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Solo quedan cinco días hábiles para que el actual Congreso ponga fin a su primera legislatura. Sin duda, la agenda estuvo marcada por las iniciativas del Gobierno. Primero llegaron la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo, que ya están aprobados y en marcha. Luego apareció el paquete de reformas sociales (salud, pensiones y trabajo), que terminó congestionado el Legislativo y puso en aprietos la gobernabilidad del presidente Gustavo Petro.
La discusión de cada uno de estos proyectos ha estado marcada por las tensiones entre el Gobierno y los partidos políticos, especialmente el Conservador, Liberal y La U, que en un principio hacían parte de la coalición mayoritaria y en ese momento defienden su independencia. Los tres tienen la posibilidad de inclinar la balanza hacia cualquier lado, por lo que su ausencia, como ha ocurrido en las últimas dos semanas, traba cualquier votación.
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Los directores de estas tres bancadas han lanzado varias críticas a las reformas y en algunos casos han anunciado que, como partido, no apoyaran algunas. Por ejemplo, el senador Efraín Cepeda, jefe de los conservadores, aseguró que no votarán la reforma laboral ni la de la salud, aunque reciban presiones u ofrecimientos burocráticos.
Sin embargo, aunque este tipo de pronunciamientos son recurrentes, pues también los han hecho César Gaviria (Partido Liberal) y Dilian Francisca Toro (Partido de La U), no parecen ser la última palabra en los debates. Dentro de esas colectividades hay varias voces disidentes que no acatan los pronunciamientos de sus jefes y han apoyado, en repetidas oportunidades, propuestas del Gobierno que no convencen al resto de sus compañeros.
Los casos de la reforma a la salud y la laboral
Durante el accidentado primer debate de este proyecto, en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, varias bancadas presentaron sus “líneas rojas” e incluso anunciaron que no respaldarían la propuesta. Ese fue el caso del Partido Liberal, que a través del expresidente Gaviria dijo que el proyecto es ineficiente, elimina las EPS, genera corrupción y no tiene incentivos para la contención del gasto.
Aún así, durante el debate en la comisión, donde el partido tiene cuatro votos, nunca se sintieron esos reclamos. Los cuatro representantes votaron sí a la mayoría de artículos, incluyendo los que plantean cambios estructurales al sistema de salud.
Quien lideró esta movida fue María Eugenia Lopera Monsalve, representante por Antioquia. Cuando la reforma estaba a punto de naufragar antes de ser debatida, Lopera la salvó con su voto positivo a la ponencia. “Voté por coherencia y convicción (…) estoy convencida de las bondades que tiene la reforma para mejorar el sistema de salud de los colombianos”, le dijo en su momento a El Espectador.
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Durante la votación a ella se sumaron sus compañeros Héctor David Chaparro, Hugo Alfonso Archila y Germán Rozo. Este último reconoció que el panorama cambió con la llegada del nuevo ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien reemplazó a Carolina Corcho y le habría dado un nuevo aire a las conservaciones con los partidos.
Además de estos cuatro congresistas, la bancada liberal en la Cámara cuenta con otras voces que, pese a lo que dice la dirigencia de su partido, respaldan plenamente la agenda de reformas sociales del Gobierno, como Andrés Calle, Olga Beatriz González, entre otros.
Por los lados del Partido Conservador, el protagonista de esta suerte de rebeldía fue el representante Jorge Alexander Quevedo, quien contra todo pronóstico firmó la ponencia de la reforma laboral. El hecho le generó problemas en el partido, que ordenó abrirle una investigación disciplinaria y suspenderlo durante tres meses.
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El caso llegó al presidente Petro, quien en sus redes sociales respaldó a Quevedo y denunció una posible persecución política por la investigación. “Todas las instancias de la justicia nacional e internacional deben ser usadas para detener la persecución contra los derechos políticos que protege nuestra constitución y la convención americana”, dijo el mandatario.
Debido a estas tensiones internas en los partidos, el Gobierno trata de dialogar con cada congresista y hace cuentas para saber si cuenta con los votos necesarios para la semana definitiva de las reformas. “El llamado a los partidos es que dejen en libertad a sus congresistas, ellos tienen el derecho y deber constitucional de votar respondiendo a su electorado, que son los verdaderos jefes del Congreso”, le dijo a El Espectador el presidente de la Cámara, David Racero.
La próxima semana, en la plenaria de la Cámara, se retomará el segundo debate de la reforma a la salud, mientras que en la Comisión Séptima de esa misma corporación se discutirá la reforma laboral. La pensional seguirá en la Comisión Séptima del Senado, donde ya tiene ponencia aprobada. Además, se esperan los debates de la regulación del cannabis, el campesinado como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, entre otros.
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