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Colombia y Venezuela no son países, son hermanos siameses. Lo que le duela a uno tiene implicaciones en el otro y siempre van a tener un vínculo que los tendrá atados a su propia suerte. Son naciones separadas por una frontera física que, por no haber sabido manejarla como una línea límite en lo territorial, se convirtió en un trofeo político y militar. No solo fue con Santander y Páez, ni López y Pérez, o Barco y Herrera o Uribe y Chávez o Duque y Maduro, fue el extremismo ideológico que no supo contener una relación que se debe manejar en dos sentidos: entre Estados y con diplomacia.
Esta experiencia, que va a tener un nuevo capítulo a partir del próximo 7 de agosto, debe llevarnos a escoger entre resolver unos problemas coyunturales con nombramientos de ocasión y de fácil manejo o aprovechar estos cinco años de distanciamiento, para interpretar que lo benéfico es consolidar unas relaciones que no se las puede llevar de calle una nueva controversia, que se va a presentar en el gobierno Petro o en otro. Para eso es importante que los nuevos actores encargados de diseñar ese novedoso camino lo hagan siguiendo lineamientos parecidos a los que han llevado a Colombia y los Estados Unidos a celebrar este año 200 años de relaciones ininterrumpidas, a pesar de las álgidas controversias que se presentaron entre los diferentes gobiernos durante estas dos centurias.
La clave está en consolidar las relaciones entre los connacionales vía la profundización de las instituciones sociales, políticas y económicas. Un ciudadano en cualquier territorio no puede estar al vaivén de los deseos pasajeros y enardecidos de unos mandatarios por razones ideológicas. Un residente debe tener garantías de su estatus en cualquier país y contar con lo único que le queda a un colombiano o venezolano en su diáspora: la función estatal de su país. De la misma manera que una compañía debe contar con las garantías jurídicas en ambas naciones alejadas de los tirantes, que repito, se van a volver a presentar porque si hoy hay química entre los jefes de estado de turno, nada garantiza que con el pasar de los años unos nuevos, o los mismos, tengan diferencias de alto calado. Un venezolano o un colombiano, persona natural o jurídica, debe estar protegido de los aviones Sukhoi o de los gobiernos interinos. Una política internacional entre ambos países que tenga como objetivo esencial crear vínculos entre Estados y menos entre gobernantes.
El segundo elemento es la diplomacia. En Colombia y en Venezuela llegó el momento de retrotraer el conocido “teléfono rojo” de la era de la guerra fría entre la Unión soviética y los Estados Unidos que ayudó a evitar múltiples confrontaciones ya que, a pesar de las abismales diferencias entre ambos modelos, primó el camino diplomático. Siempre hubo una última instancia que, hasta hoy, fue la diplomacia. Una muestra de ello fue que a pesar de las enormes confrontaciones entre George W. Bush y Hugo Chávez, en Washington hubo un delegado venezolano que se comunicaba con algún oficial del Departamento de Estado norteamericano. Los adjetivos de lado y lado no “quemaron las naves” entre los Estados. Los intereses fueron superiores a los gritos de Chávez llamando diablo al estadounidense o las amenazas del tejano contra el exmilitar venezolano.
Ojalá el reacomodamiento que proponen ambos países en materia de relaciones bilaterales sea de forma gradual, alejado de los micrófonos que tanto les gusta a los gobiernos de izquierda. Que se comience por lo local, con visión y voluntad para resolver las dificultades reales de ambos lados. Es preferible tener primero unas líneas de alto impacto en materia de protección de los ciudadanos, de una consolidación consular, de una reactivación fronteriza de los pasos y su reactivación económica y dejar para el final la rebatiña por conocer el nombre de los últimos que deberían ser los protagonistas: los embajadores de cada país.
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