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Las Directrices Ambientales para la Sabana de Bogotá, que elaboró el Ministerio de Ambiente, siguen atrapadas en una disputa jurídica entre la cartera, los municipios, las constructoras y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y pese a que está en curso una tutela que radicó la Nación para pedir que se levanten las medidas cautelares que impiden la expedición del decreto, no hay una decisión.
Eso sí, parece que el Minambiente está optimista, pues recientemente publicó para comentarios el compendio técnico de la norma que pretende expedir. El documento es producto de una concertación que ordenó el Consejo de Estado tras la publicación original de las directrices. Gracias a esto, hoy se conocen de manera detallada los cambios en materia de ordenamiento territorial y protección ecosistémica que regirían para los 40 municipios aledaños a la cuenca media y alta del río Bogotá.
Lo que plantea el Ministerio es una reorganización ambiental de toda la sabana. Una nueva hoja de ruta territorial que busca modificar la manera como Bogotá y sus municipios vecinos han venido creciendo durante las últimas décadas. El diagnóstico del Gobierno es directo al indicar que la región se expandió bajo una lógica que permitió la suburbanización dispersa, el endurecimiento del suelo, la pérdida de áreas agropecuarias y la fragmentación de ecosistemas estratégicos. La memoria justificativa del proyecto reconoce incluso que el marco regulatorio vigente fue insuficiente para contener la presión urbana sobre el territorio.
Por lo tanto, la divergencia frente a versiones anteriores del proyecto es evidente. Las primeras discusiones se concentraban en formular restricciones generales a la expansión urbana. Sin embargo, lo que está ahora sobre la mesa es un aparato técnico mucho más robusto, apoyado en modelaciones, análisis de huella urbana, geoprocesamiento, estudios de seguridad hídrica y escenarios de ocupación territorial construidos con información del IDEAM, el Instituto Humboldt, el IGAC, la CAR, Parques Nacionales y otras entidades científicas y ambientales. Más que una resolución aislada, el Ministerio terminó armando una especie de radiografía integral sobre el deterioro ecológico y urbano de la Sabana.
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El agua como límite del crecimiento
El corazón de los nuevos documentos se cimienta sobre una idea que atraviesa todo el expediente técnico. De acuerdo con las premisas contenidas en los archivos consultados por El Espectador, el crecimiento urbano ya no debería organizarse únicamente alrededor de la disponibilidad de suelo o de la presión del mercado inmobiliario, sino alrededor del agua. El Documento Técnico de Soporte, que supera las 300 páginas, insiste una y otra vez en conceptos como seguridad hídrica, alteración del ciclo del agua, vulnerabilidad climática y pérdida de regulación hídrica.
El texto habla de ecosistemas estratégicos deteriorados, humedales intervenidos, bosques altoandinos fragmentados y aumento de la presión sobre acuíferos y fuentes abastecedoras. Ese cambio de enfoque tiene consecuencias profundas sobre el territorio. Hasta ahora, buena parte del crecimiento de la sabana operó bajo una lógica expansiva. Municipios como Chía, Cajicá, Cota, Tenjo, Sopó o La Calera crecieron a partir de condominios, parcelaciones y vivienda campestre que avanzaron sobre suelo rural.
Ahora, los nuevos documentos buscan desacelerar esa tendencia mediante criterios ambientales más estrictos y límites regionales aplicados a la ocupación del suelo. El Gobierno también introduce un concepto que antes solo aparecía de forma marginal y que ahora se vuelve central: la capacidad ecológica del territorio. Bajo esa lógica, no todos los municipios podrían seguir creciendo al mismo ritmo ni con las mismas densidades, porque la disponibilidad hídrica, la conectividad ecológica y la resiliencia climática empiezan a operar como factores determinantes para el ordenamiento. Por lo tanto, estas nuevas normativas limitarían el número de proyectos de expansión urbana de manera significativa.
Lo que cambia
Los anexos muestran que el Ministerio intentó corregir varios de los vacíos que, durante años, facilitaron la expansión dispersa sobre la sabana. Uno de los cambios más importantes aparece en la relación entre los POT municipales y las determinantes ambientales nacionales. Aunque los municipios seguirían definiendo los usos para el suelo, las directrices buscan obligarlos a incorporar criterios ambientales más estrictos relacionados con humedales, ecosistemas andinos, restauración ecológica y protección hídrica.
El documento sobre impactos territoriales deja ver otro giro relevante. El Gobierno ya no habla únicamente de conservación ambiental, sino de cómo evitar la dispersión urbana, reducir la artificialización del suelo y promover modelos de ocupación más compactos. En la práctica, eso podría traducirse en mayores restricciones para nuevos desarrollos suburbanos, límites a la expansión horizontal y controles más severos sobre ocupación de suelo rural.
Al mismo tiempo, el Ministerio moderó parte de su discurso frente a las primeras versiones del proyecto. Los documentos incorporan reiteradamente el concepto de “situaciones jurídicas consolidadas”, una fórmula con la que el Gobierno reconoce la validez de POT, licencias y desarrollos ya aprobados. Esa precisión parece responder a los temores de alcaldías y sectores económicos que advertían sobre posibles choques jurídicos masivos si las directrices anulaban de manera automática decisiones urbanísticas vigentes.
Todavía no está claro qué tanto podrán aplicarse esas transformaciones en medio de las disputas judiciales y políticas. Tampoco se sabe hasta dónde los municipios y sectores económicos estarán dispuestos a aceptar restricciones más fuertes sobre el uso del suelo. El Espectador consultó con varios gremios y ambientalistas, pero prefirieron ser cautos y analizar con mayor profundidad las nuevas directrices, antes de emitir cualquier pronunciamiento. Aunque las reglas siguen suspendidas judicialmente, los nuevos documentos dejan ver que el debate ya cambió de escala.
La discusión dejó de concentrarse en una resolución ambiental y empezó a tocar el futuro territorial de Bogotá-Región. En el fondo, el Gobierno plantea que la Sabana ya no puede seguir creciendo bajo el mismo modelo de las últimas tres décadas. La expansión suburbana, el sellamiento de suelos y la pérdida de ecosistemas empiezan a verse no solo como problemas ambientales, sino como riesgos para la seguridad hídrica y la capacidad de adaptación climática de toda la región.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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