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En una transmisión casi simultánea a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar, en la concentración en apoyo a sus reformas, la alcaldesa Claudia López hizo su propio anuncio: impulsará desde la Alcaldía una reforma, en la que pedirá ajustes al sistema de justicia, para enfrentar los retos de seguridad, en especial tras el retroceso que ha representado el aumento de delitos de alto impacto este año, justo después de haber alcanzado la tasa de homicidios más baja de los últimos 60 años en la capital.
Para la alcaldesa, estos hechos son síntomas de fallas en el sistema, que frustran las acciones de las autoridades policivas y judiciales. Entre estas está el fluctuante pie de fuerza de la Policía. “En la ciudad, más de $1,5 billones de impuestos de los bogotanos van a seguridad y justicia. Casi la mitad fueron para la operación de la Policía y la formación de 3.000 uniformados, para que se quedaran acá. Pero el Gobierno no nos cumplió”, dijo.
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Por eso quiere impulsar su propia reforma, movida que coincidirá con el trámite de reformas a la justicia, a la Policía y la política pública de convivencia, en las que López ha expresado reparos. Sus reformas incluyen la creación de cuerpos civiles y la aplicación de más sanciones privativas de la libertad, las cuales explicó luego de la cumbre de gobernantes locales, en la que insistieron en su llamado al Gobierno para aumentar la seguridad en los territorios.
Una Policía de Bogotá
Crear cuerpos de seguridad autónomos es la idea de la alcaldesa, para enfrentar el déficit de pie de fuerza. Las cifras indican que el pie de fuerza actual de Bogotá es menor al reportado en 2019. Lo que se busca, en pocas palabras, es formar agentes de seguridad y convivencia locales (similares a los de tránsito), para consolidar un régimen de Fuerza Pública mixto conformado por Fuerzas Militares, Policía y agentes civiles.
No obstante, esta es una idea que se debe analizar con cuidado. Según Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Central, en Latinoamérica, en particular en Argentina y México, se han intentado este tipo de modelo de policías civiles sin mucho éxito, debido a los altos costos y a los problemas a la hora de formar a sus cadetes. “Aquí es clave lo económico y fiscal, porque la ciudad tendría que asumir el costo de la operación, la dotación y formación de agentes, junto a prestaciones sociales”, precisó.
Ocho de cada diez en libertad
Otra de las propuestas de la alcaldesa López es la creación de un régimen de contravenciones especiales o pequeñas causas, para darles tratamiento penitenciario especial, para mejorar las tasas de privación real de la libertad. Esto quiere decir aumentar los delitos que implican privación preventiva de libertad, mientras avanza en el proceso judicial. El Distrito habla de hasta cinco meses para personas capturadas en flagrancia.
2. En la Cámara de Representantes está pendiente de segundo debate nuestra reforma para disminuir la impunidad. Hoy 8 de cada 10 delincuentes que capturamos en flagrancia quedan libres. Buscamos que haya un procedimiento expedito con estos elementos.
— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 7, 2023
* Captura, detención… pic.twitter.com/FB1iuqs7RD
“Esta es una reforma para reducir la impunidad, porque actualmente ocho de cada diez delincuentes terminan libres. He conversado con fiscales y jueces, y tenemos su aval. Se trata de un acuerdo para tramitar este proyecto y crear un procedimiento judicial más expedito, porque dejar libres a estos delincuentes no es la solución. Se debe tener detención efectiva y justicia restaurativa”, reiteró.
Lo cierto es que la propuesta desde el orden distrital apunta a una realidad nacional. Según estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, se recomienda que en las ciudades haya al menos 86 jueces por cada 100.000 habitantes. No obstante, en Colombia se llegan a solo 11, lo que hace que uno, por ejemplo, deba asumir siete veces más casos que uno en Argentina,
Sin embargo, según Juan José Castro, abogado especializado en derecho penal, esta propuesta no considera un número de variables, como los errores en la captura o las falencias en la sustentación de un fiscal, que obstaculizan la legalización de las capturas. “Además, no es ideal crear un sistema de contravenciones en un sistema ya saturado. No todas las conductas que pasan en la ciudad pueden investigarse desde lo penal, porque el sistema judicial no da abasto y no se termina resolviendo nada”, aseguró.
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Castro agregó que la cifra que reveló la alcaldesa se debe tomar, al menos, con recelo. En ese sentido, en ocasiones las autoridades denominan capturas en flagrancia a las realizadas en procedimientos, como los allanamientos, sin tener una carga probatoria clara. Además, se deberán discutir los costos económicos, como parte de la estrategia de seguridad de la ciudad.
Para Nieto, “al final, sí se da la fórmula perfecta, en donde el policía captura, la fiscal formula cargos y el juez impone medida intramural, se llega al problema de fondo con el hacinamiento de las cárceles y en donde las prisiones terminan siendo escuelas del crimen, sin control del Estado”.
Por el momento, la alcaldesa de Bogotá aseguró que presentará estas propuestas a través de una carta al presidente Petro, en la que le solicitará su apoyo para tramitarlas en el Congreso. No obstante, es claro que se trata de una nueva puja entre el Distrito y la Nación, que ilustra las tensiones entre las políticas nacionales y distritales de seguridad, cuya desarticulación puede afectar la seguridad en las calles.
Se espera que estas reformas se radiquen el próximo 20 de julio ante el Congreso de la República. Aunque están en ajustes, de ser aprobadas, seguro tomarán tiempo en implementarse, pero podrán determinar las estrategias de la capital en el futuro.
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Por Fernán Fortich
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