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El asesinato de Miguel Uribe nos ha hecho recordar la muerte de los candidatos presidenciales durante la campaña para la elección de 1990. Y la violencia política contra la UP y los niños sicarios de la mafia que marcaron una época de terror y asombro: ¿Volvimos a esos tiempos? ¿El Estado es tan impotente para proteger a los principales actores políticos? ¿Pueden los grupos criminales retar al Estado y la sociedad?
Es normal que el triste lazo con el asesinato de su madre a manos del Cartel de Medellín nos lleve a esa asociación automática y facilista. Pero los contextos entre los años de esos crímenes y el momento homicidio de Miguel Uribe son completamente distintos.
Tiene razón el presidente Petro en el trino en el que lamentó la muerte de Miguel Uribe: “La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas… hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos”. El presidente, tan acostumbrado a las hipérboles con nuestra violencia, eligió un tono que reconoce el progreso del Estado más allá del ejercicio de culpas partidistas.
Un libro brutal publicado en 2019 por María Elvira Samper nos deja clara la dimensión de las amenazas pasadas. 1989 se llama el libro que recoge una cronología de plomo, sangre y pólvora de ese annus horribilis. Hice el ejercicio de mirar qué pasó entre el 7 de junio y el 11 de agosto de ese año, días entre el atentado a Uribe Turbay y su muerte. El 7 de junio aparece la noticia del entrenamiento de los paramilitares por Yair Klein. Lo recibieron un oficial retirado del ejército, el alcalde de Puerto Boyacá, agentes del DAS, el jefe de brigada en el Magdalena Medio. El 4 de julio es asesinado Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, un carro bomba estalló al paso de su vehículo acompañado por tres escoltas. La bomba iba dirigida al comandante de la policía Antioquia, el Coronel Valdemar Franklin Quintero. Su muerte solo se logró posponer mes y medio, lo mataron el mismo día que a Galán. El 28 de julio es asesinada María Helena Díaz, jueza tercera de orden público, que investigaba las masacres de Honduras y La Negra en Urabá. El 4 de agosto el ejército y la policía frustraron un plan para asesinar a Luis Carlos Galán. Le iban a disparar dos rockets en su camino a la Universidad de Medellín.
Fueron días tranquilos para el año en el que hubo más de 120 atentados con bombas, incluidas la de DAS, El Espectador y Vanguardia Liberal, volaron el avión de Avianca con 107 personas a bordo, mataron a tres candidatos presidenciales, asesinaron a un árbitro y fue cancelado el campeonato profesional de fútbol y se ejecutaron las masacres de Honduras, La Negra y Mejor Esquina donde murieron 56 personas. El gobierno lo tenía claro: “Colombia, oígase bien, está en guerra. Esto no es una simple expresión retórica”, dijo el presidente Barco en alocución presidencial. Pero el Estado no tenía suficiente para ganarla: “Se hizo lo que se pudo con lo que había, que era muy poquito”, dice César Gaviria, ministro de Gobierno de Barco, ante una pregunta de María Elvira Samper sobre la manera posible de enfrentar los desafíos de la guerra contra los carteles, el enfrentamiento entre esmeralderos, la infiltración de los narcos en el ejército y la policía, el crecimiento de los paras y las ofensivas de las FARC y el ELN.
Sin duda ahora hay más Estado, posibilidades de cooperación institucional, una constitución que inspira respeto, dos grandes desmovilizaciones con innegables efectos positivos y una ilegalidad más acotada en sus alcances y su influencia social e institucional. El asesinato de Uribe Turbay es un campanazo, un golpe de realidad para el país, pero Colombia tiene 35 años de experiencias, lecciones, errores y fortalezas para pensar su presente.
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