Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Durante la noche del lunes, incluso antes de que empezaran las negociaciones, la COP29 tuvo su primer resultado. Se trata de la regulación para crear un mercado global de créditos de carbono, un mecanismo con el que empresas y Estados han buscado compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero, culpables del calentamiento global.
“Ayer, las partes (los países) alcanzaron consenso en los estándares del artículo 6.4 del Acuerdo de París”, anunció Yalchin Rafiyev, ministro de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán, durante la primera rueda de prensa sobre los avances de la conferencia.
Pero, no todas las delegaciones que están en Bakú, ciudad anfitriona de la COP29, recibieron con agrado la noticia, como aseguró Rafiyev. Susana Muhamad, ministra de Ambiente de Colombia, dijo a su llegada al estadio olímpico de la ciudad, donde se llevan a cabo las negociaciones, que estos son “negocios con los que hay ser muy cuidadosos”. También, según el Earth Negotiations Bulletin, el representante de Tuvalu, un país insular de Oceanía, no estuvo de acuerdo con que la decisión se diera en la plenaria de apertura y aseguró que esta “no refleja el proceso impulsado por las partes en el marco del Acuerdo de París”.
Los dos documentos que se aprobaron contienen las reglas para diseñar metodologías y garantizar que estos créditos funcionen. Entre otras cosas, definen los estándares para medir la captura de CO₂ de estos proyectos, verificar que sus resultados sean reales y monitorear que se mantengan en el tiempo. Ahora, los países tendrán que ponerse de acuerdo en cómo pondrán en marcha estas nuevas reglas. Sin embargo, algunas de las personas que han analizado ese mercado están preocupados, pues no tienen certeza de si serán efectivas o, por el contrario, se están repitiendo algunos errores del pasado.
Un mercado con varios peros
Sobre el mercado de carbono se empezó a hablar desde 1997, cuando se firmó el Protocolo de Kyoto. Se formalizó a nivel internacional en 2015, cuando se incluyó en el artículo 6 del Acuerdo de París, donde, entre otras cosas, se estableció la meta no sobrepasar los 1,5 °C de temperatura promedio anual (respecto a los niveles preindustriales). Para eso, es necesario que los países reduzcan sus emisiones contaminantes en cerca de un 50 % para 2030, y los mercados de carbono se plantearon como una alternativa para cumplir con ese compromiso.
Entonces, se creó algo que se conoce como mercados voluntarios de carbono, en el que participan, principalmente, empresas. “La idea es dejar que los privados lo regulen, que diseñen las metodologías y hagan todos los procesos, desde la generación del proyecto, hasta la venta del certificado de carbono”, explica Sebastian Lema, director de mercados de carbono del Centro de Políticas de Aire Limpio (CCAP, por su sigla en inglés), un grupo internacional de expertos en temas relacionados con el cambio climático. Pero, esto no salió bien y actualmente hay “una crisis en el mercado”, añade.
Hilde Stroot, líder de políticas de Justicia Climática de Oxfam Internacional, dice que la lista de problemas que han llevado a esa crisis va desde “créditos que en realidad no reducen emisiones, que se relacionan con violaciones de derechos humanos y algunos casos en los que los créditos provienen de bosques en los que las comunidades locales fueron desplazadas o excluidas de la toma de decisiones”.
Un ejemplo reciente de esto se dio en julio, cuando la Corte Constitucional de Colombia falló por primera vez en un caso sobre créditos de carbono. El tribunal amparó los derechos de las comunidades indígenas del territorio Pirá Paraná, en la Amazonía, al considerar que “los particulares involucrados no adecuaron los instrumentos jurídicos de manera respetuosa de estándares internacionales y nacionales sobre derechos humanos, (…) no se logró un verdadero consentimiento libre, previo e informado de esta población indígena”.
Por eso, los países habían estado discutiendo durante los últimos años la creación de los estándares globales para garantizar que los mercados de carbono funcionaran efectivamente. Aunque una de las prioridades era terminar la COP29 con un acuerdo, la presidencia de la conferencia, en cabeza de Azerbaiyán, se anticipó y presentó la decisión en la plenaria.
La decisión no se dio, como es usual en las cumbres de cambio climático, con el acuerdo de las 198 delegaciones, sino que se presentó como una recomendación sobre la que “tomarían nota” para discutir cómo ponerla en marcha durante las negociaciones. En otras palabras, “en lugar de necesitar consenso para adoptar los documentos, ahora se necesitaría consenso para rechazarlos, haciendo más difícil para las partes expresar desacuerdo. Creemos que esto fue por el interés de la presidencia en tener este resultado listo desde el primer día”, según Isa Mulder, experta de Carbon Market Watch (CMW), una organización que investiga este tema, y que participa como observadora en la COP29.
¿Cómo no repetir los errores del pasado?
Muhamad, ministra de Ambiente, cree que los mercados de carbono son un mecanismo para “exportar las reducciones de emisiones para que sean cuantificadas en otros países” y que esto podría alejar a Colombia de cumplir con sus propias metas de mitigación del cambio climático. Aun así, reconoce que hay sectores en los que podrían ser útiles, como en proyectos de energías renovables, pero que es necesario “ser muy muy buenos negociadores para sacarle provecho”.
En ese sentido, los documentos aprobados y lo que termine de negociarse el 22 de noviembre en Bakú podría ser clave para definir las reglas a nivel nacional en Colombia, algo que también pidió la Corte Constitucional en su sentencia sobre el territorio Pirá Paraná. Sin embargo, hay algunos elementos de esos documentos que generan inquietud. El documento de los estándares para el diseño de metodologías “contiene varias disposiciones que creemos pueden garantizar metodologías adecuadas o, al menos, evitar problemas graves”, asegura Mulder, de CMW.
El segundo documento también genera varias preocupaciones. En este se define, entre otras cosas, qué pasa si se vende un crédito de carbono con un proyecto en un bosque y este se tala o se quema por un incendio años después. “El carbono que se contabilizó como capturado se va a liberar a la atmósfera”, señala la investigadora. Para ella, en el texto no se indican sanciones claras para quienes incumplan el monitoreo posterior a la venta del certificado ni se estipula explícitamente por cuánto tiempo deben cumplir esa labor.
Con los nuevos estándares, los expertos creen que los mercados de carbono podrían salir de la crisis en la que han estado en los últimos años y eso puede crear un incentivo problemático. Los países en desarrollo, que tienen pocos recursos para financiar sus acciones de mitigación al cambio climático, “terminan aceptando estas condiciones simplemente porque no ven otra alternativa”, apunta Stroot, de Oxfam Internacional.
En los pasillos de las negociaciones de la nueva meta de financiamiento climático, el principal objetivo de la COP29, hay otro temor: que la plata que los países desarrollados inviertan para comprar reducciones en sus propias emisiones se cuente también como parte de la plata que se han comprometido a aportar para que los países en desarrollo cumplan sus metas de mitigación de cambio climático.
Esto, dice Stroot, “es injusto y esperamos que se mantengan como temas separados, ya que los mercados de carbono son un mecanismo de comercio, mientras que el financiamiento es una cuestión de responsabilidad de los países desarrollados por el daño causado ocasionando el cambio climático”.
🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜
Conoce más