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El auge de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables en Colombia dejó de ser una proyección y se convirtió en una tendencia concreta. Cada mes más conductores optan por la movilidad eléctrica, y con ellos, aumenta la demanda por una red de recarga que funcione en todo el país.
Los números lo confirman. Un informe conjunto de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) registró que para julio de este año se vendieron 1.565 vehículos eléctricos, lo que representó un incremento del 101 %, frente a la cifra de 2024 (778).
El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) también confirma la tendencia: entre enero y julio de 2025 se matricularon 8.861 eléctricos nuevos, un 179 % más que en el mismo periodo del año anterior.
Un informe titulado “Movilidad Eléctrica Preparada para el Futuro de TCS 2025″ analizó el impacto de los carros eléctricos en la movilidad sostenible. Aunque el 60 % de los consumidores percibe la infraestructura de carga como un desafío, el 56 % está dispuesto a invertir hasta US$40.000 en un vehículo eléctrico. La sostenibilidad ambiental y la reducción de costos operativos son los principales factores que impulsan su adopción.
A pesar del creciente interés en los vehículos eléctricos, persisten desafíos, especialmente en infraestructura de carga y avances tecnológicos. Según el estudio, el 74 % de los fabricantes de carros eléctricos considera que la falta de una red de carga adecuada sigue siendo el principal obstáculo para la expansión del sector.
De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, Colombia cuenta actualmente con cerca de 330 puntos de carga, concentrados principalmente en las grandes ciudades y en corredores viales estratégicos. Bogotá, Medellín y Cali lideran la lista.
Gran parte del despliegue ha ido de la mano del sector privado. Enel X, línea de negocio de Enel Colombia, combina la instalación de puntos públicos de carga rápida para hogares y empresas. Actualmente cuenta con 160 dispositivos instalados en espacios públicos y privados, y más de 5.000 en residencias. Además, la compañía ha entregado seis electroterminales para el Sistema Integrado de Transporte Público, con capacidad para 878 buses eléctricos gracias a 412 cargadores rápidos.
Por su parte, Juan Daniel Rueda, gerente de Nuevos Negocios Energía y Electromovilidad de Terpel, destaca que Terpel Voltex cuenta con más de 50 puntos de carga en el país, ubicados principalmente en estaciones de servicio, corredores viales, cajas de compensación y centros comerciales. La compañía también dispone de 10 hubs para vehículos pesados y 16 estaciones de intercambio de baterías para motocicletas eléctricas en Bogotá y Medellín.
Rueda precisa que la tarifa de recarga varía según la zona, con un promedio cercano a $1.650 por kWh. Este valor puede modificarse dependiendo del uso de la infraestructura, las condiciones de seguridad y el espacio disponible, factores establecidos por cada operador.
Colombia se encuentra entre los países de Latinoamérica que más han avanzado en la instalación de estaciones de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables, de acuerdo con el informe más reciente Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe, Monitoreando la Electromovilidad, elaborado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade).
Según el documento, en 2023 el país ocupaba el cuarto lugar en el ranking regional de electrolineras, muy por detrás de Brasil, que contaba con cerca de 1.880, y de México, con 1.380, pero muy cerca de Chile, que registraba 380 estaciones.
Proyecciones de puntos de carga en Colombia y lo que implican para la transición
Las proyecciones oficiales sitúan a 2030 como un año clave para la infraestructura de recarga en las principales ciudades del país. El Ministerio de Minas y Energía estima que las seis ciudades estudiadas (Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Ibagué y Tunja) requerirán, como mínimo, 1.888 puntos de recarga públicos si todos los cargadores consideran una potencia de 11 kW. La mayor parte se concentraría en Bogotá, con 56,94% del total, seguida por Medellín con 20,50% y Cali con 16,26%. El resto se distribuiría entre Pereira, Ibagué y Tunja.
Los datos también muestran una dinámica de despliegue. Entre 2019 y 2023 la entrada anual de cargadores públicos fue baja, pero el 2023 marcó un ritmo de incorporación de entre 200 y 300 nuevos puntos públicos cada año para atender el crecimiento del parque eléctrico.
En el ámbito privado la cifra proyectada es mucho mayor. Para 2030 se calcula que habrá cerca de 441.797 puntos de recarga privados en las ciudades analizadas. El Ministerio señala que esta estimación parte del supuesto de que el 90% de los vehículos eléctricos livianos realizarán sus recargas en sistemas privados, principalmente en hogares y empresas.
Un dato útil para planificar es la relación entre vehículos eléctricos y puntos de recarga. Los análisis indican que el número requerido varía según la potencia del cargador. Si los cargadores fueran de 11 kW, se necesitaría aproximadamente un cargador por cada 26 vehículos eléctricos. Con cargadores de 22 kW la relación sería de 1 por cada 51 vehículos, y con cargadores rápidos de 50 kW sería 1 por cada 117 vehículos. Estos indicadores ayudan a dimensionar la inversión según el tipo de servicio que se quiera ofrecer: más puntos semirrápidos para uso cotidiano o menos puntos rápidos distribuidos estratégicamente.
Mirando más lejos, el Ministerio plantea un escenario de transición energética para 2050 donde la electricidad abarcaría 42 % del consumo en el sector transporte. El resto de la matriz incluiría 15 % jet fuel, 11 % diésel, 12 % gasolina, 10 % gas natural vehicular, 5% biocombustibles, 3 % SAF, y alrededor de 1 % cada uno para hidrógeno y GLP.
En suma, las proyecciones confirman que el desafío no es solo instalar electrolineras. Se trata de planear dónde deben ir los puntos, qué tipo de carga predominará en cada contexto y cómo sincronizar ese despliegue con la capacidad del sistema eléctrico y con medidas de política que impulsen producción local y comportamiento ciudadano.
Principales desafíos
La construcción de una red de recarga para vehículos eléctricos en el país implica superar retos que no se limitan a instalar más puntos. El panorama incluye barreras económicas, regulatorias, técnicas y sociales que, si no se abordan de manera integral, podrían frenar la masificación de la electromovilidad, tal como advierte el Ministerio de Minas y Energía.
- Desafíos económicos
El costo inicial es uno de los mayores obstáculos. Una electrolinera de carga rápida con equipamiento básico puede requerir inversiones desde 167 millones de pesos, y superar los 250 millones cuando incorpora sistemas de comunicaciones, control y adecuaciones eléctricas.
En la operación diaria, los gastos también son significativos: el arriendo del terreno puede representar cerca del 46,7% de los costos operativos, mientras que el suministro de energía alcanza hasta el 84%, según estudios técnicos del Ministerio.
Para el consumidor, el precio de compra de un vehículo eléctrico sigue siendo superior al de uno de combustión, principalmente por el valor de las baterías. Sin incentivos diferenciados, esto limita la demanda en segmentos con alta sensibilidad al precio.
- Barreras regulatorias y de política pública
La normativa vigente no siempre contempla la realidad de la recarga eléctrica. Según el Ministerio, el Decreto 1073 de 2015 no incorpora los puntos de carga en la definición de estación de servicio mixta, lo que deja vacíos legales para su implementación masiva.
En edificios y conjuntos cerrados, los reglamentos internos pueden impedir la instalación de cargadores. El Ministerio plantea que sería clave reconocer la recarga como una “expensa común necesaria” para evitar trabas administrativas.
La ausencia de una tarifa horaria específica para el transporte impide aprovechar las horas de baja demanda y contribuye a picos de consumo. Además, la recarga no está exenta de IVA, lo que encarece el kWh para el usuario.
Entretanto, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), limitan la incorporación de espacios públicos para recarga y complican la alineación con proyectos de energías renovables.
- Retos técnicos e infraestructura
Según el Ministerio de Minas y Energía, uno de los puntos clave para masificar el uso de vehículos eléctricos es la capacidad de la red eléctrica en las ciudades. No basta con poner más cargadores, en muchos casos será necesario reforzar la red, sobre todo cuando se instalan equipos de alta potencia que requieren obras importantes.
La ubicación de las electrolineras también juega un papel crucial, especialmente en rutas largas. En zonas con terrenos difíciles o con mayor consumo de energía —por ejemplo, por el uso constante del aire acondicionado—, la distancia máxima recomendada entre estaciones de carga rápida es de unos 90 kilómetros. Además, el transporte pesado, como buses y camiones, necesita soluciones a la medida: baterías de gran capacidad, recarga rápida en patios especializados y disponibilidad constante. Instalar cargadores intermedios en carretera no solo es costoso, sino que también implica retos de seguridad.
- Retos sociales y de aceptación
El Ministerio señala que, más allá de la infraestructura, hay un reto cultural. La llamada “ansiedad por la autonomía” y la idea de que no hay suficientes cargadores rápidos todavía pesan en la decisión de compra. A esto se suma que el tiempo de carga sigue siendo un factor determinante para muchos usuarios.
En las comunidades, especialmente en pueblos étnicos, la falta de información clara y accesible es un obstáculo. Sin datos georreferenciados, sin información en idiomas locales y sin buena conectividad, se limita la transparencia de los proyectos. Además, si no hay reglas claras para distribuir los beneficios, es probable que haya resistencia a la instalación de infraestructura, sobre todo porque requiere grandes extensiones de terreno y se suma a otros proyectos de energías renovables.
Finalmente, la transición hacia la electromovilidad demanda nuevas capacidades técnicas. En las primeras etapas, es común depender de personal extranjero para la instalación y mantenimiento de la tecnología, pero el Ministerio advierte que será clave impulsar programas de formación y reconversión laboral para generar mano de obra calificada localmente.
