pero manifestó que algunos de los familiares de los detenidos le dijeron que hace unos meses volvieron a reunirse con Ricaurte. “Hace unos meses el señor Ricaurte, supuestamente, contactó a una representante de los familiares, se reunieron y, tengo entendido, que las familias les entregaron unos dineros para que la comisión fuera directamente a Haití para determinar el estado de salud de los detenidos, y supuestamente había gente del Gobierno involucrada en esa comisión”, le manifestó la abogada a este diario. Pero, el viaje hasta ese país nunca se dio.
Ricaurte ha salido a defenderse ante los medios de comunicación y ha asegurado que devolverá los dineros a los familiares de los militares detenidos en Haití. Mientras tanto, familiares como Carmona aseguran que el dinero entregado lo consiguieron luego de juntarse para vender comida, pues les era imposible pagar los US$1.500 que pedía Ricaurte para los viáticos de los supuestos miembros de la Comisión. El exmilitar ecuatoriano también dijo que este martes dará a conocer públicamente denuncias sobre presuntos dineros que tres narcos habrían entregado a Juan Fernando Petro para que, de alguna manera, les ayudara a evitar la extradición. Según dice, la suma entregada fue de $6.500′000.000 que habrían entrado a su organización y los cuales ya habría devuelto casi en su totalidad.
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