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La intervención de la Superintendencia Nacional de Salud en Nueva EPS tomó por sorpresa al mundo de la salud por varias razones. Llegó unas horas después de la intervención a Sanitas, otra de las EPS más grandes del país, y dejó varias preguntas adicionales. Si el Gobierno había logrado ubicar en la presidencia de Nueva EPS a una persona cercana al presidente Gustavo Petro, Aldo Cadena, ¿por qué era necesario intervenir?
El superintendente Salud, Luis Carlos Leal, trató de responder esa duda en una rueda de prensa hacia el final del miércoles. Aseguró que las razones son similares a las que encontraron con la EPS Sanitas: “Ninguna de las dos cumple con los requisitos habilitadores financieros para poder ejercer sus funciones, como son el patrimonio adecuado y el régimen especial de reservas técnicas. Estos dos indicadores son ejemplo del incumplimiento financiero”. (Puede ver: Reforma a la salud: ¿Por qué no hubo consenso?)
Pero varias personas que consultamos, entre académicos, conocedores del sistema y exfuncionarios de EPS y del Ministerio de Salud, creen que no es correcto meter la intervención de Sanitas y de Nueva EPS en la misma bolsa. “Son casos con diferencias muy importantes”, dice, por ejemplo, Giovanni Jiménez Barbosa, investigador de la Jorge Tadeo Lozano y quien ha trabajado en el sector salud gran parte de su vida.
“Creo que con Sanitas el Gobierno buscaba mandar un mensaje: esa EPS muestra características que pueden ser explotadas políticamente. Es, primero, de propiedad extranjera, lo que permite un discurso de defensa de los intereses nacionales respecto a un agente internacional; y segundo, tiene una altísima integración vertical, que ha sido satanizada por este Gobierno, y que se acerca a como la había tenido en su momento SaludCoop”, agrega Jiménez. (Puede ver: ¿Qué significa la intervención de una EPS?)
Ambos son elementos que han hecho mucho ruido durante los últimos meses en Colombia: el ministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo, por ejemplo, llegó a pedirle a la Contraloría el pasado 20 de noviembre que levantara el velo corporativo sobre Sanitas para conocer las finanzas del grupo Keralty, dueño de la EPS.
Ese grupo económico, con presencia en varios países de Latinoamérica, señaló en las últimas horas a través de un comunicado que considera que la medida de la Supersalud es “improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”, y que está analizando las acciones a tomar para “hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención”. Para la Supersalud, por otro lado, los indicadores de esta EPS no son buenos: el número de reclamaciones, dice, asciende a una tasa del 26,07 acumulada a enero de 2024.
Pero Nueva EPS tiene características distintas, no solo en lo que tiene que ver con la población que atiende, sino en su dirección. Si bien Sanitas es una EPS grande (con más 5,7 millones de afiliados), la mayoría de sus usuarios son del régimen contributivo. En contraste, Nueva EPS tiene la gran mayoría de sus afiliados (6.1 millones de los 10.9 millones que tiene en total) en el régimen subsidiado.
Además, “el mayor número de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo ha estado en Nueva EPS desde que era el Instituto de Seguro Social. Es decir, de tiempo atrás ha sido la EPS que ha tenido los pacientes más complejos”, dice Edilma Suárez, magíster en administración en Salud, exfuncionaria del Ministerio de Salud actual (estuvo allí hasta febrero pasado) y cercana a la exministra Carolina Corcho.
A diferencia de Sanitas (y del resto de EPS en Colombia), Nueva EPS tiene presencia en todo el territorio: está en los 32 departamentos y en 1.123 municipios, lo que, de hecho, la hacía una pieza clave de la reforma al modelo de salud que quiere el Gobierno. En el documento que se hundió en el Senado, se planteaba la capitalización, es decir, que el Estado como socio inyectara recursos. Ahí, justamente, está la diferencia más grande respecto a Sanitas: que Nueva EPS es una de las pocas EPS que tienen capital tanto público como privado, es decir, que sus propietarios son públicos y son privados.
Si bien en otras EPS también se comparte esa propiedad (como Capital Salud, en la que tiene participación la Alcaldía de Bogotá, o Savia Salud en donde tienen participación la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín), en Nueva EPS es el gobierno central el que tiene acciones: 50 menos una. El otro porcentaje (50 más una acción) está en manos de seis cajas de compensación (entre ellas, Compensación Familiar Cafam, Colsubsidio, Compensar y Comfenalco Valle). Aunque nos acercamos a las cajas para conocer su opinión y reacciones, respondieron que actualmente se encuentran estudiando el acto administrativo de intervención.
La junta directiva de Nueva EPS, entonces, estaba liderada por esos actores privados y el Gobierno, que eligen a un presidente o director general. Durante los últimos meses se habían presentado movimientos importantes en la dirección de Nueva EPS. A finales de noviembre de 2023 el Gobierno logró ubicar a dos personas de su confianza en la junta, y el pasado 16 de enero se confirmó la salida de José Fernando Cardona, presidente durante poco más de 14 años. En su reemplazo, llegó Aldo Cadena, un hombre cercano a Gustavo Petro, que lo eligió como secretario de salud cuando era alcalde de Bogotá.
La pregunta es, entonces, ¿por qué, si Cadena ya estaba en ese puesto, intervinieron a Nueva EPS? La decisión, en la práctica, saca a Cadena de su cargo, a menos de tres meses de haber llegado.
“Es la pregunta que nos hacemos todos”, dice Jaime Arias, quien fue expresidente de la junta de Nueva EPS, recién creada la entidad, y quien ha sido también líder de ACEMI (el gremio de las EPS del régimen contributivo). “Lo primero que pudo haber pasado es que él (Cadena) se encontró con cosas que no esperaba. Parece que se sorprendió mucho de que la plata no alcanzara, de que había obligaciones muy altas y de que la siniestralidad de Nueva EPS (el dinero que una EPS gasta en relación con lo que recibe para garantizar los servicios de salud de sus afiliados) estaba por encima de 100. Puede ser que no haya encontrado una EPS viable”. (Puede ver: ADRES asegura que giró $1 billón a EPS entre marzo y abril)
No es una teoría tan descabellada si se recuerda que el pasado 13 de marzo Cadena convocó a una rueda de prensa para revelar el estado financiero en el que había encontrado a Nueva EPS. “Yo llego en el momento en el que se está derramando la última gota, el punto de ebullición en el que todos hoy, Gobierno, contradictores, EPS, reconocemos que estamos en una profunda crisis que creo que está llegando más o menos al colapso. No hay nadie que no diga que estamos en profunda crisis”, dijo entonces.
En esa presentación, Cadena reveló otros datos importantes. Por ejemplo, que la EPS tenía índices de siniestralidad cada vez más altos: en 2023 se había gastado 102.5 pesos de cada 100 que había recibido, lo que había mermado el patrimonio de la entidad, que había pasado de $485.209 millones (a finales de 2022) a $73.826 millones (con corte a 2023). (Puede ver: La reforma a la salud se hunde definitivamente)
“Cuando Aldo Cadena llega a Nueva EPS empieza a encontrar una serie de manejos ocultos, opacos, que se hicieron de tiempo atrás. En estos pocos meses, él no puede, dada la gravedad en la que encuentra las finanzas, hacer mucho. Puede ser una persona de confianza del Gobierno, pero Nueva EPS está en tal gravedad que independientemente de que fuera él u otra persona, había que hacer la intervención”, agrega Suárez. “El Gobierno se había demorado en hacer estas intervenciones”.
Pero no hay que olvidar que, pese a que Cadena lideraba a Nueva EPS, eran las cajas de compensación las que tenían la mayoría de la junta, encargada de dar la autorización a todas las decisiones sobre los cargos de vicepresidencia hacia abajo. Para Jiménez, con la intervención, se busca tener, por completo, ese poder. “Muchas de las decisiones están limitadas por la junta. Al intervenir, se diluye ese poder y ellos (la Superintendencia de Salud) pueden hacer un cambio de estatutos para que el presidente pueda tener a su disposición todos los cargos de la empresa, cosa que hoy no puede pasar”.
Eso último es, apunta Arias, un riesgo: “Cuando existía el Seguro Social, tenía una gran injerencia de los grupos políticos. Nueva EPS había logrado mantenerse al margen de eso, gracias a que es una entidad mixta”.
Además de todas estas razones, la intervención en Nueva EPS podría tener también algunos tintes de malestares políticos. Cuando Cadena dio a conocer el balance financiero de la EPS, dejó abierta la puerta a discutir un reajuste de la UPC (el dinero que gira el Estado a las EPS) si se comprobara que no alcanzaba, algo que han defendido gremios de las EPS y que se llama en argot técnico “insuficiencia de la UPC”.
“Hay una buena disposición por parte del Ministerio de Salud, en cuanto a que le dijimos que deseamos remirar como fue el cálculo de la UPC”, dijo Cadena, en unas declaraciones que sorprendieron mucho porque es el propio Gobierno, en representación de Jaramillo, quien ha negado en reiteradas ocasiones que exista una insuficiencia de la UPC. De hecho, el ministro así lo reiteró ayer en el Senado: “Nos sentamos en 18 mesas técnicas con las EPS y no encontramos esa supuesta insuficiencia”, dijo. Las declaraciones hicieron tanto ruido que provocaron una respuesta de la exministra Carolina Corcho, que sonó para la dirección de Nueva EPS: “Los datos no le dan la razón. No estamos de acuerdo y no tiene ningún sustento”, le respondió Corcho.
En medio de este escenario, varias personas del sector de la salud se hacen otra pregunta. Si el Gobierno quería el control de la junta de Nueva EPS, ¿para qué lo va a usar?
La reforma, ¿aun viva?
No es la primera vez que en Colombia se decretan intervenciones sobre las EPS, pero el escenario en el que se dieron sí es inusual. Ambas ocurrieron durante el debate en el que se terminó hundiendo la reforma a la salud del Gobierno. “Lo que podía ser una concertación, ahora es de golpe”, señaló, por ejemplo, el presidente Petro, en medio de todas las reacciones que generaron las decisiones de la Supersalud.
Hay personas como la senadora Norma Hurtado, que lideró la voz de los nueve congresistas que hundieron la reforma en Senado, que creen que las intervenciones en las dos EPS apuntan a un “plan B” que el Gobierno venía planeando desde hace varios meses ante el rechazo al proyecto: “Es válido. Tienen las herramientas para hacerlo. Hay que esperar que esas intervenciones se hagan de la mejor manera sin colocar en riesgo la vida de los colombianos”, le dijo a El Espectador.
“Lo que ha ocurrido hasta el momento, después de la ley 1434 del 2011, que habla de atención primaria en salud, es que no se ha cumplido. Es el momento para que ahora, con estas dos EPS que son las más grandes del país, se pueda comenzar a hacer la implementación de la atención primaria en salud. En este momento, la mayor cantidad de recursos están orientados a las enfermedades de alto costo, y no a la atención primaria. Y la única manera que tiene el país de poder mejorar el flujo de recursos y tener un impacto en los indicadores de enfermedades y muertes prevenibles, es destinar recursos a la atención primaria. En esta intervención, dado el alto volumen de afiliados, hay que hacer esa reorientación”, dice Edilma Suárez.
Puede ver: Otros datos que no se pueden pasar por alto en el caso de la EPS Sanitas
Eso podría implicar también, en la práctica, uno de los elementos que más ha interesado al presidente del cambio de modelo que propone: un reenfoque de la red de prestadores, y en especial, de la red pública. “Pueden buscar reestructurar toda la red prestadora de Nueva EPS. Cuando se elige de interventor a Julio Alberto Rincón, están escogiendo a alguien perfectamente conocedor de las realidades políticas en municipios y departamentos. Y si se mira la directiva del presidente, hay una orden de organizar una red, construida desde los territorios, y en eso un buen conocedor es Rincón”, señala Jiménez.
Julio Alberto Rincón Ramírez asumió como interventor de Nueva EPS este 3 de abril. En su primera comunicación pública, señaló que espera llevar los servicios de salud preventivos a los territorios donde actualmente no llegan. “Nosotros llegamos a buscar la mejor salud para cada uno de los afiliados”, dijo.
“Yo esperaría que haya una trasformación de esa estructura de red de Nueva, dándole una prevalencia a IPS públicas, pero también a IPS privadas de gente que haya estado más cercana a este proceso de reforma. No olvidemos que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, con su director, Juan Carlos Giraldo, estuvo bastante acorde con esta reforma”, agrega Jiménez. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas es el gremio más importante de las IPS privadas. Giraldo, su director desde hace unos años, estuvo muy atento al proyecto de reforma y ha reiterado que, ya sea con esta reforma o no, el sistema sí necesita cambios.
“Creemos que las causales para pensar en una reforma a la salud siguen vivas. Hay dificultades en el flujo de recursos, hay entidades que no están cumpliendo con sus indicadores, hay poblaciones que no tienen una cobertura completa, hay accesos dentro del sistema de salud que son difíciles para ciertas poblaciones en ciertas áreas, hay agentes del sistema de salud que acusan fatiga en el cumplimiento de sus funciones y todo eso, sigue vivo”, dijo Giraldo este miércoles, cuando la reforma a la salud agonizaba en el Senado.
Ahora, la pregunta que se han hecho, por ejemplo, entidades como la Contraloría, es si el Estado, en representación de la Supersalud, tiene la capacidad de llevar a buen término estas intervenciones. Para personas como Arias, “En los últimos 30 años no ha habido una sola intervención que termine bien. La Superintendencia de Salud no tiene la capacidad para hacer unas buenas intervenciones, comenzando por la designación de los interventores”. Con él concuerdan exfuncionarios como Gustavo Morales, superintendente de Salud en el gobierno de Juan Manuel Santos, que cree que las intervenciones siempre son malas decisiones: “Cuando se toma esa medida se rompen todos los pesos y contrapesos”.
Puede ver: Corte Constitucional cita a EPS y a Minsalud para hablar de la UPC en la salud
“¿Qué es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 30 años? Los mismos Gobiernos se han encargado de que los diferentes ministerios y entidades tengan menos gobernabilidad. Pero eso no quiere decir que en este momento la Supersalud no tenga la capacidad y los recursos para cumplir sus funciones. Se debe trabajar en expedir una serie de normas, y estoy segura de que el Gobierno lo va a hacer, decretos y circulares, que le den mayor fortaleza a entidades como la Adres o la Supersalud”, opina Suárez. Agrega, además, que en esta discusión sobre la capacidad de la entidad se pasa “por alto que en la reforma había artículos que la fortalecían. Y los senadores lo hundieron. Se debe recuperar el papel del Estado”.
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