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Los 18 militares colombianos presos en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en junio de 2021, volvieron a la agenda pública esta semana por cuenta de un escándalo de una supuesta estafa a sus familias. Al parecer, una organización de la que formó parte Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, habría pedido dineros para ayudar a los colombianos detenidos en el país caribeño, pero no habrían realmente hecho nada. Aunque la organización aseguró que devolverá los dineros, las familias quedaron con la zozobra de no saber realmente en dónde y en qué condiciones están los militares. El Espectador indagó con las autoridades de ese país y averiguó el estado actual de los colombianos.
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Hace exactamente un mes, en Puerto Príncipe, la capital de Haití, se dio una fuga masiva de presos del penal de esa ciudad, donde también estaban privados de la libertad los colombianos. Durante el caos de esa noche de sábado, según relatan autoridades y familiares de los militares, los colombianos permanecieron en el centro penitenciario por miedo a ser asesinados por bandas criminales de ese país. Por seguridad, las autoridades haitianas los trasladaron al edificio de la Policía Judicial en la misma ciudad, el cual queda en las cercanías del aeropuerto internacional Toussaint Louverture. El 3 de marzo de este año, fue el último día en el que las familias tuvieron noticias de los militares.
Milena Carmona, esposa del subteniente (r) Jheyner Carmona, detenido en Haití, le aseguró a este diario que el día de la fuga masiva pudo hablar con el militar por última vez. “Un policía le dio un celular y le dijo que se cuidara mucho y que llamara a su Gobierno y a su familia, y el policía se fue y lo dejó solo, al igual que a sus compañeros. Las bandas estaban disparando indiscriminadamente y ellos lo que hicieron fue cerrar las puertas del penal para poder salvaguardar sus vidas”, manifestó Carmona. Otros familiares de los colombianos que hablaron con este diario aseguraron que lo último que supieron de ellos fue que los trasladaron al Centro de Policía Judicial (DCPJ).
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Ese lugar para los familiares tiene una connotación especial, porque según manifiestan, es donde “la Policía haitiana los torturó, los mancilló y les hicieron los peores vejámenes habidos y por haber. Allá las condiciones son peores, peor que en la penitenciaria”. En diálogo con El Espectador, la cónsul de Colombia en Puerto Príncipe, Vilma Velásquez, dio a conocer la condición actual de los militares y los problemas que se han presentado en ese país, para que la diplomacia colombiana tenga mayor acceso a ellos. Además, expuso los motivos por los cuales la situación judicial de los colombianos es confusa.
Cuando ocurrió la fuga masiva de la cárcel de Puerto Príncipe, aseguran la diplomática y los familiares de los militares, surgió el rumor de que se habían expedido boletas de libertad para los colombianos. “Ese día hubo mucha confusión, desespero. Uno de los comisarios del penal llegó temprano a verificar la situación, porque ellos no escaparon, y le manifestó al grupo que había unas boletas de libertad y que ese comisario tenía que entregarlos a ellos a un representante de Colombia”, dijeron las familias de los militares. Inmediatamente, se comunicaron con la cónsul Velásquez para que se presentara y recibiera las supuestas boletas que dejarían en libertad a los colombianos en medio de la crisis de orden público en ese país.
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Según la cónsul Velásquez, “ese rumor de que los iban a soltar, les iban a dar la libertad y que teníamos que ir allá, apareció el día de la fuga de los otros presos”. En medio de la confusión, la cónsul asegura que habló por teléfono con los militares y que le dijeron de los rumores. “Yo llamé inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y traté de averiguar, pero me dijeron que si hubiera pasado algo la primera notificada hubiera sido usted cónsul, mientras a usted no la notifiquen no hay nada, es mentira”, manifestó Velásquez. Aun así, las familias manifiestan que las autoridades haitianas “querían entregarlos como para deshacerse de ellos, pero tenía que ser con algún representante del gobierno colombiano”.
De acuerdo con familiares de los uniformados, la Cancillería les solicitó información para tramitar unos pasaportes de emergencia para que regresaran al país lo antes posible. “A mi me avisaron que enviara toda la información y foto de cada uno de ellos a la señora Vilma Velásquez y a la Cancillería en Colombia (…) Entonces yo organicé un archivo con todo lo que me pidieron, toda la información que debe contener un pasaporte”, señala Carmona. No obstante, desde la cartera de Relaciones Exteriores le respondieron que esa documentación respondía a un trámite informativo y “por si en algún momento se llegaba a necesitar”, y no precisamente para gestionar la salida inmediata de los militares del país caribeño. “¿Para qué piden una información si no se necesita?”, se cuestiona la esposa del militar.
Otros familiares manifiestan que desde la Cancillería, incluso, les dijeron que en la oficina de la cónsul Velásquez estaba la impresora para fabricar los pasaportes de emergencia, una afirmación que no es del todo clara. Consultada por este diario, la diplomática, respecto a este caso, indica que desde su despacho se le dijo a las familias que este tipo de documento se hace una sola vez y que si llegaban a necesitarlo “no se preocuparan”. “Si hubiera una cosa de que se evacua o alguna cosa, lo que les dije es que eso se podría hacer, pero nada más”, precisa Velásquez.
La diplomática le confirmó a este diario que los militares colombianos permanecen en el Centro de Policía Judicial (DCPJ), pero que ha sido casi imposible tener información constante sobre ellos, y que no han podido ir a visitarlos. “Esta zona ha sido muy atacada desde hace tres semanas, no hay aeropuerto (zona donde queda el DCPJ), puesto que hay constantes ataques de las bandas muchas veces en el día”, manifiesta. Además, la funcionaria colombiana dijo que hay un fallo del 25 de enero de este año, de un juez de Instrucción del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, en contra de los militares, por los delitos de complicidad y asociación delictuosa en el asesinato del presidente Jovenel Moïse.
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De acuerdo con la cónsul Velásquez, aunque han tratado de apelar el fallo en contra de los colombianos, no ha sido posible por la situación de orden público en Puerto Príncipe. “La apelación tenía una fecha límite, que se puede confirmar con las familias, pero el tribunal estaba cerrado. Las familias me entregaron un documento para que yo se lo hiciera llegar al Ministerio de Justicia de Haití para explicar por qué no hemos podido apelar”, asegura la diplomática. También, manifiestan que los documentos para tratar de revocar la decisión de la justicia haitiana se presentaron de manera virtual y “se les puso en contacto con un abogado que habla español”, para que atienda el caso directamente en Haití.
Por ahora, el caso sigue en vilo en los estrados haitianos que se mantienen congelados por la presión armada de las bandas criminales en la capital del país caribeño. Desde Colombia, las familias esperan que la Cancillería intervenga a favor de los militares, ya que, según dicen, el gobierno colombiano se ha limitado a lo mínimo y no ha ido más allá para buscar la libertad de los connacionales. Desde el Ejecutivo insistente en que es poco lo que pueden hacer por los detenidos en este momento en el que el caos reina en Haití y que la representación colombiana en ese país permanece de manos atadas.
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