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La noticia no tomó por sorpresa a los siete representantes conservadores que fueron sancionados a tres meses sin voz ni voto por respaldar la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, sí dejó en evidencia que empieza a haber señales de ruptura en un partido que insiste en su vocación de poder en 2026 y que busca montarse en el bus de la coalición de centro derecha propuesta por varias fuerzas políticas.
No fue sorpresivo, porque ya en julio de este año, la veedora de la colectividad, María Eugenia Correa, anunció la apertura de la investigación a los representantes Alfredo Ape Cuello, Jorge Quevedo, Ciro Rodríguez, Daniel Restrepo, Ruth Caycedo, Fernando Niño y Gerardo Yepes. Desde entonces, los parlamentarios buscaron evitar, sin éxito, que prosperara la investigación en su contra.
El hecho ha sido interpretado, según varios congresistas, como un llamado al orden del partido, pese a que también se enfatizó en que, dentro de los estatutos de los conservadores, la veedora actuó con autonomía.
La discusión, más allá de la sanción en particular, tiene que ver con que, pese a la declaración de independencia de la bancada, esta se ha dividido en un sector que hace una marcada oposición frente a otro que ha decidido acompañar varios de los proyectos petristas. Precisamente, esa fractura es la que desencadenó el castigo disciplinario.
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En el semestre pasado, cuando el Congreso avanzaba en la discusión de la reforma pensional -el único de los proyectos “sociales” del Gobierno que ha sido aprobado por el Legislativo-, el entonces presidente del partido, senador Efraín Cepeda (hoy en la dirección del Senado), manifestó que la colectividad no acompañaría la propuesta. Sin embargo, los siete representantes en cuestión la respaldaron. Pero no fueron los únicos y así lo dijeron en una apelación que presentaron este mismo miércoles y que conoció El Espectador.
“Llama la atención que la investigación disciplinaria (…) solo se adelante en contra de siete representantes, pese a que alrededor de 20 representantes y senadores por el Partido Conservador participaron en el debate y votaron de forma positiva la citada reforma legislativa”, quedó consignado en el documento.
Cuando se buscó a la senadora Nadia Blel, la hoy presidenta de los conservadores, esta declinó hablar. De su equipo de prensa, además, indicaron que al tratarse de una decisión del partido, y no de ella, no le correspondía referirse al tema.
En todo caso, cuando fue consultado, el representante Gerardo Yepes (presidente de la Comisión Séptima, donde hoy se tramita la reforma a la salud gobiernista) manifestó una opinión similar.
“La determinación no es una decisión de la colectividad. Es una decisión individual realizada por la veedora. Ella nos niega la voz y el voto cobijada bajo el argumento de apoyo a la reforma pensional, un proyecto cuyo respaldo nunca fue sometido a bancada del partido”, aseveró.
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Dijo, además, que “no es un castigo de la colectividad. Además de eso, fueron 20 los que votaron, es decir que faltan 13 para que se les aplique la misma sanción”. Yepes ya se había visto en una situación similar cuando firmó la ponencia de la primera reforma a la salud del Gobierno, que se hundió en la legislatura pasada.
Los demás sancionados declinaron referirse al tema, dado que ya iniciaron el proceso de apelación, por lo que hay reserva en la investigación.
Sin embargo, integrantes de la colectividad sí creen que se trató de un llamado de atención, más cuando, cada vez más, el Partido Conservador ha querido desmarcarse del Gobierno. Así pasó, por ejemplo, cuando Efraín Cepeda se reunió en la Casa de Nariño con el presidente Petro en septiembre pasado. Al término del encuentro, el presidente del Senado dijo que “tenía los votos” para hundir el presupuesto de 2025, como pasó.
A ello se suma que, cuando el Partido Liberal realizó su convención en Cartagena, a comienzo de noviembre, Cepeda estuvo presente y no solo celebró la elección de César Gaviria como presidente de los liberales, sino que también se mostró de acuerdo con la conformación de un frente común para las elecciones de 2026.
“En este momento histórico que atravesamos, tenemos que trabajar unidos, no sólo los dos partidos más antiguos de Colombia, sino también todos los partidos y movimientos políticos que crecen en la democracia”, dijo.
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En todo caso, esas voces disidentes de una independencia que tiende a la oposición tampoco son nuevas. El senador Carlos Trujillo, quien respaldó la candidatura de Petro en 2022, se reunió en varias ocasiones luego de que el mandatario fuera electo. Esa cercanía, que se ha mantenido, generó cruces e, incluso, un “golpe interno” en el que, durante cerca de seis meses, ejerció como presidente del partido, respaldando varios proyectos petristas.
Por ello, varios congresistas azules creen que la sanción a los representantes sí es una alerta para los demás miembros de la colectividad. Así lo dijo Germán Blanco, senador antioqueño, quien advirtió que “cuando alguien decide militar o representar al partido en una corporación, asume que obedecerá lo que se decida al interior. Lo que se ha venido observando es que pareciera que por un lado va el Senado y por otro la Cámara”.
La crítica también se dirige a aquellos congresistas que han permitido la conformación del quórum para las discusiones de las reformas.
En ese sentido, Blanco resaltó que, en caso de diferencias de criterios, estas deberían de tramitarse en las instancias internas del Partido. “No puede ser que esté sucediendo en el Partido una situación como la que hoy estamos viviendo, donde se orienta a algo y se hace lo contrario”.
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En todo caso, esa división demuestra que, pese a lo que se ha mostrado hacia afuera del Partido Conservador -de que se trata una colectividad cohesionada-, hay divisiones internas que, a medida que se acercan las elecciones al Congreso y a la Presidencia en 2026 podrían ahondarse aún más.
Esta es la apelación de los representantes sancionados
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