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24 horas restan para que se abran las urnas en la primera vuelta presidencial en Colombia y el despliegue operativo y logístico para la celebración de estos comicios ya está finalizando. En medio de la confrontación política el Estado se ha volcado para la realización de este proceso con el que el país busca determinar al sucesor del saliente presidente, Gustavo Petro, en la Casa de Nariño por los próximos cuatro años.
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La ruta presidencial ha estado marcada, entre otros, por los señalamientos proferidos desde la máxima jefatura del Estado contra la organización electoral, mismos en los que en algún momento llegaron a estimar la confección de un presunto fraude. No obstante, el blindaje de la institucionalidad alrededor de la Registraduría de Hernán Penagos permitió que esos señalamientos se hayan minimizado, aunque para el presidente Petro persisten dudas alrededor de los softwares de escrutinios. Es más, la oficina de Presidencia llegó a reconocer ante la Procuraduría que esas acusaciones pertenecían a opiniones del Presidente y no propiamente a una denuncia sustentada con pruebas.
Al margen de esos ruidos, el organismo que funciona como el principal operador logístico desplegó toda su capacidad para la organización de los procesos electorales que ya tuvieron una primera jornada positiva durante las legislativas del 8 de marzo. Aunque la logística fue similar, para esta primera vuelta a celebrarse este 31 de mayo se desplegaron 122.018 mesas de votación para los 41,4 millones de colombianos que están habilitados para ejercer su derecho al voto.
La distribución deja 120.527 mesas nacionales y otras 2.181 a nivel internacional en 67 países. En concreto, son 13.742 puestos de votación habilitados de los cuales 253 ya se encuentran operativos, pues corresponden a los instalados en embajadas y consulados para las votaciones en el exterior que arrancaron el pasado 24 de mayo. En cuanto al territorio nacional serán 13.489 puestos de votación habilitados, mismos en los que ya se encuentra distribuido todo el material electoral.
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Todo el proceso de la primera vuelta presidencial tendrá 850.721 jurados de votación que fueron escogidos por sorteo y designados por instituciones de educación superior, funcionarios públicos y trabajadores del sector privado. Esta será la primera línea de recepción de los resultados, pero en medio de preconteo y escrutinios también se extenderá una amplia red de testigos electorales que han sido designados por organizaciones políticas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según detalló el tribunal electoral 286.284 testigos fueron inscritos por las organizaciones para dar seguimiento a este proceso y evitar un posible fraude. La noticia ha sido bien recibida tanto en el CNE como en la Registraduría, pues esto “robustece la democracia”. Es más, el registrador Penagos ha hecho énfasis en la importancia del rol de este tipo de actores.
De forma paralela también habrá una amplia participación de observadores. Por ejemplo, la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia anunció que desplegará 2.532 personas observadoras durante la primera vuelta de las elecciones que cubrirán 452 municipios. Según señaló la organización encabezada por Alejandra Barrios, en términos porcentuales los municipios seleccionados representan el 77 % del potencial electoral de Colombia.
Asimismo, denunciaron que con corte al 28 de mayo existen 393 alertas sobre posibles “irregularidades” en torno a estas elecciones. La Misión de Observación Internacional (MOI), la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE), el centro Carter y hasta la embajada de los Estados Unidos también designaron observadores para esta primera vuelta presidencial para un total de 13.872 observadores nacionales, 1.333 observadores internacionales y 1.883 auditores.
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Ahora bien, en relación a las alertas, por lo menos dos puntos son los que mayor foco de atención han tenido en las últimas semanas: la seguridad tanto de candidatos presidenciales como del electorado en la jornada de 31 de mayo y las irregularidades en el proceso político entre las que se incluye una presunta participación indebida en política del presidente Gustavo Petro, y parte de su gabinete, y una posible violación a las prohibiciones para realizar actos proselitistas en la última semana antes de los comicios.
Sobre el apartado seguridad, la articulación entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa ha sido clave para entregar las garantías necesarias. Esas dos carteras han explicado que, en lo que respecta a candidatos, han atendido las alertas de forma oportunidad y se han ido robusteciendo las medidas de seguridad de acuerdo a las necesidades expresadas por las campañas.
De hecho, el ministro Armando Benedetti aseguró en entrevista con El Espectador que previo a la última Comisión de Garantías Electorales ajustaron los equipos de seguridad de dos candidatos a la Presidencia y un aspirante a la Vicepresidencia. El jefe de la cartera política también subrayó que el gobierno Petro ha prestado medidas de seguridad con al menos siete meses de antelación a los actores que entraron en la carrera por las llaves de la Casa de Nariño. Cerca de 77 precandidaturas obtuvieron la protección estatal.
Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Pedro Arnulfo Sánchez también tiene listo su despliegue en el territorio nacional para la vigilancia y defensa del proceso electoral. Un total de 408.000 hombres y mujeres serán desplegados. De esta cifra, 228.000 pertenecen a las Fuerzas Militares y 120.000 a la Policía Nacional. Adicionalmente, por lo menos 60.000 efectivos brindarán apoyo logístico desde 35 puestos de mando articulados a nivel regional. Dentro de esas medidas también se contempló, a través de decretos del Mininterior, la ley seca y el cierre fronterizo, medidas que regirán desde las 6:00 p. m. del 30 de mayo y se extiende hasta las 6:00 a. m. del 1 de junio. Eso sí, la ley seca podría extenderse en departamentos o municipios si sus respectivos mandatarios así los consideran.
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En tanto, para el apartado de irregularidades en el marco político de las elecciones, tanto la Procuraduría como la Defensoría del Pueblo hicieron llamados a Petro para evitar incidir y/o favorecer a una candidatura en específico. Según dijo el procurador, Gregorio Eljach, “su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público; al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la Constitución y de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral. De su parte, la Defensora, Iris Marín, manifestó también pidió al presidente “y a todo el Gobierno nacional a que se abstenga de emitir declaraciones que favorezcan al candidato del partido de Gobierno”.
Pero además, el propio Consejo Estado emitió un fallo contra el presidente Petro relacionado a un trino en sus redes sociales con fecha de noviembre del 2025. En esa sentencia, en su tercer numeral ordenaron “al presidente de la República que, en cumplimiento del mandato expreso contenido en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, se abstenga en lo sucesivo de difundir propaganda electoral a favor o en contra de
cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública”.
A lo anterior se suman la llegada de once procesos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, única sala con potestas para emitir sanciones sobre un presidente, por la presunta violación de la normativa electoral y, según varios de esos oficios, estar incidiendo para favorecer a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y quien lleva las banderas del petrismo en busca de la reelección. De hecho, en la última semana previo a los comicios el presidente Petro realizó una gira por la Costa Caribe con la consigna de dar muestra de los resultados de su gobierno, pero que contuvieron una significativa carga electoral.
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Aunque no mencionaba nombres propios, Petro llegó a asegurar que el electorado debe escoger “entre la vida o la muerte” este domingo. Es más, en su última intervención pública aseguró que “los que ahora se llaman “los nunca” son los paracos de siempre”, siendo una clara referencia a uno de los lemas de campaña adoptados por Abelardo de la Espriella. Esa frase que dijo desde la Plaza de la Paz en Barranquilla la acompañó afirmando que “quiero es que ese voto en primer lugar sea de todos y de todas” y culminó con “el que es caballero repite”.
Ahora bien, en sus actos de campaña siempre afirmaba que no eran intervenciones políticas ni actos proselitistas, pues solamente era la muestra de los logros del primer gobierno de izquierda en Colombia. Incluso remarcaba en la frase “no hablo más porque me procesan”, siendo una forma de cuestionar esos procesos remitidos ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por esa presunta participación indebida en política. Además del presidente, al menos seis de los ministros de este Gobierno también fueron puestos bajo la lupa de la Procuraduría por hechos similares.
Y mientras esto sucedía en las plazas, las diferentes campañas focalizaron esfuerzos para conseguir los últimos respaldos que les puedan catapultar a la máxima posición de poder. En los últimos movimientos, Iván Cepeda siguió con algunos actos de carácter privado en los que buscaba capitalizar el proyecto de izquierda al que pretende dar continuidad, mientras que Abelardo de la Espriella estuvo en un diálogo con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa que tuvo como resultado el anunció de la reducción de medidas arancelarias en medio de una contienda que este jefe de Estado ha sostenido con Petro por diversas diferencias ideológicas. Finalmente Paloma Valencia estuvo con Álvaro Uribe, siendo estas tres las candidaturas con mayor intención de voto según las últimas encuestas.
Con este panorama Colombia acudirá a las urnas desde las 8:00 de la mañana del domingo 31 de mayo y hasta las 4:00 de la tarde de ese mismo día cuando cierren las urnas.
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