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Luego de tres años y nueve meses de finalizadas las audiencias públicas en el caso que relacionaba a Santiago Uribe Vélez con el grupo paramilitar de Los 12 Apóstoles, el juez primero penal del circuito de Antioquia lo declaró inocente. El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez estaba acusado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, por presunto apoyo a la conformación y financiación de ese grupo armado ilegal. La decisión, en primera instancia, lo libró de los vínculos con la organización que, según la Fiscalía, entre 1992 y 1994 ejecutó más de 300 homicidios selectivos en los municipios de Yarumal, Angostura, Briceño, Campamento y Valdivia (Antioquia).
En contexto: Juzgado de Antioquia absolvió a Santiago Uribe Vélez en el caso de los 12 Apóstoles
Según las investigaciones de la Fiscalía, empresarios y comerciantes de Yarumal se aliaron para crear una estructura armada que les brindara protección ante los grupos guerrilleros con presencia en la región. Las pesquisas agregaron que invirtieron altas sumas de dinero en la compra de armas y dotación, así como en el pago de sobornos a integrantes de la Fuerza Pública que permitieron y apoyaron el accionar delictivo de Los 12 Apóstoles. En 1995, Uribe Vélez fue mencionado por primera vez dentro de los presuntos involucrados, cuando la Fiscalía Regional de Medellín abrió una indagación previa en su contra. El acta de un consejo de seguridad realizado el 12 de agosto de ese año alertaba sobre la existencia de “un grupo de ‘limpieza social’”.
Los testimonios anónimos recopilados por la Fiscalía señalaban a Uribe Vélez como parte de ese grupo, integrado por otros ganaderos, policías y un sacerdote. También daban cuenta que en la hacienda La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez, se realizaban reuniones en las que se discutían las andanzas criminales de Los 12 Apóstoles. El pasado 6 de noviembre, el excomandante de la Policía, Jairo Rodríguez Venegas, declaró ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los paramilitares tenían una base de entrenamiento en la misma finca. La investigación inicial se cerró en 1999; pero en 2010 apareció como testigo el mayor retirado de la Policía, Juan Carlos Meneses. Su declaración llevó a que se reabriera el caso y Uribe Vélez fuera arrestado en 2016.
Los argumentos del juez
Tras analizar durante casi cuatro años las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa de Uribe Vélez, el juez encontró que hubo una serie de errores por parte del ente investigador, como la falta de claridad y la “orfandad probatoria” que llevaron a la absolución del hermano del presidente. En primer lugar, el juez consideró que al momento de la imputación de delitos en contra de Uribe, el pliego de cargos fue incoherente, por lo que “el procesado y su defensor no tuvieron certeza respecto de por qué precisos hechos y categorías de intervención en el delito debían defenderse”. Esas imprecisiones llevaron también, explicó el juez, a que faltara la precisión necesaria para que los delitos fueran claros y se pudiera dictar un fallo imparcial.
En la falta de claridad entre la imputación y la acusación contra Uribe Vélez, el juez fue claro: “Fueron evidentes los garrafales yerros cometidos por la Fiscalía frente al acontecer factual, ya que no continuó con la línea que adelantó en la diligencia de indagatoria, en la resolución de acusación”. Pero además, la Fiscalía imputó cargos una acción que no existe, tampoco determinó el tiempo ni el lugar de la ejecución de los crímenes y “confundió las figuras de intervención cambiándolas en tres oportunidades”, añadió el juez que absolvió al hermano del presidente por duda razonable. Ante la decisión, el expresidente Álvaro Uribe escribió en su cuenta de X: “Gracias a Dios”.
Los problemas de las pruebas
El juez del caso no solo explicó que la Fiscalía se equivocó durante el proceso, sino que dejó sin validez parte de las pruebas que relacionaban a Uribe con la financiación y participación en el grupo de Los 12 Apóstoles. Una de las más importantes era una grabación de audio que el mayor (r) Meneses le entregó a la Fiscalía y en la que supuestamente se evidenciaba que un coronel en retiro había hecho parte de ese grupo criminal, igual que el hermano del expresidente. Según el juez, la prueba tuvo varios problemas. El primero, que se trató de una grabación hecha sin seguir el debido proceso y en la que Meneses instó al expolicía a hablar sobre el grupo paramilitar y a incriminar a Uribe, violando su derecho a la no autoincriminación.
Esa grabación fue clave en 2010, pues permitió la reapertura del caso contra el hermano del presidente. Sumado a esto, el audio original tenía una interferencia de ruido que podría alterar la claridad de las declaraciones y la Fiscalía, al usar la grabación como prueba, no entregó la copia espejo del audio del que se había extraído la voz sin el sonido de fondo que lo afectaba. Según lo anotado por el juez, la razón del fiscal a cargo fue que, por un error al organizar el expediente, se omitió anexar esa copia. Durante el proceso, tampoco se escuchó a los funcionarios que se encargaron de hacer la prueba espejo para esclarecer si la grabación era la original y no había sido alterada.
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El futuro del proceso
Además de la absolución por duda razonable, el juez ordenó investigar por el delito de falsedad en testimonio a varios de los testigos que participaron en el proceso, pues sus declaraciones habrían estado plagadas de incongruencias, al parecer en venganza por hechos relacionados con el caso. Tras el fallo, las víctimas apelaron y ahora será la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín el que estudie, en segunda instancia, el proceso contra Santiago Uribe Vélez.
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Por Gustavo Montes Arias
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