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Las útlimas horas han sido convulsas para el mundo de la salud en Colombia. Como se sugería desde hace un par de semanas, la reforma a la salud que propuso el Gobierno del presidente Gustavo Petro se hundió definitivamente. En la Comisión Séptima del Senado, nueve integrantes votaron por una ponencia de archivo, lo que dejó sin chance de avanzar hacia su último debate al documento que había radicado la exministra Carolina Corcho el año pasado y que su sucesor, Guillermo Alfonso Jaramillo, se comprometió en sacar adelante. (
El grupo de nueve senadores que terminó hundiendo la reforma estuvo conformado por Lorena Ríos Cuellar (Colombia Justa Libres), Honorio Henríquez y Alirio Barrera (Centro Democrático), Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marin (Partido Conservador), Miguel Ángel Pinto (Liberal) y Berenice Bedoya (del Partido ASI), además de Norma Hurtado, del partido de La U y la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira.
Por el contrario, los integrantes del Pacto Histórico Wilson Arias, Ferney Silva Idrobo, Martha Isabel Peralta Epieyú y Omar de Jesús Restrepo Correa votaron contra la ponencia de archivo. A ellos se unió el senador Fabián Díaz por el partido Alianza Verde, quien había presentado una ponencia alterna.
Pero mientras esa discusión capturaba la atención de todos, muy cerca del Congreso, otra noticia sorprendió a quienes seguían las intervenciones en la Comisión Séptima. Laura Sarabia confirmó a varios medios de comunicación que la Superintendencia de Salud intervendría a la Nueva EPS, la que tiene más afiliados en el país: 10,9 millones. De ellos, 4,7 millones están en el régimen contributivo y 6,1 millones, en el régimen subsidiado.
Las razones de la medida, dijo el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, horas después en una rueda de prensa, son “similares a las que encontramos con la EPS Sanitas (intervenida un día antes); ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas. Estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento”.
Agregó que también hay un “aumentó dramático” de las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) que se traduce, según Leal, “en que las personas afiliadas a estas EPS no están viendo una adecuada satisfacción de sus necesidades en salud”. Dio a conocer que el interventor será Jesús Alberto Rincón Ramírez.
Junto a él estaba el ministro de Salud, que respaldó la decisión. “Estas intervenciones tienen que ver con hacer una prevención para evitar futuros daños. Hemos venido recalcando desde hace mucho tiempo que hay una situación estructural y grave dentro del sistema. No se nos ha escuchado”, dijo Jaramillo. “De 150 (EPS), solamente cinco cumplen (los indicadores)” Como sucedió en el caso de Sanitas, ambos hicieron un llamado a la calma a todos los pacientes. Los servicios de salud seguirán prestándose de la manera usual. No deben acudir a otros trámites ni suspender los tratamientos.
Decisiones que remueven la salud
Como era de esperarse, el hundimiento de la reforma despertó opiniones a favor y en contra. Para Ana María Vesga, presidente de Acemi, la asociación que reúne a las EPS del régimen contributivo, fue una decisión saludable. “Tenemos como país una oportunidad gigante para convertir este debate de los últimos meses en una gran mesa de diálogo para buscar en conjunto cuáles son esas modificaciones y ajustes que requiere el sistema de salud”, dijo. (Puede ver: Reacciones al hundimiento de reforma a la salud)
Otros vieron con más cautela lo que sucedió. “No celebro hundimiento de la reforma, como no lo haría de aprobarse iniciativa de Gustavo Petro”, escribió Jairo Humberto Restrepo, profesor de la facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Antioquia, y viejo conocedor del sistema. “Volvemos al inicio, con una línea base más débil y en marcha plan B del gobierno”.
Para él siguen vigentes tres ideas que ha salido una y otra vez en varios foros: el llamado a crear consejo nacional para concertar reforma, la necesidad de poner en marcha la Comisión Intersectorial de Salud Pública, y la elaboración de un informe de cuentas claras con una línea de base sólida sobre la situación financiera del sistema, necesidades de financiamiento y estado de deudas.
En los partidos afines al Gobierno, el hundimiento cayó como un baldado de agua fría Para Ferney Silva Idrobo, de Colombia Humana, lo que sucedió en la comisión séptima ayer fue una derrota para el sistema. Cree que el documento buscaba un salvavidas para los problemas que enfrenta la atención en salud en Colombia. Lamenta que, contrario a lo que sucedió en la Cámara de Representantes, en el Senado no haya existido espacios para deliberar y exponer argumentos.
Puede ver: ¿Qué significa la intervención de una EPS?
Pese a la derrota legislativa, el Gobierno anunció que no tirará la toalla. El ministro del interior, Luis Fernando Velasco, quien presenció todo el debate, resaltó que “nadie ha dicho que no se necesita reforma a la salud. No me daré por vencido. Señores senadores, ustedes tienen la palabra. El Gobierno respeta las reglas democráticas, y dentro de esas reglas, el Gobierno insistirá en que Colombia necesita una reforma a la salud”
Norma Hurtado, la congresista del Partido de La U que habló por el grupo que firmó el archivo de la reforma en la Comisión Séptima, asegura, por su parte, que lo que sucedió fue el resultado de escuchar a las comunidades y a todos los actores del sistema que no veían con buenos ojos el articulado. “Esto no es un triunfo, es la posibilidad de escucha que tener el Congreso de la República para entender cuándo un proyecto de ley genera consensos. Hoy concluye una etapa de la reforma a la salud”, señaló a El Espectador.
Sin embargo, tiene otra mirada sobre las intervenciones de Nueva EPS y Sanitas que han sucedido en los últimos dos días. Para ella, fueron decisiones que venían marchando desde meses atrás. “Es un plan B que tiene el Gobierno. Es válido. Tienen las herramientas para hacerlo. Hay que esperar que esas intervenciones se hagan de la mejor manera sin colocar en riesgo la vida de los colombianos”, apuntó.
Justamente, esa es la inquietud que se hacen hoy muchos pacientes: ¿Qué puede pasar con esas dos EPS?
Razones para liquidar EPS
Según Luis Carlos Leal, tanto la intervención que se hizo de la EPS Sanitas como de Nueva están justificadas y buscan proteger la salud de los usuarios. En el caso de la primera, los argumentos que puso sobre la mesa fueron los siguientes: Sanitas, se lee en la resolución que ordena la intervención, no ha cumplido con el indicador de Régimen de Inversiones de la Reserva Técnica desde el cierre de la vigencia 2020 hasta 2023.
Además, la siniestralidad de Sanitas (es decir, al dinero que una EPS gasta en relación con lo que recibe) aumentó un 11% entre 2019 y 2023. Pasó 92,9% al 103,9%. En otras palabras, garantizar los servicios de salud de sus afiliados.
También señaló que Sanitas tiene una tasa de reclamaciones en salud del 26,07 acumulada a enero de 2024. En total, recibió 15.070 reclamaciones en ese mes, algo que la Supersalud calificó de “una alarmante escalada en la calidad de reclamaciones”. (Puede ver: ¿Quién es Duver Dicson Vargas, el interventor de Sanitas?)
Las cifras de la misma Superintendencia de Salud también muestran que hay otras EPS que tienen una “tasa” de reclamos mayor que Sanitas. Coosalud tiene 38,08; Compensar, 28,94; Famisanar, 28,72, y Servicio Occidental de Salud (SOS), 28,61.
Aunque intentamos conversar con Sanitas, al cierre de esta edición había sido imposible, pues prefieren analizar la situación antes de dar declaraciones. Sin embargo, en una de las últimas intervenciones que hizo Juan Pablo Rueda, el gerente de esa EPS, señaló algunos de los problemas que, a su parecer, atraviesan toda esta situación. El pasado 1 de marzo, en la audiencia pública de la reforma a la salud que se realizó en Cali, Rueda reconoció que los indicadores financieros de patrimonio adecuado y de reservas técnicas se habían visto afectados, pero por varias razones. Una de ellas tenía que ver, dijo, con que los ingresos eran menores al costo real de atención y porque ellos habían optado por pagar a su red de prestadores (hospitales y clínicas).
“Otras entidades, en cambio, han tomado otro camino: para no afectar sus indicadores se soportan en sus prestadores y pagan a 60, 90 y 180 días. Me sorprende que siempre se muestra indicadores de patrimonio adecuado y de reserva tenencia, pero no se muestran indicadores de rotación de cartera con la red de prestadores”, dijo. (Puede ver: Un ABC para resolver las inquietudes si está afiliado a la EPS Sanitas)
La intervención de Sanitas, que es algo muy diferente a una liquidación, generó muchas reacciones en el sector. El presidente Gustavo Petro defendió la medida con un mensaje en Twitter. Según él, tanto la decisión sobre Sanitas como la de Nueva EPS buscan evitar una quiebra del sistema de salud. “En las EPS intervenidas habrá no solo un interventor, sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que debe dineros la EPS y representantes de los pacientes”, añadió.
Sin embargo, para Oscar Bernal, profesor de la maestría en Salud Pública de la Universidad de los Andes, “las intervenciones crean un problema, ya que la entidad pasa a ser manejada por el ente que debe supervisarla y, por lo tanto, hay un conflicto de interés. Por otro lado, estas intervenciones tienden a alargarse y a convertirse en un mayor riesgo de cierre y no en una mejora de la institución intervenida”.
Al exsuperintendente de Salud Gustavo Morales (que estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos), tampoco le suena mucho la idea de intervenir EPS: “Las intervenciones siempre son malas decisiones. Son una figura mal diseñada de la ley. Incluso, con la mejor de las intenciones y con el mejor interventor a cargo, eso nunca termina bien. Cuando se toma esa medida se rompen todos los pesos y contrapesos de gobierno corporativo. El interventor, por ejemplo, es gerente, pero, a la vez, revisor fiscal y está en la junta directiva”.
Puede ver: Proyecto que regula cigarrillos electrónicos, a una firma del presidente de ser ley
Johnattan García Ruiz, investigador de salud pública de la Universidad de Harvard, dice que para él hay un punto inquietante en todo esto: “Lo que preocupa en este momento es que no sabemos cuál es el plan que tiene el gobierno. Hoy hay otras EPS que también están en situaciones que podrían ser causal de intervención. ¿Las intervendrán también? ¿La idea es recuperarlas y devolverlas a los empresarios que tanto critican o simplemente pagar las deudas que puedan y liquidarlas? Este gobierno ha sido inflexible a la hora de asignarles más recursos. No creo que a punta de ‘buena gestión’ resuelvan la crisis de Sanitas ni de otras, ni si tienen la intención de hacerlo”.
Para un par de personas que han ocupado cargos directivos en EPS, pero que prefieren mantener sus nombres en reserva, el caso de Nueva EPS no hay que meterlo en la misma bolsa que el de Sanitas, pues quien está al frente ya es una ficha clave de Gustavo Petro: Aldo Cadena, que fue nombrado hace poco. Intuyen que como la mitad de la junta directiva de esta EPS está conformada por las cajas de compensación (la EPS es 51% del Estado, 50% de las cajas), una intervención le permite al Gobierno suspender su funcionamiento y ocupar sus puestos. (Puede ver: “Gobierno insistirá de mil maneras”: Mininterior)
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