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En medio de la tensión creciente entre Bogotá y Washington, que se ha incrementado durante el epílogo de la administración del presidente Gustavo Petro, y que también cuenta con una alta carga de pugnacidad desde la Casa Blanca, esta semana arriban al país congresistas estadounidenses y un funcionario de alto rango de ese país. Si bien su llegada tiene motivaciones más allá de lo diplomático, todo coincide con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay y la confirmación de un magnicidio en Colombia luego de tres décadas de esquivar ese tipo de noticias.
Además, desde la Oficina Oval está por darse el veredicto sobre si la Casa de Nariño cumple o no los parámetros exigidos para certificar su lucha contra el narcotráfico, pero la proliferación de organizaciones criminales pese a la llamada paz total y el aumento de los cultivos de uso ilícito –que ya superan las 260.000 hectáreas–, entre otros puntos, tienen al Ejecutivo colombiano analizando los impactos de los escenarios más negativos.
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Por eso puede ser determinante lo que viene a hacer en territorio nacional, así su agenda contenga lineamientos diversos, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, una ficha de la administración del presidente republicano, Donald Trump, quien puede informar lo que se ve en materia de combate al crimen, algo que el presidente estadounidense ha criticado con dureza.
Cuando El Espectador consultó con fuentes en Bogotá y Washington sobre el motivo de esa visita, la información es difusa. Por un lado, Landau aseguró que llega para estar en las honras fúnebres y el sepelio de Uribe Turbay, previsto para después del mediodía de este miércoles en el Cementerio Central de Bogotá, pero lo informó lanzando dardos contra el presidente Petro y algunos aspectos de su Gobierno.
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En efecto, durante un diálogo que sostuvo con Donald Trump Jr. –uno de los hijos del republicano que por segunda vez está comandando la Casa Blanca–, el funcionario advirtió que ve con “preocupación” lo que sucede en Colombia y la forma en que sectores de oposición de derecha terminan siendo atacados por diversos estamentos; eso lo dijo, en todo caso, sin mirar el contexto histórico que tiene el país. Petro, desde una ceremonia de oficiales de la Policía, le respondió este martes diciendo que “me insultó” y que, aunque podría, no impidió su ingreso al país: “No somos iguales que ellos”.
Fuentes del alto Gobierno aseguraron que a Landau –quien tuvo parte de su formación académica en Colombia– no se le extendió ningún tipo de invitación oficial para los homenajes póstumos al asesinado senador y precandidato del Centro Democrático, por lo que no se trata de funerales de Estado o espacios de diálogo diplomático. Pero sí precisaron que se está en la disposición de facilitar lo que se requiera.
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En medio de esos cruces, también se llegó a ventilar la posibilidad de que el director de la DEA, Terrance C. “Terry” Cole, incluyera a Colombia en un desplazamiento que también tenía otra escala en México, pero por decisiones de la política interna de Estados Unidos eso se habría aplazado.
Pero el hecho de pensar en Cole se dio justo cuando faltan menos de tres semanas para que Washington diga si certifica o no al Gobierno del presidente Petro en el combate a los narcotraficantes. Desde la administración del liberal Ernesto Samper (1994-1998) no se ha registrado un escenario negativo para el país en ese sentido, pero ahora las cosas parecen ir de nuevo en esa vía.
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Si bien los detalles de esa posible agenda se mantuvieron en reserva, y nunca fue claro si habría diálogo con el jefe de Estado colombiano, eso estuvo precedido por otro dardo de Trump, quien dijo que –según él– Bogotá es una de las ciudades más peligrosas del mundo, a lo que le contestó Petro, vía redes y en la ceremonia policial de este 12 de agosto, asegurando que, contrario a esa visión, en la capital colombiana sí hay seguridad y no mueren niños de hambre; ratificó que no comparte la política antidrogas de Trump.
Pero, además, la prensa estadounidense informó hace una semana que el magnate republicano había firmado un documento autorizando las operaciones en el exterior contra las organizaciones que califique como terroristas y que desde su óptica representen riesgos para la seguridad de esa potencia. Eso hizo que entrara en juego el factor Venezuela, pues el régimen de Nicolás Maduro está en listados de esa naturaleza y, de hecho, contra el líder de la dictadura del Estado vecino se ofrecen hasta 50 millones de dólares de recompensa por sus nexos con el narcotráfico y grupos terroristas internacionales.
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Eso motivó a que Petro cerrara filas en torno a la soberanía del territorio dominado por el régimen y en varios mensajes dijera que Colombia no respalda intervenciones extranjeras en América Latina sin previos acuerdos y que, además, desde su postura se puede afirmar que Maduro y su administración sí han ayudado a combatir el narcotráfico en la frontera, especialmente el que lideran el ELN y varias de las disidencias de las FARC que tienen presencia binacional. Esto, por supuesto, le ha valido críticas de la oposición por tratarse de un gobierno no reconocido y que se volvió a imponer a través del fraude electoral.
En este contexto también están los señalamientos del secretario de Estado, Marco Rubio, hacia el presidente Petro por considerarlo una persona que actúa desde su ideología de “extrema izquierda” en contra del pueblo colombiano; y, de paso, los dardos del jefe de Estado colombiano a ese funcionario estadounidense a quien llegó a señalar de un supuesto complot para presuntamente afectar su mandato, tema por el que luego tuvo que retractarse.
En medio de este panorama es que, además, esta semana el país verá el arribo de una comisión de congresistas estadounidenses que lideran el republicano Bernie Moreno y el demócrata Rubén Gallego, ambos con raíces en Colombia. Si bien su visita estaba confirmada desde hace varios meses, y fue ratificada tras un viaje de legisladores colombianos a Washington en marzo pasado, también se da en el contexto del magnicidio de Uribe Turbay y cuando el Capitolio estadounidense debate asuntos de cooperación claves para Bogotá.
Y aunque al cierre de esta edición no estaban confirmados todos los acompañantes de Moreno y Gallego, sí era un hecho que la denominada “codel” (congressional delegation) con la que organizaban todo la integrarían legisladores interesados en llevarse información sobre inteligencia, seguridad y defensa y el uso de los presupuestos que aprueban para ayudas, con el fin de adoptar decisiones que caminan en paralelo con el proceso sobre la posible descertificación.
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Lo que se sabe es que habrá encuentros con congresistas, mandatarios regionales y empresarios colombianos, que se realizarán en Cartagena y Bogotá. Además, se tiene prevista una cita con el presidente Petro el próximo viernes, aunque está por confirmarse. Eso sí, en Colombia se habla de que el republicano Moreno se vería con allegados del condenado expresidente Álvaro Uribe –no se descarta que sea incluso con el exmandatario–, mientras que el demócrata Gallego esquivaría esos escenarios.
Todo esto sucede en momentos en que suben constantemente los decibeles de la polarización de la campaña por las elecciones de 2026, con un presidente buscando reelegir a la izquierda y una derecha intentando recuperar el poder, y cuando el país intenta tramitar el magnicidio de Uribe Turbay, un tipo de crimen que no se veía desde hace tres décadas cuando –en 1995– fue asesinado el conservador Álvaro Gómez Hurtado. La expectativa por el periplo de los estadounidenses y las acciones de la Casa de Nariño es creciente.
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