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El pasado martes 12 de noviembre, el gobierno del presidente Gustavo Petro anunció, a través de la resolución 453 de 2024, una promesa que había adelantado hace más de un mes: el nombramiento como gestores de paz de algunos exlíderes paramilitares para que hagan parte de la apuesta de paz total. Si bien son 18 nombres lo que aparecen en ese listado, incluyendo algunos de alto calibre de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, Ramón Isaza, Rodrigo Tovar o Carlos Mario Jiménez, uno de ellos ha llamado la atención, pues luego de ser aceptado en Justicia y Paz fue expulsado de esa jurisdicción por seguir en la vía del crimen, ligado principalmente a delitos sexuales contra menores.
¿Quién es Hernán Giraldo Serna alias ‘Taladro’?
Se trata de Hernán Giraldo Serna, de 76 años, quien también es conocido bajo el alias de El Loco o Taladro. El exjefe paramilitar volvió a Colombia en enero de 2021, luego de cumplir una condena de 12 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Al llegar al país, Giraldo Serna, quien fue el jefe del frente Resistencia Tayrona de las AUC, que operaba en la Sierra Nevada de Santa Marta entre 1996 y 2006, fue recluido en una cárcel de Itagüí en donde permanece tras las rejas. Una de las cuentas pendientes que tiene con la justicia son las decenas de violaciones que cometió contra niñas menores de 14 años mientras fue el líder de ese grupo criminal. Crímenes que, según autoridades judiciales, continuó perpetrando luego de acogerse a la justicia.
Aunque el presidente Petro anticipó algunos de estos nombramientos, el llamado a Giraldo Serna sobresalió del resto, pues los procesos que enfrenta son precisamente por violencia sexual, delitos que no prescriben y sucesos que estuvieron (y aún permanecen) en lo más entrañable del conflicto armado. Su poder se consolidó a través del miedo, utilizando el abuso sexual para someter a comunidades enteras y ejercer la autoridad del frente Resistencia Tayrona. Las víctimas eran, en su mayoría, niñas y mujeres jóvenes, muchas de ellas obligadas a convertirse en “esposas” de los paramilitares. Esta táctica no solo buscaba satisfacción personal del jefe paramilitar, sino también garantizar cierta lealtad a su organización, infundiendo terror en la capital del Magdalena y sus alrededores.
Son numerosos los testimonios que revelan cómo la violencia sexual fue una práctica sistemática y planificada por parte de Giraldo Serna. Algunas investigaciones han logrado reseñar que él no actuaba solo, pues sus subordinados también eran partícipes de los abusos. A través de estos crímenes, el líder paramilitar reforzó un sistema de opresión y control que afectó a miles de mujeres, muchas de las cuales aún buscan justicia. Por ejemplo, según reseñó este diario en 2021, año en que el Taladro volvió a Colombia luego de estar preso en Estados Unidos, y basándose en una investigación sobre su actuar delictivo, “Giraldo promovió en las filas de su organización militar las violaciones sexuales como medio de presión social, esto en sus mandos bajos y medios, siendo en la cúpula un manejo más táctico que lujurioso”, según detalla el documento.
La investigación fue liderada por Norma Vera y Ana Salazar, dos mujeres dedicadas a estudiar el conflicto armado en Magdalena, y sobre todo los casos de violencia sexual que dejaron cientos de víctimas. La investigación recopila testimonios de más de 200 víctimas de Giraldo Serna y sus subalternos, las cuales decidieron hablar tanto en el marco de Justicia y Paz como para el análisis de ambas investigadoras. El estudio realizado por las académicas señala que todas las menores de edad que el líder paramilitar accedió carnalmente se encontraban en tal situación que no podían negarse a sus pretensiones. “Es preciso insistir en que tanto las niñas como las mujeres adultas estaban enmarcadas en un contexto de terror, zozobra y desasosiego generalizado que les impedía decidir autónomamente sobre su vida sexual”, afirma la investigación.
Conozca la investigación: Hernán Giraldo y su “uso estratégico” de la violencia sexual
Uno de los casos que dan cuenta del contexto de terror en el que vivían las mujeres en donde el frente Resistencia Tayrona delinquía fue relatado por la Fiscalía en 2010 durante una audiencia contra Giraldo: “La joven de 13 años vivía con su padre y conoció a Hernán Giraldo en el corregimiento de Guachaca, este (Giraldo) le dijo (a ella) que si le gustaría estar con él y tener la vida que tenían sus mujeres. Le mencionó que tendría cadenas de oro, ropa y podría viajar. La menor menciona que ‘sentía mucho miedo de decirle que no, porque toda la gente decía que él mandaba a matar a quien no hacía lo que él quería, por miedo le dijo que sí y así es como mantuvo relaciones sexuales con él’”.
Las investigadoras señalan que Giraldo Serna solo se fijaba en menores de edad, preferiblemente vírgenes, y procuraba mantener una relación amorosa o vínculo con la menor hasta el grado de tener hijos, a la mayoría de los cuales les dio su apellido. “Esto corrobora que Giraldo, aparte de tener una obsesión pederasta, implementó esta estrategia para consolidar y concentrar el dominio de su ejército por parte de familiares en quienes pudiera confiar con base en un nexo o vínculo sanguíneo que le brindara un estatus de confianza y legitimidad. Prueba de ello es que muchos de sus hijos hacían parte activa del grupo armado, como por ejemplo Daniel Giraldo, alias El Grillo, y Hernán Giraldo Ochoa, alias Rambo, entre otros”, apunta la investigación.
Aunque Giraldo fue extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, su condena en Colombia por los crímenes sexuales ha tardado en avanzar debido a la complejidad de los casos y la cantidad de víctimas. El proceso de Justicia y Paz ha sido crucial para que las víctimas sobrevivientes, e incluso algunos de sus familiares, puedan contar sus historias, visibilizando la violencia de género como una herramienta de guerra utilizada por los paramilitares. El caso de Giraldo Serna, con testimonios narrados por las propias víctimas, así como por autoridades judiciales, evidencia cómo la violencia sexual se utilizó no solo para satisfacer los deseos de los perpetradores sino también como un método para establecer el poder sobre la población civil.
Pero estas prácticas por parte de Giraldo Serna no frenaron ni siquiera con su sometimiento al sistema de Justicia y Paz. Quien fuese el líder del frente Resistencia Tayrona fue expulsado de esa jurisdicción en 2019 y la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión en febrero de este año. De acuerdo con pesquisas de la Fiscalía, el exlíder paramilitar, antes de ser extraditado a Estados Unidos, autorizó la entrada de menores a las cárceles de La Ceja, La Paz de Itagüí y La Modelo de Barranquilla, todo gracias a una mujer quien era la encargada de llevar a las niñas a la celda de Giraldo Serna. Así mismo, “se determinó que varias de las menores de edad que fueron a las cárceles ya habían sido víctimas de delitos sexuales cometidos por Giraldo Serna cuando ostentaba el cargo de comandante de las AUC”, añadió en su momento el alto tribunal.
¿Qué es un gestor de paz?
Ahora, alias el Taladro, quien perdió sus beneficios por no garantizar la no repetición respecto a los delitos sexuales, será el encargado junto a otros jefes paramilitares de “contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición”, según dicta la designación del gobierno de Gustavo Petro. La figura de los gestores de paz fue creada con Ley 418 de 1997 para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que estando en la cárcel son liberadas para que presten sus buenos oficios en tareas varias que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo al que pertenecen.
Además de esta norma, la Ley 2272 de 2022, conocida como la Ley de Paz Total, también habla sobre la naturaleza de esta figura. Según esa ley, “se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, dice el parágrafo 1 del artículo 5.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
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