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Carnetización, constreñimiento, ataques armados, atentados en carreteras, soldados heridos, drones con explosivos, asesinatos, secuestros y bombas. Esta es la realidad de algunos territorios del país que, en hechos violentos recientes, han dejado a comunidades con miedo y es, a la vez, el panorama en el que Colombia se prepara para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Ese ambiente cada vez más convulso no es una novedad.
La Defensoría del Pueblo, así como la Misión de Observación Electoral (MOE), lo han advertido en informes y alertas para que las autoridades protejan a los más de 40 millones de colombianos habilitados para votar en el país. Sin embargo, a dos días de los comicios, es un reto que continúa.
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En los monitoreos realizados por la Defensoría, a través del Sistema de Alertas Tempranas, es evidente el nivel de riesgo a raíz del afianzamiento de las gobernanzas armadas ilegales. Es decir, el fenómeno en el que los grupos criminales usurpan funciones del Estado, regulan campañas políticas y vetan candidaturas en varias regiones del país, según la entidad.
Sin embargo, ese riesgo no se traduce en la cancelación de las votaciones, sino en el sometimiento de las comunidades al control de esas estructuras armadas. En el último informe de seguimiento a la Alerta Temprana Electoral, emitido en febrero de 2026, la Defensoría identificó 69 municipios en riesgo inmediato y 168 en riesgo urgente.
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En ese contexto, la defensora Iris Marín explicó cómo se mueve ese fenómeno en el país: “Los grupos armados definen en algunas zonas ‘reglas’ donde se condiciona el comportamiento electoral de la población civil. Por ejemplo, en el noroccidente, como en Córdoba y en Antioquia, el Clan del Golfo consolida un control hegemónico de baja visibilidad, pero de alta capacidad de regulación social y electoral”.
A eso se le suma la debilidad estatal frente a ese control armado, la imposición de “permisos” para circular, los atentados, las amenazas y las campañas digitales que vinculan algunas candidaturas a grupos armados ilegales, así como la carnetización de las comunidades.
Un reciente informe de la Fundación Conflict Responses sobre el poder armado en expansión detalló casos en los que queda en evidencia la “cedulación” o “carnetización” de las comunidades bajo control de los grupos armados como Nariño, Cauca, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Antioquia.
Por ejemplo, estructuras de las disidencias como el Estado Mayor de Bloques y Frente, el Estado Mayor Central (EMC), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la guerrilla del Eln, en varios territorios, piden que los habitantes tengan una “cédula” a parte de la oficial, para moverse. La investigación explicó cómo un habitante de Argelia (Cauca) tenía tres cédulas: la estatal, la de la zona del Frente Carlos Patiño y otra para el Frente Diomer Cortés del EMC.
Esa gobernanza criminal, que también se traduce en coacción electoral, se manifiesta con fuerza en regiones como el Caribe, el noroccidente del país (Antioquia, Córdoba y Chocó) y suroccidente (Valle del Cauca, Cauca y Nariño), a través de amenazas y la imposición de “normas de conducta”.
Para Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en las zonas con control más intenso y de mayor trayectoria de los grupos armados, estos influyen en las votaciones a través de reuniones comunales. “Suelen colocar el tema de las elecciones en sus reuniones con la comunidad y sugieren votar por algún candidato”, señaló.
En efecto, las autoridades han identificado casos de constreñimiento al elector para que voten a favor de un candidato, o para que sea obligatorio asistir a las mesas de votación. Según datos de la MOE, con corte a 30 de abril de 2026, 386 municipios registran niveles de riesgo por factores de violencia.
Cientoventicinco zonas están en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo como Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca. Huila, Cesar y La Guajira tienen más del 70 % de sus municipios en riesgo por factores de violencia, además de Arauca y Guaviare, que tienen la totalidad de sus municipios en riesgo.
“Los niveles de participación en aquellos municipios con niveles más altos de riesgo se advierte una fuerte correlación entre contextos de conflicto armado y la participación electoral, lo que podría indicar que en algunos casos la injerencia e intensidad del accionar de estos grupos incide directamente en la posibilidad que la población acuda a las urnas”, señala el informe de la MOE sobre presiones indebidas al elector y riesgo electoral.
Y agrega: “La consolidación del control territorial por parte de estos actores genera un clima de temor generalizado en la población civil, que puede llegar a inhibir el ejercicio del voto”. Este efecto ha sido visible en departamentos donde los grupos armados siembran el miedo y la violencia.
Según información recogida por la MOE, en Cauca, el 92,9 % de los municipios vive bajo amenaza, mientras que Antioquia y Nariño acumulan 52 y 3o municipios afectados, respectivamente. “Si bien la violencia deprime la participación en todos sus niveles, su impacto es desproporcionadamente más severo en las zonas bajo control o disputa más intensa de los grupos armados ilegales”, apunta el informe. En este escenario, las Fuerzas Militares anunciaron que en el marco del Plan Democracia, para blindar las elecciones, se desplegaron 228 mil militares en todo el territorio nacional.
Asimismo, en entrevista con El Espectador, el coronel José Luis Bastidas, gerente de ese plan, explicó que estarán presentes en más de 5.400 mesas, el 95 % correspondientes a las zonas rurales del país.
Sin embargo, para la investigadora Paula Tobo de la FIP es claro que los actores armados no buscan sabotear los comicios. “Es de su interés que las elecciones transcurran con normalidad para no llamar la atención de la Fuerza Pública. Su rol es mucho más evidente en la forma en la que hacen llegar las orientaciones a la población civil sobre cómo se debe votar”, señaló.
En esa misma línea, Kyle Johnson, analista político e investigador de la Fundación Conflict Responses, explicó que no se trata solo de presión armada, sino que va mucho más allá. “Lo militar es necesario y será bastante efectivo para proteger los sitios de votación. Seguro tendrán capacidad para hacerle frente a los riesgos, pero solo para el 31 de mayo. No creo que sea sostenible para cubrir las siguientes tres semanas ni para cambiar las dinámicas de gobernanza criminal. Es una respuesta, pero ojalá fuera más allá”, apuntó.
Para Tobo, este panorama deja una reflexión adicional y es que si bien las mesas de votación van a gozar de protección, el reto está en garantizar a la población su derecho a votar de manera libre.
El mensaje de las Fuerzas Militares es similar. La invitación para salir a votar el próximo domingo está puesta sobre la mesa bajo la convicción de que se garantizará la seguridad a través de un despliegue de más de 228 mil militares en todo el país, mientras las autoridades buscan fórmulas para hacerle frente a las gobernanzas criminales en los territorios del país.
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