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Largas filas para pagar impuestos, demoras en el pago de la nómina de contratistas del Distrito, un proyecto que inició costando casi $39.000 millones y que hoy va en más de $95.000 millones, y empleados con carga laboral excesiva y cuadros de estrés fueron algunas de las consecuencias que dejó la implementación de Bogdata.
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Con la intención de que fuera más “transparente y eficaz la gestión presupuestal, contable y tesoral” de las entidades del Distrito en Bogotá, la Secretaría de Hacienda, en la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, firmó el contrato 170351-0-2017, para la creación de Bogdata, una plataforma para pagar impuestos y la nómina de algunos contratistas de la Alcaldía, entre otras funciones. Sin embargo, salió al revés: no fue eficiente y hoy se duda de la transparencia de este proyecto.
Los problemas iniciaron desde la elección de la empresa que iba a desarrollarla, teniendo en cuenta que se eligió al consorcio Unión Temporal Core Tributario, conformado por Sinergia de Negocio (empresa mexicana que tenía el 45 % de participación) y El Corte Inglés (compañía española que tenía a su cargo el 55 % del proyecto). Está última vendió su filial informática al grupo francés GFI y cambió el nombre a Inetum.
La elección de este consorcio hizo que varios concejales de Bogotá cuestionaran por qué fueron elegidas empresas extranjeras, ya que también había candidatos de Bogotá, e incluso, se preguntan por qué esa inversión no la hicieron para mejorar la anterior plataforma Si-Capital, de la misma entidad, en vez de crear una nueva.
La firma de este contrato estuvo a cargo de Luis Felipe Rivera García, de la Secretaría de Hacienda, quien en el documento aparece como director de informática y tecnología, y facultado por la resolución SHD-000432. Por parte del consorcio firmó Francisco José Iglesias Serrano, quien en el documento aparece como el representante legal de Unión Temporal Core Tributario.
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El aumento de los recursos destinados para la plataforma se debe, en parte, a los incumplimientos del consorcio y la mala planeación. Un ejemplo de esto es la fecha de entrega, la cual se pactó en 2019, pero terminó siendo en 2022.
Como justificación a los tres años de espera, Juan Mauricio Ramírez Cortés, actual secretario de Hacienda, explicó en un derecho de petición a la concejala María Fernanda Rojas, el 13 de diciembre de 2022, las cuatro prórrogas y adiciones que tuvo el contrato.
Prórrogas
En total tuvo cuatro prórrogas, entre 2019 y 2021. La primera se hizo del 19 de diciembre de 2019 al 31 de agosto del 2020. Uno de los motivos, según el secretario Ramírez, fue que el contratista requería más tiempo para cerrar y documentar las actividades realizadas en el desarrollo de Bogdata. Otra razón fue que la migración de los datos requería más tiempo para corroborar que la información fuera la correcta. Esta prórroga también se dio porque había requerimientos por parte de la entidad que aún se encontraban en fase de diseño.
Después vino la segunda prórroga. Fue del 31 de julio de 2020, con plazo de ejecución hasta el 7 de mayo de 2021. El principal motivo de este retraso fue la emergencia sanitaria por el coronavirus, lo que traería demoras en la adecuación de la infraestructura tecnológica requerida, para que los funcionarios de la Secretaría y las personas del equipo consultor tuvieran acceso.
Asimismo, una semana antes de que se le diera luz verde al proyecto —es decir, antes del 10 de agosto de 2020—, se tuvieron que interrumpir varias funciones que prestaban otras entidades del Distrito, ya que Si-Capital (software que tenía la entidad para el pago de impuestos y otras funciones) iba a dejar de funcionar y este tenía que migrar los datos a la nueva plataforma, algo que representaba más demoras.
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Esto implicó que otras entidades distritales no pudieran acceder a servicios de la Secretaría de Hacienda, como gestión presupuestal y tesorería. Y eso provocó que la cartera de Hacienda recibiera cartas de 18 representantes legales de varias entidades, las cuales reclamaban por las dificultades que se presentaron. “Entre las entidades distritales que afectarían su operación está el sector salud, lo cual no era conveniente por el impacto que esto generaría”, dijo Ramírez.
El 3 de mayo de 2021 vino la tercera prórroga y se dio un plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2022. Algunas de las razones fueron que durante los primeros días de la implementación de Bogdata se presentaron dificultades en la operación de la oficina virtual. Asimismo, tuvo inconsistencias en la migración de datos de otras entidades distritales. Otros de los problemas estuvieron relacionados con el “manejo de usuarios, roles, transacciones, conectividad, procedimiento de firma de documentos, etc.”, agregó el secretario.
Por otra parte, la ampliación del servicio de soporte, nuevos requerimientos al sistema y darle continuidad al entrenamiento de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda fueron algunos de los motivos por los cuales ocurrió la cuarta prórroga, del 11 de abril hasta el 30 de septiembre de 2022.
Adiciones que tuvo el contrato de Bogdata
Además de las prórrogas, también hubo cuatro adiciones. La primera adición se hizo el 31 de julio de 2020, por un valor de $13.410 millones. Hacienda lo justificó señalando que incrementaron las licencias de los contribuyentes y de seguridad de la información.
La segunda fue el 29 de octubre de 2021, por $5.206 millones, por las mismas razones que se justificó la prórroga 2 del contrato.
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La tercera fue el 13 de diciembre de 2021, por $755 millones, y se debe a que en ese entonces la cartera de Hacienda anunció que necesitaba contratar más recursos para apoyar a la entidad en el soporte de la operación de Bogdata, especialmente en la atención de incidentes, en la guía de operación, el análisis y las recomendaciones de tratamiento de casos específicos.
La cuarta fue el 11 de abril de 2022, por $5.150 millones, de acuerdo con la entidad, el servicio de mantenimiento y soporte de nivel 2 contratados debió dar continuidad al “acompañamiento, financiamiento y entrenamiento adicional requerido por la SDH”.
Dineros perdidos y gastos que se pudieron evitar
“Solo en Colombia pasa que la gente tenga que marchar en la calle, porque quiere pagar sus impuestos, pero la plataforma para hacerlo no sirve”, asegura María Fernanda Rojas, concejala de Bogotá por la Alianza Verde, teniendo en cuenta que cuando la plataforma entró en funcionamiento, cientos de bogotanos no pudieron usar los servicios de pago de impuestos, por lo que en junio y julio de 2022 las instalaciones de la Secretaría de Hacienda colapsaron, por la cantidad de contribuyentes que fueron a pagar.
Asimismo, el fallo de la plataforma en ese año representó el gasto de $2.400 millones adicionales por la impresión y distribución física del impuesto del predial, y de $1.870 millones por los documentos para el impuesto de vehículos. De acuerdo con el secretario, en 2022 se imprimieron las facturas de los estratos 1, 2 y 3, y para mayores de 60 años.
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Por otra parte, hasta el pasado 31 de marzo, Hacienda tenía plazo de hacer valer las pólizas del contrato que se vencían ese día, pero hoy no se sabe si el dinero se reclamó o no. Otras de las herramientas que tuvo el Distrito para reaccionar a tiempo y recuperar una pequeña parte de lo invertido fue la garantía del amparo de cumplimiento del contrato, pero no se reclamó y se perdieron $12.000 millones.
En la denuncia de la concejala también recalca que la Personería había advertido sobre 20 contratos adicionales que se firmaron con SAP Colombia, entre 2019 y 2021, la suma de los cuales sobrepasa los $30.000 millones.
Las consecuencias para los trabajadores
Aunque mucho se habla de la escandalosa inversión que terminó siendo la implementación de Bogdata y del malestar de los habitantes de la capital ante una plataforma que no funciona, poco se sabe de lo que vivieron los empleados de la Secretaría de Hacienda con la puesta en marcha de esta herramienta.
De acuerdo con integrantes de la Unión Distrital de Trabajadores, el sindicato que surgió en la cartera de Hacienda después de la llegada de Bogdata, a modo de respuesta por las inconformidades que representó este cambio para ellos, esta plataforma prometía automatizar muchos de los procesos.
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“Pero como la implementación fue un fracaso, fue técnica y administrativamente complicada, y lo que se pretendía automatizar se hizo manual, porque la herramienta quiso dar una función, pero no pudo satisfacerla, e hizo revertir procesos, generó el aumento de la carga laboral”, señaló uno de los voceros del sindicato. Dicha organización tiene más de 200 integrantes, en una entidad en la que trabajan alrededor de 1.300 funcionarios, y tiene miembros activos que hacen parte de aéreas como tecnología y la oficina de gestión de servicio.
Otro miembro, que atiende directamente a los contribuyentes, denunció agresiones físicas de los ciudadanos. Contó que a una de sus compañeras un ciudadano la escupió y que todo esto ha llevado a varios de ellos a tener incapacidades médicas por estrés laboral. “Se habla de los contribuyentes, pero poco de los funcionarios, que son los que están al frente y dan la cara”, exclamó una de las trabajadoras.
Otro de los funcionarios denuncia que Bogdata realmente se puso en marcha en febrero de 2022. Asimismo, todos coinciden en que las jornadas laborales se extendieron por más de tres horas. “De manera desesperada le pedimos a la Secretaría de Hacienda que nos entregue un sistema que sirva”, señala uno de los miembros del sindicato.
Hoy, las pólizas del contrato se vencieron; no hubo sanciones para el contratista por los incumplimientos, y a la cartera de Hacienda ya no le queda nada por hacer, solo asistir a las audiencias que están en curso por el proceso sancionatorio en marcha.
La primera audiencia fue el pasado 9 de marzo, continuó el 11 de abril, se aplazó para el 18 de mayo y sigue en proceso. De acuerdo con funcionarios de la entidad, esto puede tardar más de año. Y aunque desde El Espectador buscamos al secretario Ramírez, del área de comunicaciones respondieron que, debido a las audiencias que se están llevando a cabo, no pueden entregar información adicional.
Por su parte, Beatriz Elena Arbeláez Martínez, exsecretaria de Hacienda, tampoco aceptó ninguna de nuestras entrevistas por motivos de tiempo y trabajo. Actualmente, se desconoce en qué va el proceso de Bogdata y solo queda la pregunta de ¿por qué la Secretaría de Hacienda nunca sancionó al contratista ni tomó cartas en el asunto? Mientras tanto, los habitantes de la capital seguirán costeando con sus impuestos la plataforma y los más de $60.000 millones adicionales que costaron los incumplimientos, contratos e irregularidades.
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Por Sara Caicedo
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