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La Dirección Especializada contra la Violación de Derechos Humanos de la Fiscalía General llamó a juicio a Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, por uno de los crímenes más emblemáticos de la desaparecida guerrilla de las FARC. Se trata de la masacre de cuatro concejales de Puerto Rico, Caquetá, perpetrado el 24 de mayo de 2005 por una veintena de hombres de la columna Teófilo Forero, el grupo élite encargado de ejecutar los crímenes más emblemáticos del grupo subversiva durante los años 90 y 2000. El Espectador conoció el expediente contra el actual líder de la disidencia de la Segunda Marquetalia, el cual fue comandado, entre otros, por alias Romaña, Jesús Santrich y el Paisa.
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Justo este último, quien murió en Venezuela en diciembre de 2021, fue el cerebro criminal de la estructura ilegal que, según fuentes militares, Iván Márquez estaría intentando a toda costa reconstruir. La semana pasada, el director de la Policía, el general William Salamanca, señaló que la inteligencia de esta institución tiene identificado por dónde se mueve Márquez en Colombia. Un anuncio que fue sorpresivo, porque hasta hace poco este se refugiaba en Venezuela mientras se recuperaba de un ataque armado contra su campamento, ocurrido en junio de 2022. Desde que Márquez volvió al crimen, en agosto de 2019, la Fiscalía retomó las investigaciones en su contra por su papel clave en el conflicto armado.
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En el caso de la masacre de Puerto Rico, la Fiscalía lo llamó a juicio el pasado 17 de enero a través de un escrito de acusación de 147 páginas conocido por este diario. Como Márquez está prófugo de la justicia hace cinco años, no acudió a rendir indagatoria en diciembre pasado y casi que de inmediato se libró una nueva orden de captura en su contra. Según la investigación en su contra, la Fiscalía señaló al Secretariado de las FARC, y en especial al Bloque Sur de la guerrilla y a Luciano Marín, de ordenar y ejecutar el asesinato de los concejales Willard Villegas, Ausencia Olarte, Silvio Mesa y Gerardo Collazos en mayo de 2005.
Para el momento del crimen de los concejales, señalan los informes de inteligencia de la Dijín de la Policía, la cabeza del Bloque Sur era Iván Márquez. A su vez, la columna Teófilo Forero, liderada por El Paisa, estaba subordinada al bloque, que operaba en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Huila. Así las cosas, como la guerrilla era una organización ilegal piramidal, la orden de asesinar a los políticos, dice la Fiscalía, vino desde la cúpula: el Secretariado de las FARC, del que también hacía parte Iván Márquez. Además, de esta acusación por línea de mando, el ente investigador cuenta con las declaraciones de al menos tres exintegrantes del grupo ilegal que declararon sobre cómo perpetraron el crimen.
“En casos como el que nos ocupan, Iván Márquez es responsable por haber fungido como cabecilla e integrante del Secretariado, superior jerárquico de la Teófilo Forero, la cual de acuerdo a todo el recaudo probatorio arrimado y concretamente a los mismos miembros que pertenecieron a dicha columna, conducen a demostrar que fue dicha agrupación la que ejecutó esta orden, la que fuera impartida por los miembros del Secretariado (…) Encontramos que el delito atribuido a Márquez es a título de coautor, ya que estos compartían ideologías y directrices conocidas con anticipación dentro de la organización y como directivos, tenían el dominio del hecho”, dice la acusación contra Márquez.
De acuerdo con las declaraciones de los exguerrilleros que participaron en la masacre, una veintena de guerrilleros irrumpieron en el Concejo y allí dispararon contra los concejales y miembros de la Fuerza Pública que escoltaban el edificio. Quien lideró la operación criminal, dicen los testigos, era alias Diván, mano derecha del Paisa. Además, habitantes del municipio que estaban ese día en el Concejo del municipio identificaron a Diván, pues este nació y creció en Puerto Rico, Caquetá. Para la Fiscalía, Iván Márquez es responsable por haber fungido como cabecilla e integrante del Secretariado, superior jerárquico de la Teófilo Forero.
Un contexto de violencia en Caquetá
La masacre de los concejales fue un ataque más perpetrado por los grupos armados contra los políticos del departamento entre finales de los años 80 y 90. Uno de los primeros asesinados por grupos de derecha fue Miguel Ángel Osorio, edil del Partido Comunista y presidente del Concejo de Puerto Rico en 1981. Las FARC contestaron con el asesinato de miembros del Partido Liberal, que estaban vinculados o eran integrantes al clan Turbay, quienes dominaban las urnas en el departamento. En pleno proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, las FARC asesinaron al congresista Diego Turbay, a su mamá y a cinco personas más cuando iban a la posesión del alcalde de Puerto Rico, José Lizardo Rojas.
Siete meses después, en agosto de 2001, mataron a José Lizardo Rojas, y en enero de 2002 hicieron lo mismo con William Lozano, quien había sido enviado para reemplazar a Rojas en la Alcaldía. Los ataques llegaron a su punto más crítico en 2002, tras el rompimiento de los diálogos de paz con el gobierno Pastrana. En ese momento la Fuerza Pública y la guerrilla volvieron a Puerto Rico y al municipio aledaño, Doncello, en un campo de guerra sin cuartel. Para 2002 la violencia era tal, que el Concejo de Puerto Rico sesionó desde Bogotá, como otros tantos alcaldes y cabildantes que tuvieron que refugiarse en la capital del país ante el recrudecimiento del conflicto armado.
Después de las elecciones regionales de 2003, las FARC dieron el ultimátum para dos concejales que fueron reelegidos en Puerto Rico: Ausencio Olarte y Willard Villegas, quienes luego fueron asesinados en mayo de 2005 en el Concejo. Incluso, en el expediente, contra Márquez, uno de los concejales aseguró que, en 2004, fue alertado por integrantes de la propia guerrilla que lo querían matar. “Dos personas fueron a mi casa y me avisaron que esa noche las FARC iban a ir por mí. Tuve que irme Florencia. Luego supe que habían puesto una bomba en mi casa”, señaló a la Fiscalía Jhon Ferney Rosales, quien terminó gravemente herido durante la masacre.
Mientras este expediente avanza, la Segunda Marquetalia busca iniciar una mesa de negociación con el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su política de paz total. Por ahora, fuentes cercanas a esos diálogos señalan que está previsto que se instalen en la segunda semana de abril, pero que, por ahora, ni Márquez ni el equipo negociador de ese grupo criminal se les han levantado las órdenes de captura. Así las cosas, Márquez, quien ya traicionó el Acuerdo de Paz de La Habana y conformó un grupo ilegal que se alimenta del narcotráfico, seguirá afrontando un juicio por su participación en la masacre de los concejales de Puerto Rico.
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Por David Escobar Moreno
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