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A menos de dos meses de que se cumplan los primeros dos años de su creación (4 de enero) y de que termine oficialmente la vigencia fiscal del 2024, el Ministerio de Igualdad y Equidad, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez, no despega. Así lo evidencian sus cifras de ejecución presupuestal, el avance en las metas de varios programas y la incertidumbre que despertó la sentencia de la Corte Constitucional que tumbó la ley que le dio vida; otorgándole al Gobierno un plazo de dos legislaturas para subsanar los errores de viabilidad fiscal en un nuevo proyecto que aún no se ha radicado.
La cartera tampoco ha logrado resolver las dudas de sectores políticos y sociales que cuestionan la cantidad de recursos que le han sido asignados en los últimos dos años (más de $2 billones), así como la aparente duplicidad de funciones con otras entidades del gobierno de Gustavo Petro. Por esa misma razón, el tema se ha convertido en un caballito de batalla de la oposición y sectores independientes críticos del Gobierno, que en estos dos años han llamado a la ministra Márquez a 19 debates de control político, de los cuales más de la mitad han estado enfocados en los problemas de funcionamiento del ministerio.
El más reciente intento de poner contra las cuerdas a Márquez se llevó a cabo este martes, con un ingrediente adicional, la citación de Laura Sarabia, mano derecha de Petro como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y a quien le piden aclarar si la entidad que maneja está haciendo lo mismo que la de la vicepresidenta y otras como el Ministerio del Interior y el Departamento de Prosperidad Social.
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Ambas llegaron en horas de la tarde a la plenaria del Senado, pero más allá de algunos saludos cordiales con los congresistas, no tuvieron espacio para defender sus gestiones sino hasta altas horas de la noche, ya que, aunque el debate fue citado a las 11:00 de la mañana, se corrió más de siete horas por la discusión del proyecto que pide revivir el transfuguismo, que a propósito es impulsado ampliamente por el oficialismo. Cuando los citantes, Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) y Jota Pe a Hernández (Alianza Verde) expusieron sus quejas, las funcionarias ya habían abandonado el recinto.
El Espectador accedió a los cuestionarios y respuestas del debate y encontró los lunares de la nueva cartera por los cuales algunos integrantes de la oposición, como el senador David Luna, también de Cambio Radical, incluso hablan de quitarle al sector Igualdad los cerca de $3,4 billones que no han invertido, esto para destinarlos a la atención de las emergencias por inundaciones en todo el país.
La ejecución del Ministerio de Igualdad sigue estancada
La principal pregunta de los congresistas citantes y en general de varios sectores sociales es por qué no se ven los resultados del Ministerio de Igualdad. La respuesta rápida estaría en el hecho de que los recursos no han llegado a las regiones. De acuerdo con los documentos conocidos por este diario, la entidad tiene una apropiación, para este año, de $1,59 billones, de los cuales solo tiene obligados cerca de $24 mil millones. Así las cosas, el ministerio que según el Gobierno cerrará las brechas de desigualdad poblacional y territorial, ha ejecutado menos del 2 % de su presupuesto.
La situación genera más preocupación si se revisan los datos de 2023: un presupuesto de $500.000 millones y menos de $3.000 millones obligados. Además, en ambos casos, los montos ejecutados corresponden únicamente a funcionamiento; es decir, a los recursos que paga el ministerio por concepto del salario de sus empleados o la adquisición de bienes y servicios, entre otros rubros.
Con este panorama, la inversión parece seguir estancada y el principal efecto recae sobre los programas sociales. Por poner un ejemplo, Jóvenes en Paz, bandera de Petro y Márquez para alejar a los jóvenes de la violencia y la criminalidad, tiene asegurados cerca de $172.000 millones para su funcionamiento en 2024, pero hasta el momento solo cerca de 3.400 jóvenes han firmado acuerdos de corresponsabilidad. La meta de impacto positivo de Jóvenes en Paz va en un 9 % para este año.
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El problema parece radicar en que los programas (22 en total, de los cuales siete fueron priorizados en el Plan de Desarrollo) siguen en etapa de estructuración. La apuesta Agua es Vida, que prometió llevar acueductos a los municipios de regiones marginadas y excluidas, solo hasta julio de este año vio una primera luz cuando se firmó una resolución conjunta para su regulación, pero el giro de los recursos permanece aplazado.
En este punto, el ministerio y su jefa responden a varios de los cuestionamientos. Según explican, los trámites para crear legalmente la entidad han sido difíciles. “Es la primera vez, desde hace 100 años, que no se creaba un Ministerio desde cero”, señalaron desde la cartera a los congresistas citantes al debate de control político.
“En este marco, al Ministerio, si bien se le trasladaron funciones de otras entidades para evitar duplicidad de funciones, no se le trasladaron programas, proyectos, fondos o plantas de personal. Por ello, se ha tenido que construir cada instrumento con el trabajo continuo del equipo que apoyó desde la Vicepresidencia de la República, y en los últimos meses, con el personal propio del Ministerio de Igualdad y Equidad”, explicaron.
Mediciones recientes, como el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos, señalan que estos malos resultados dejan al Ministerio de Igualdad como la entidad peor calificada del Ejecutivo.
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Oposición denunció “embeleco burocrático”
Para los congresistas, tales fallas en la ejecución de inversión contrastan con el nombramiento de cientos de funcionarios en los últimos meses. De acuerdo con la información oficial, la cartera fue creada con 744 cargos para su planta y, a la fecha, ya se han provisto 397 de estos. Del total, 27 están en puestos directivos y 36 como asesores, con salarios que superan los $10 millones mensuales.
Para el senador Motoa, el control político, precisamente, tuvo como objetivo demostrar que la creación del ministerio fue “un embeleco burocrático que solo tenía como interés satisfacer el apetito de los sectores políticos cercanos al presidente Gustavo Petro”. Para el citante, los nombramientos no han contribuido a cumplir las funciones de la entidad, entre las que está la promesa de construir seis políticas públicas para el cierre de brechas en Colombia.
“Este es un ministerio fallido desde su concepción, no le ha servido en nada al país, representa un gasto impresionante sencillamente en burocracia, en derroche. La gente necesitada, a la que se le prometió la reducción de la desigualdad, no ha recibido ningún beneficio (…) son otros los que viven sabroso, como lo demostraremos con el caso de la ministra Francia Márquez”, dijo “Jota Pe” Hernández.
Para ambos citantes, genera aún más interrogantes que las directivas del Ministerio de la Igualdad hayan pedido $1,9 billones de presupuesto para la vigencia 2025, de los cuales, hasta el momento, tendrían asegurados cerca de $1,3 billones.
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Y es este punto del dinero el que ha avivado la discusión sobre la posible duplicidad de funciones entre la cartera y otras entidades, pues al Congreso le preocupa que dos instancias estén gastando en apuestas similares, sin coordinación ni resultados. En el debate, los senadores preguntaron, por ejemplo, cuáles son las diferencias entre la Dirección de Adolescencia y Juventud del ICBF y el recién creado Viceministerio de la Juventud.
Para los citantes, ambas oficinas chocan en su misionalidad, pero la cartera respondió que “el Instituto no opera como formulador de políticas públicas, sino que su competencia se concentra en la operación de planes, programas y proyectos para la prevención y protección integral de la adolescencia”. Lo mismo ocurriría, según explican, entre el Grupo de Trabajo de Enfoque de Género y Diversidad del Ministerio del Interior y el Viceministerio de las Diversidades, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías de la misma cartera y el Viceministerio de Pueblos Étnicos y Campesinos; y la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras también del Mininterior y el Viceministerio de Pueblos Étnicos.
El Dapre, bajo la batuta de Laura Sarabia, explicó que la entidad cumplió con la eliminación de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Consejería Presidencial para la Juventud, para que el nuevo ministerio asumiera sus competencias; sin embargo, informó que la mayoría de funcionarios de dichas dependencias fueron reubicados en otras oficinas de la Casa de Nariño.
Al final de la sesión, en el aire quedaron varias preguntas más, como la de qué ha pasado con el rediseño institucional para no duplicar funciones con entidades como Prosperidad Social o el Ministerio de Agricultura. Por otra parte, varios congresistas hablaron de una sensación de incertidumbre ante la posibilidad de que muchos funcionarios pierdan sus empleos si finalmente la cartera de Igualdad no corrige los errores resaltados por la Corte. El Ministerio anunció que espera tener el texto radicado antes de finalizar 2024.
Las respuestas de Francia Márquez y Laura Sarabia
Tras las intervenciones de los citantes Motoa y Hernández, esta última con agarrón incluido con los senadores del Pacto Histórico, las dos funcionarias entregaron sus puntos de vista. La vicepresidenta insistió en lo que ya ha dicho en otros escenarios, que podría resumirse básicamente en que el ministerio continúa trabajando en la estructuración de los programas y que han encontrado dificultades técnicas en el camino.
“No siento ninguna vergüenza, me siento orgullosa del trabajo que he podido realizar como ministra de Igualdad y la Equidad”, fue una de las frases de Márquez que más llamó la atención. La vicepresidenta, además, dijo que la ejecución de su cartera es del 25 % y que en total un 32 % está en etapa de contratación. Así mismo, pidió no estigmatizar programas como el de Jóvenes en Paz.
Sarabia, por su parte, negó cualquier duplicidad entre las funciones de la Presidencia y el Ministerio de la Igualdad y agregó que solo respondería por la entidad que representa. Según explicó, se realizaron debidamente los empalmes para evitar el choque de competencias. En cuanto al reintegro de funcionarios, dijo que no fue posible el traslado al Ministerio porque, por ley, no se les podía cambiar sus condiciones salariales.
Eso sí, la directora del Dapre dijo que sí deben mejorar la ejecución de los ministerios y que esa es la instrucción del presidente Petro. “Pero no por ustedes, señores congresistas, sino por que la gente en los territorios nos los están exigiendo”, agregó. Finalmente, los citantes no estuvieron de acuerdo con las respuestas y pidieron agendar otro debate.
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