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Aunque para el Gobierno saliente del presidente Iván Duque, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), no parecía tener reversa la decisión de adjudicar el contrato con el megaproyecto “Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique” antes del 7 de agosto, este jueves fue anunciada públicamente la decisión de dejarlo en manos del próximo Gobierno. (En contexto: ANI aplaza la adjudicación del megaproyecto Canal del Dique)
En una entrevista con W Radio, Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la Agencia, explicó los motivos: “Nosotros ayer paramos, paramos por un día. Yo solicité directamente que se parara porque llegó un reporte de la Contraloría General, como ocurre en la mayoría de los procesos, haciendo preguntas sobre temas específicos de la propuesta y pedí que se suspendiera”, dijo en la entrevista. Sin embargo, El Espectador pudo conocer que las discusiones sobre el aplazamiento de la adjudicación se estaban dando, a nivel interno de la Agencia, desde hace semanas, y que Gutiérrez era quien no estaba dispuesto a suspender la licitación.
Por el contrario, quien más insistió en que la entrega del billonario contrato debía resolverse con la entrada del gobierno Petro fue la hoy exvicepresidenta de Estructuración de la ANI, Diana Cardona. Su equipo de trabajo fue el encargado de presentar todo el proyecto para encontrar a una empresa que se le midiera y cumpliera los requisitos para desarrollar el contrato. Precisamente por ser esta el área encargada de estructurar los proyectos, el presidente Gutiérrez le encargó a su cabeza, Cardona, la firma de los contratos. Según fuentes de la entidad, ese cambio en quién debe firmar los negocios lo hizo el propio Gutiérrez, pues antes quien ponía su nombre era el director de la Agencia. (Le recomendamos: Las inquietudes ambientales de las obras en el Canal del Dique)
Así las cosas, como la responsabilidad de entregar el contrato del canal del Dique recaía en Cardona, ella misma expuso, en varias reuniones ante la cúpula de la ANI, que era mejor dejarle esa adjudicación al nuevo gobierno. No solo porque en la opinión pública el tema ya estaba ocupando titulares, por la supuesta intervención de la vicepresidena Marta Lucía Ramírez y por los daños ambientales o sociales que el proyecto podría ocasionar, sino porque la Contraloría ya había enviado un concepto con nuevas alertas. En concreto, la entidad fiscal llamó la atención de la Agencia y solicitó aclaraciones frente a la propuesta y evaluación del único proponente: la empresa española Sacyr.
Cardona insistió en aplazar la entrega del contrato al menos durante dos semanas. Sin embargo, mientras los cuestionamientos sobre ese proyecto se hacían cada vez más evidentes, incluyendo la crítica de la ministra de ambiente designada por Petro, Susana Muhamad, en la ANI nadie la escuchaba. Quienes estuvieron en algunas de las reuniones donde Diana Cardona planteó el tema ante la junta directiva de la Agencia, le aseguraron a este diario que la respuesta del presidente Gutiérrez siempre fue: hay que adjudicar el contrato, pues era un compromiso del presidente Iván Duque. Ante esta postura, la licitación siguió su camino en medio de la tormenta. (Puede leer: ¿Por qué el megaproyecto del Canal del Dique no tiene licencia ambiental?)
Pese a que esa fue la explicación de la presidencia de la ANI, funcionarios cercanos a la vicepresidencia de Estructuración de la entidad le confirmaron a este diario que, durante los últimos días, trabajadores del Ministerio de Transporte le comunicaron a la oficina de Cardona que el gobierno no tenía interés en ese proyecto y que, lo que realmente correspondía hacer, era suspender la licitación. Eso mismo volvió a plantear Diana Cardona la semana pasada, de nuevo sin éxito. El pasado lunes 1 de agosto, su panorama cambió. Luego de 11 años de trabajo en la entidad, y de haberse opuesto a entregar el contrato del Canal del Dique de afán, el presidente Gutiérrez le pidió su renuncia, según confirman fuentes cercanas al proceso. Situación que, en diálogo con este diario, él rechazó rotundamente.
Ese mismo día, la exvicepresidenta le envió al Whatsapp de Gutiérrez una carta, que consideró informal, donde obedecía su solicitud. Fuentes cercanas a la junta directiva le contaron a este diario que el mismo presidente fue quien radicó ese documento ante el área de gestión corporativa para que le aceptaran la renuncia, lo que generó más fracturas. Al enterarse de que Gutiérrez había presentado el documento por ella, Cardona dejó constancia de lo sucedido. “Después de casi 11 años trabajando en la entidad y luego de casi tres años en el cargo de vicepresidenta, desempeñando mi cargo con profesionalismo, ética y lealtad, con sorpresa encuentro que de manera arbitraria radicó (Gutiérrez) la carta de renuncia que de manera informal por Whatsapp le compartí”, escribió. (Puede leer: Los reclamos de las comunidades negras frente a las obras del Canal del Dique)
Cardona agregó en su escrito que en ese documento, “por respeto a las decisiones tomadas por usted (Gutiérrez), no contenía las razones que motivaban mi renuncia, pese a que como usted bien lo sabe, las razones de mi renuncia obedecían a mi recomendación de postergar la adjudicación del proyecto Canal del Dique”. En diálogo con El Espectador, Manuel Felipe Guitérrez señaló que la salida de Cardona “surge después de una serie de preocupaciones que ella manifestó sobre la necesidad de aplazar la adjudicación del Canal de ese contrato. Quiero señalar que el trabajo de Diana Cardona durante estos años fue impecable. Es una de las personas más competentes que he conocido en la vida y tiene preocupaciones que son legítimas y que yo respeto”.
Además, Gutiérrez agregó que la exfuncionaria “manifestó su interés de separarse del cargo desde hace varios días”. Ante la pregunta de si era normal que el mismo presidente de la ANI radicara documentos de renuncia de sus funcionarios en el área de gestión, la respuesta fue: “Si a usted le mandan una carta, firmada por esa persona que está renunciando, el deber es darle el trámite. Ya después ella decidió presentar sus argumentos y yo respeto eso (…) Entiendo que en todo esto hay susceptibilidades. A mí me enviaron una carta con una renuncia y si me lo están haciendo, yo entiendo que le debo dar trámite y eso fue lo que hice. Aunque en un primer momento, en la oficina de gestión corporativa de la ANI no quedó la carta completa de Cardona, El Espectador tuvo acceso a ella.
Detalles de la carta de renuncia
En su carta formal, con fecha del 3 de agosto, Cardona expuso los motivos de su “renuncia irrevocable”. En primer lugar, señala que, al estar a la cabeza de los procesos de estructuración y licitación, siempre recomendó tener cronogramas amplios, los cuales, en caso de requerirse, pudieran ser “desplazados cuando sea necesario”. Esa situación reveló una contradicción a lo que manifestaba hace unos días la entidad en entrevista con El Espectador, donde aseguró que estaba “obligada a continuar con el proceso licitatorio”, ya que no existían causas objetivas para suspender el proceso. “Debemos continuar tal y como está previsto en el cronograma que fue fijado hace varios meses”.
En caso de no hacerlo, agregaban, el Estado colombiano podría enfrentar demandas de cientos de millones de dólares. Sin embargo, Cardona afirma en su renuncia que, pese a que “en materia de estructuración y licitación, el proyecto ha cumplido a cabalidad con todos los requisitos”, como responsable del proceso y ordenadora del gasto, debía “ver todos los elementos y situaciones que rodean el proceso y que ameritan que este cronograma se mueva un par de semanas”. Entre los motivos que numera estaba la oposición al proyecto por parte de las comunidades, así como las tutelas, bloqueos y la creación de movimientos en contra del proyecto.
También los pronunciamientos del futuro gabinete y congresistas que pedían no adjudicar el 4 de agosto, las comunicaciones de la Contraloría en las que solicitaban aclaraciones frente a la propuesta y evaluación del único proponente, y las solicitudes de la Procuraduría, Defensoría y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para hacer socializaciones del proyecto. Para Cardona, otro motivo importante que ameritaban mover la adjudicación un par de semanas era la multa de Sacyr en España por prácticas anticompetitivas. No era para menos su preocupación. Al ser esta empresa la única oferente que podía quedarse con el billonario contrato, la ANI debía estar 100% segura de que esa sanción no la inhabilitaba para contratar con el Estado.
En la misma entrevista a El Espectador, desde la ANI aseguraban que el oferente (Sacyr) no tenía ninguna incapacidad para suscribir un contrato de ese estilo y que “los cuestionamientos que se puedan llegar a tener por temas reputacionales o demás, son temas que se escapan de las manos de la Agencia”. No obstante, en la carta de Cardona queda en evidencia que la multa de Sacyr en España sí generaba incertidumbres. “Es necesario tener un concepto o análisis frente a si: ¿estaría inhabilitado Sacyr para contratar con la administración pública, si la matriz de la misma resulta impedida para contratar con ocasión de esta sanción? (…) Lo anterior, con el fin de ser, como siempre lo hemos sido, absolutamente rigurosos y juiciosos en nuestro deber de diligencia”, escribió Cardona.
En la carta, la exfuncionaria también confiesa que, desde la presidencia de la ANI, no se estuvo de acuerdo con preguntarle a la Superintendencia de Sociedades sobre esa posible inhabilidad, por lo que Cardona decidió trasladar la inquietud a la vicepresidencia jurídica de la Agencia. “Si bien mi recomendación sigue siendo adjudicar el proyecto dada la robustez de su estructuración, eso no implica que tenga que ser el 4 de agosto, con una marcada oposición a dicha actuación por parte nuestra”, afirmó la exvicepresidenta de Estructuración. Entre otras cosas, Cardona también recomendaba entregar una mayor explicación técnica y detallada a quienes llegarán al sector en los próximos cuatro años y que, finalmente, son quienes tendrán la responsabilidad de firmar el contrato y sacar el proyecto adelante.
“Me parece que es lo más correcto y delicado que podemos hacer como técnicos, porque, como siempre hemos dicho, los proyectos no son de un periodo presidencial, sino de largo aliento”. Por último, la exvicepresidenta sentenció en su carta que, si bien la facultad de adjudicar estaba en cabeza de la presidencia de la ANI, esa función había sido delegada a ella. “Y como se mantiene la orden de adjudicar el 4 o moverlo al 5 de agosto, respetuosamente me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo de vicepresidente de Estructuración”.
Sobre Sacyr en España
En días pasados, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España, anunció la sanción de $203.6 millones de euros a seis grandes empresas constructoras españolas, entre las que se encuentra Sacyr Construcción S.A., Acciona Construcción, S.A., Dragados, S.A., FCC Construcción, Ferrovial Construcción y Obrascón Huarte Lain, S.A. Así lo documentó el diario El País de España, que explicó los motivos de la multa:La CNMC ha multado a las seis principales constructoras españolas “por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos”.
Aunque la decisión fue apelada por las sancionadas, la incertidumbre para la ANI se mantuvo por una sencilla razón: Si la decisión de la CNMC es confirmada por los altos tribunales de España, ¿qué pasaría con el billonario contrato del Canal del Dique si en unos años se comprueba que sí cometieron prácticas desleales? Consultada por este diario, la empresa Sacyr insistió en que no está inhabilitada porque la sanción en España no está en firme. “Se va a recurrir ante la Audiencia Nacional e incluso puede llegar hasta el Tribunal Supremo, que es cuando adquiriría firmeza. Entre tanto, Sacyr no está inhabilitada ni está en causal de inhabilitación”, insistió.
Pero a Cardona, de la ANI, no era a la única que el tema de la sanción le inquietabal. El pasado 1° de agosto, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura envió un documento a la Procuraduría en donde se ponían en evidencia una serie de hechos que podrían poner en riesgo la licitación y los recursos públicos. Entre esos, cuestionaba si la ANI había realizado la “debida verificación de los eventuales efectos reputacionales y de relacionamiento con posibles financiadores del Oferente, en razón de la reciente sanción aplicada en España a la firma matriz, y 100% controlante del oferente”.
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