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En la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá está por empezar un juicio contra una funcionaria de la Fiscalía General por un caso que tiene implicaciones internacionales. Se trata de la fiscal especializada Consuelo Alexandra Montañez Dueñas quien, según la propia entidad en la que trabaja, cometió graves delitos mientras fungía como fiscal en un caso que hoy tiene prófugo al expresidente ecuatoriano Rafael Correa y condenados a tres antiguos miembros de la inteligencia ecuatoriana: el exsecretario de Inteligencia del correismo Pablo Romero Quesada, y los agentes del servicio secreto de ese país Raúl Chicaiza y Diana Falcón.
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Ese proceso tiene que ver con el secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda, ocurrido en la noche del 13 de agosto de 2012 en el norte de Bogotá. En ese momento cuatro personas lo interceptaron, lo metieron a una camioneta y le indicaron que iba a ser llevado a un sitio en donde una persona que quería hablar con él. Sin embargo, un taxista presenció el rapto del entonces senador opositor de Correa y alertó a las autoridades. A los pocos minutos, un reten de la Policía en la Autopista Norte les pidió que se detuvieran, pero la fuerza pública fue sorprendida cuando vieron que los delincuentes lanzaron a Balda con el carro en movimiento y se dieron a la fuga.
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¿Cuál fue el papel de la fiscal Montañez en el caso Balda?
Los cuatro secuestradores, entre ellos está un cabo retirado del Ejército colombiano, pudieron esconderse durante dos años, hasta que las autoridades lograron capturarlos en marzo de 2014 en Puerto Tejada, Cauca. Es en este punto que aparece la fiscal Consuelo Montañez, pues ella sería la encargada de adelantar el proceso penal. Según el expediente, dos de los secuestradores, aceptaron cargos y fueron representados por la abogada Judy Ospina Guzmán, quien logró negociar un preacuerdo con la fiscal Montañez, en unos términos que ahora son el centro de debate judicial: los secuestradores iban a pagar seis años de cárcel, si reconocían su responsabilidad en el crimen y la Fiscalía, a cambio, les “reconocería” que liberaron a Balda de manera voluntaria.
“Sin embargo, los secuestradores le manifestaron a su abogada que no estaban de acuerdo con la pena pactada, convenio sobre el cual no se le informó a Fernando Balda, aun cuando este último envió varias comunicaciones a la fiscal con sus datos de contacto. En consecuencia, durante una reunión celebrada el 24 de septiembre de 2014 entre la fiscal Montañez y la abogada Ospina, la funcionaria pública le indicó que podrían llegar a un nuevo acuerdo en el que sus clientes podrían recibir una pena de 48 meses de prisión. Pero para conseguirlo era necesario que otro abogado asumiera la representación judicial de Balda”, señaló la Fiscalía durante la audiencia de acusación contra Montañez.
Ante esta situación, dice la investigación judicial, el abogado Francisco Artunduaga Bedoya, asumió como defensor de los secuestradores y la abogada Ospina pasó a ser la representante de Fernando Balda, sin que este la haya autorizado para ello. Así las cosas, el 25 de septiembre de 2014, ante un juzgado penal de Bogotá, la fiscal Montañez anunció el nuevo preacuerdo pactado, pero el juez del caso negó al considerar que las rebajas planteadas por la Fiscalía no se ajustaban a la ley. Cinco meses después (febrero de 2015), la fiscal y los dos abogados volvieron a intentar ante otro juez, quien terminó avalando el preacuerdo y posteriormente condenó a los secuestradores.
Por estas maniobras, el pasado 6 de junio de 2023, un juzgado de Bogotá condenó a la abogada Ospina, quien aceptó cargos previamente, y fue condenada a cuatro años de prisión. Quien no aceptó su responsabilidad es la fiscal Montañéz, quien irá a juicio por los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado. El Espectador se contactó por Whatsapp con la funcionaria del ente investigador para conocer su versión de los hechos, pero, aunque vio los mensajes, no respondió. Se espera que en julio se retomen las audiencias del caso, que se encuentra en la fase previa al inicio de juicio.
Los procesos en Ecuador contra Rafael Correa
Mientras estos procesos avanzan en la justicia colombiana en Ecuador también ya hubo condenas. En febrero de 2022, un tribunal de ese país confirmó la condena contra el exsecretario de Inteligencia del correismo Pablo Romero Quesada a nueve años de prisión por planificar el secuestro de Balda y que, incluso, entregó dineros públicos para cometer ese grave delito Romero está preso en una cárcel de Quito desde febrero de 2020, cuando fue extraditado desde España. Por el caso Balda también fueron sentenciados los exagentes Raúl Chicaiza y Jéssica Falcón, quienes aceptaron cargos y estuvieron cerca de dos años presos.
En cuanto a Correa, quien ha negado tajantemente su participación en el secuestro de Balda, en 2018 fue llamado a juicio por la justicia ecuatoriana, pero este delito no se puede juzgar sin que el procesado esté presente. Desde 2017, Correa reside en Bélgica, donde el gobierno lo acogió como refugiado político y ha negado el pedido de extradición de la justicia ecuatoriana, quien lo condenó en 2020 a ocho años de cárcel por un caso de corrupción. Así las cosas el exmandatario está prófugo y el proceso en su contra por el secuestro de Balda se quedó estancado en esta etapa.
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Por David Escobar Moreno
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