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Daniel Mendoza, creador de Matarife, “una puesta en escena artística y cinematográfica”, según sus palabras, recibió hace unos días con algo de furia y alegría, confusión y certezas, el fallo de la Corte Constitucional que resolvió una tutela interpuesta por Álvaro Uribe para proteger su derecho a la honra, el buen nombre, la presunción de inocencia y la dignidad humana. Mendoza dice que el fallo deja intacto el contenido de la serie y que solo obliga a rectificar tres aseveraciones que constituyen el 0,1 % de su trabajo investigativo de tres temporadas. Pero unos minutos después asegura que el pronunciamiento de la Corte lo insulta y lo agrede, y que es un fallo bipolar. Vale decir que su reacción también tiene algo de ese mal con que se celebra y se grita de indignación en un mismo arrebato.
La Corte diferencia información y opinión en la serie y deja claro que a la libertad de opinión no le es aplicable una carga de imparcialidad y veracidad. Es más, afirma que “las opiniones equivocadas y parcializadas gozan de la misma protección constitucional que las acertadas y ecuánimes”. Los discursos de odio y el ciberacoso son los únicos límites a esa libertad de expresar convicciones íntimas. De otro lado, el fallo ampara el trato peyorativo al expresidente (“genocida”, “narcotraficante”, “paramilitar”), toda vez que no son aseveraciones sobre la comisión de delitos sino “herramientas retóricas para (…) resaltar el reproche y desacuerdo” frente a conductas que se consideran abusivas o ilegales.
El fallo, efectivamente, le ordena a Mendoza rectificar varias de las afirmaciones que constituyen el centro de su ejercicio de investigación pegado con unos hilos rojos en un tablero y la absoluta certeza del resultado al que se llegará. Debe rectificar, entre otras cosas, la aseveración según la cual Uribe fue el determinador de las muertes de Lara Bonilla, Jaime Garzón y Guillermo Cano. Igualmente, la narración que afirma que el expresidente lleva 30 años ejecutando crímenes y que armó un aparato organizado de poder, “una empresa de la muerte”, conformada por paramilitares, políticos, medios de comunicación, terratenientes y bandas de sicarios.
Leyendo la sentencia es claro que Mendoza no tiene nada que celebrar. La Corte le dice que posiblemente muchas de sus denuncias son inexactas y resultan siendo falsas. Agrega que varias veces, cuando mezcla información y opinión, el autor de Matarife incumple las condiciones de veracidad e induce a error a la audiencia, y que hace aseveraciones “deliberada y abiertamente falsas”. En últimas, cuando Mendoza intenta informar pegando archivos miente de manera deliberada y debe rectificar las principales afirmaciones de la serie, y cuando opina tiene la protección constitucional amplia que implica ese ejercicio de la subjetividad.
Ni Uribe ni Mendoza tienen mucho que celebrar con la sentencia. El primero, porque no se obliga al retiro de la serie y del grueso de los trinos de su autor al promocionarla. Además, Mendoza podrá seguir difundiendo Matarife sin una restricción legal. Y el segundo, por la claridad del fallo al diseccionar esa “investigación” y dejar patentes sus falencias como documento para buscar una verdad compleja más allá de las diatribas. Tal vez por eso Mendoza habla de la serie como un ejercicio para “entender la verdad”, una verdad diáfana, a la vista, que él entendió antes que nadie y que nos explica de una manera sencilla y exaltada. Una verdad solo suya. Lo que debemos celebrar es la libertad de expresión en Colombia, que da amparo a Mendoza y a sus furores de héroe conspiranoico vestido con la capa de la megalomanía.
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