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Al cierre de este 2023, y luego de más dos años de que finalizara la etapa de juicio, estaba previsto que el juzgado primero penal especializado de Antioquia tomara una decisión de fondo sobre el caso del ganadero Santiago Uribe Vélez. El hermano del expresidente Álvaro Uribe fue acusado en 2016 por los delitos de homicidio y concierto para delinquir por su presunto vínculo con los 12 apóstoles, un grupo paramilitar que operó en los años 90 en Antioquia al que se le atribuyen cerca de 400 asesinatos. En particular, la Fiscalía lo señala de haber participado en el crimen de Camilo Barrientos, un conductor asesinado el 24 de febrero de 1994 por supuestamente hacerle favores a los grupos subversivos que delinquían en esa subregión de Antioquia.
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Pero no fue así. Ante la duda sobre cuándo se conocerá el fallo de primera instancia, El Espectador radicó un derecho de petición ante el despacho judicial que tiene el caso, que es presidido por el juez Jaime Herrera Niño. En un documento de dos páginas, esta instancia judicial entregó detalles de por qué le ha llevado tanto tiempo tomar una determinación de fondo del trascendental expediente. Según el juez: “No ha sido humanamente posible definir una fecha para emitir la sentencia, sin tener que desconocer las reglas que se imponen al cumplimiento de nuestra función y sin vulnerar los derechos de las demás personas vinculados al proceso, por lo que en estos momentos se encuentra a despacho aún en estudio y proyección de la sentencia”.
En su respuesta a este diario, el juzgado de Antioquia indicó que actualmente tiene a su cargo 206 procesos por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico, y porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, tráfico de estupefacientes agravado, entre otros. De esos expedientes, dice el juez, más del 60% se encuentran en etapa de juicio, “resaltando que los términos procesales son más cortos que en la ley 600, lo que obliga al despacho a darles prelación, fijando en promedio siete audiencias diarias, entre las cuales comúnmente se encuentran tres juicios”. Además, argumenta el juez Herrera, él es segunda instancia en procesos para verificar el cumplimiento de condenas.
El expediente contra Uribe cuenta con 70 cuadernos aproximadamente y alrededor de unos 147 CDs, “aunado a la cantidad de medios de prueba recopilados en más de 20 años de investigación por parte del ente fiscal, ello sin dejar de lado la complejidad en sí misma del asunto, todo lo que implica un análisis minucioso de cara a tomar la decisión que en derecho corresponda (…) Existe una alta congestión debido a la complejidad de los asuntos que aquí se debaten, y en particular la competencia para la jurisdicción de Antioquia, que abarca 116 municipios, la problemática criminal no da respiro”. Este diario buscó a la defensa de Uribe y a la Fiscalía para conocer su postura sobre la demora en el fallo, pero no hubo repuestas.
El abogado apoderado de víctimas, Daniel Prado, le dijo a este diario que conversó con el juez Herrera el 2 de agosto de 2023 y que este le dijo que en cuatro meses habría fallo. El penalista señaló que la repuesta del juzgado la recibió con sorpresa, pues “en esa oportunidad me manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura le había liberado carga para que pudiera emitir este fallo, que no es cualquiera. Se trata de un caso, el de los 12 Apóstoles, catalogado desde 2020 como de lesa humanidad. Él tiene ya una percepción directa del caso, pues estuvo en toda la fase de juzgamiento donde los testigos de ambas partes rindieron su declaración sobre los hechos aquí investigados. No creo que tenga un caso más importante que este”.
Además, Prado señaló que la actuación del juez no solo sería violatoria de los derechos de las víctimas sino que también del propio procesado Santiago Uribe, “ya que tanto nosotros como la defensa esperamos un fallo para poder proceder de acuerdo a su fallo de primera instancia. Se ha vuelto una talanquera para el proceso. El Consejo Superior de la Judicatura debería tomar cartas en el asunto porque entendemos que ya le libero carga y ya llevamos más de dos años desde que acabó el juicio y no hay un sentido de fallo, en ese sentido, sinceramente, no sabemos lo que está pasando en el interior de ese juzgado”, puntualizó el abogado de víctimas en diálogo con este diario.
La historia del expediente contra Santiago Uribe
Esta investigación fue archivada en 1999 por falta de pruebas y luego se reactivó en 2010, cuando apareció el mayor (r) Juan Carlos Meneses, quien comandó la Policía en Yarumal y pronto se volvió en un testigo clave. En una entrevista contó que, al recibir el cargo, su antecesor, el entonces capitán Pedro Benavides, le dijo que debía “colaborar” con un grupo de limpieza social. En un video que entregó Meneses a la Fiscalía, Benavides admite que se relacionó con Los 12 Apóstoles. Y, el nexo con Uribe Vélez, es a través de una finca que era de su propiedad. Se trata de la hacienda La Carolina. Allí, se dijo en el proceso, sostuvo reuniones este grupo paramilitar, donde fraguó una andanada criminal durante los años noventa en esa subregión de Antioquia.
Incluso un escolta de Meneses para la época, Alexander Amaya, también testificó en el proceso y aseguró haber presenciado una de esas reuniones. Los 12 Apóstoles pudieron imponer terror y asesinaron a cientos de campesinos señalándolos falsamente de ser auxiliadores de la guerrilla. Bajo la reserva de su identidad, varios testigos empezaron a contar cómo Santiago Uribe Vélez, otros ganaderos, miembros de la Policía y hasta un sacerdote se habían reunido para crear una especie de ejército privado en Yarumal y sus alrededores.Entre las víctimas de esos asesinatos selectivos está el conductor de chiva Camilo Barrientos, ocurrido el 25 de febrero de 1994.
De acuerdo con la investigación, dos de los pasajeros que transportaba Barrientos ese día le pidieron que detuviera la marcha del vehículo y lo asesinaron. Eran hombres de Los 12 Apóstoles, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía. Sin embargo, la investigación por su muerte no despegó, como tampoco lo hicieron las pesquisas por los otros homicidios de la época, ya que, según la Fiscalía, se dieron en un contexto generalizado y discriminatorio.”Existe evidencia sobre la interferencia de Uribe Vélez, por interpuestas personas, para controlar los resultados de las investigaciones penales a favor de otros miembros de la organización armada y como estrategia para garantizar su silencio”, señaló la Fiscalía en el proceso
La defensa del ganadero siempre ha dicho que este proceso es un complot para afectar la imagen del expresidente y exsenador Álvaro Uribe. Además, durante el proceso, el abogado Jaime Granados siempre refutó el testimonio de Eunicio Pineda, un campesino de Yarumal, quien entre 1993 y 1994 trabajó en la finca El Buen Suceso, colindante con la hacienda La Carolina, propiedad de Uribe Vélez. De acuerdo con Pineda, dentro del grupo armado Santiago Uribe sería conocido con el alias del Abuelo. No obstante, Granados insistió todo el proceso que Pineda tiene esquizofrenia y no se puede confiar en su testimonio. Esta versión fue descartada por Medicina Legal, entidad que certificó que, si bien Pineda tiene su salud mental comprometida, su testimonio es verosímil.
Este diario también le preguntó a la seccional de Antioquia del Consejo Superior de la Judicatura para que le informara si el juez Herrera había solicitado una descarga laboral para emitir el fallo del caso Santiago Uribe y si este fue concedido. Sin embargo, al momento de esta publicación no hubo respuesta. Así las cosas, mientras que el juzgado que debe decidir si Uribe Vélez es culpable o inocente sigue con el expediente embolatado y asegura que el crimen no da tregua y que ha sido “humanamente” imposible emitir una decisión, las víctimas sostienen que ya deberían conocer una decisión de fondo.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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