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Comparto el sentido de urgencia del presidente Petro por sacar adelante las reformas sociales que prometió en campaña pues estoy de acuerdo en que el país las requiere y reclama. Es, además, un esfuerzo muy difícil, pues son reformas complejas técnicamente y que enfrentan muchos opositores. Y precisamente por eso, quienes estamos a favor de ese profundo cambio social debemos señalarle al gobierno que se está equivocando en su estrategia reformista, por las prioridades y la forma como está buscando ahora la adopción de las reformas, especialmente la de salud.
En matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. En cambio, en política, si el gobierno organiza mal el orden de las reformas, corre el riesgo de debilitar a las fuerzas que lo apoyan y fortalecer a sus opositores. Una buena priorización es entonces decisiva, lo cual supone una adecuada evaluación tanto de la importancia y urgencia de la reforma buscada como de la posibilidad de su aprobación.
En su primer semestre, el gobierno hizo bien la tarea, pues entendió que debía priorizar la reforma tributaria, que era esencial no solo para lograr mayores recursos para financiar los cambios sociales, sino además para reducir la regresividad del sistema impositivo, que alimentaba las desigualdades sociales. El gobierno se apoyó además en consensos técnicos fuertes sobre cómo debería orientarse el sistema fiscal y construyó amplios apoyos políticos, todo lo cual permitió la aprobación de una muy robusta y significativa reforma tributaria, tal vez la más importante durante la vigencia de la Constitución de 1991. Eso no era fácil, pues esta reforma tocaba cayos sensibles al reducir privilegios de sectores poderosos.
En ese primer semestre, el gobierno también acertó en poner en marcha las políticas y reformas para reducir las desigualdades rurales y la discriminación contra el campesinado. Y ha logrado avances significativos: no solo puso en marcha la reforma agraria, que es decisiva para profundizar la paz, la democracia y lograr un desarrollo más incluyente, sino que, además, estamos a un solo debate de ocho para que el Congreso apruebe dos modificaciones constitucionales importantes: la que crea la jurisdicción agraria y la que robustece los derechos del campesinado.
Estos logros, que no son menores, son fruto de una buena priorización, el apoyo en consensos técnicos sólidos y la búsqueda por el gobierno de acuerdos políticos amplios, aceptando concesiones para lograrlos. Y por eso para muchos de quienes respaldamos el cambio social buscado por este gobierno nos resulta difícil de entender que ahora arriesgue todo su capital político en intentar forzar la aprobación de una reforma a la salud, que dista de contar con consensos técnicos y no es tan urgente como otras, como la agraria, que es crucial y aún requiere ser profundizada, o la pensional, pues todos los analistas concuerdan en que nuestro sistema pensional es desastroso y mina las finanzas públicas. Y que, además, para lograr aprobar su reforma a la salud, el gobierno recurra a argumentos sin sustento, como decir, sin ninguna evidencia, que nuestro sistema de salud es de los peores del mundo. E incremente la división y reduzca sus apoyos políticos al estigmatizar de enemigo del derecho a la salud o defensor de los privilegios de las EPS a todo aquel que cuestione su proyecto de reforma.
Nuestro sistema de salud requiere mejoras significativas, pero esa reforma no es tan urgente como otras, por lo cual sería más saludable que el gobierno tomara las cosas con más calma y tramitara esta reforma con el espíritu que animó la tributaria: apoyándose en consensos técnicos sólidos y buscando acuerdos políticos amplios que la hagan sostenible.
(*) Investigador de Dejusticia y profesor de la Universidad Nacional.
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