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Son muchos los caminos que puede recorrer un alimento hasta llegar a su mesa. Algunas vías son más largas, otras más cortas y eso tiene mucho qué ver con el precio final. Además, es esa logística el proceso en el que más se encarece la comida, muchas veces sin agregar valor.
Se trata de un asunto clave en un país como Colombia, en el que la inseguridad alimentaria estuvo presente en 25,5 % de los hogares y el 4,8 % pasó hambre en 2024, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Justamente la capacidad adquisitiva es el mayor obstáculo que tienen las personas para acceder a los alimentos, es decir, que en los hogares se deja de comer porque no hay dinero, de acuerdo con Agustín Zimmermann, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés) en Colombia. A esto se le suma el conflicto armado y que los sistemas de abastecimiento no funcionan bien.
Como si fuera poco, son los pobres y vulnerables aquellos que más se ven afectados por la inflación de alimentos, debido a que a ese renglón de productos le dedican un mayor porcentaje de sus ingresos.
El punto inflacionario más crítico fue en 2022 tras la pandemia y los efectos en la comida que tuvo la guerra de Rusia con Ucrania. De hecho, el incremento llegó a estar por encima del 25 %, pero se fue controlando con el paso de los meses. Actualmente, la inflación de los alimentos es de 4,94 %, muy cercano al dato general (4,90 %) para el mes de julio, según el DANE.
Otro factor que favorece la inseguridad alimentaria es la no disponibilidad de los productos, pero este no es el caso colombiano. “Pese a que crecemos en área sembrada, el hambre sigue siendo un gran reto porque no tenemos mecanismos justos de distribución de los alimentos, aún hay conflicto armado y el cambio climático golpea de manera desigual”, reconoce la ministra de Agricultura Martha Carvajalino.
Justamente, la comercialización ayuda a entender la dinámica de precios, porque no son los productores y campesinos los que se están quedando con los sobrecostos. Todo lo contrario, son el eslabón más débil de toda la cadena.
No hay que buscar mucho para tener dos ejemplos de lo difícil que es cultivar alimentos y que sea rentable. Eso es lo que ha estado ocurriendo este año con las crisis del arroz y la papa, pues los productores sostienen que los precios de las cosechas no alcanzan ni a cubrir los costos de producción.
La situación hizo que los arroceros salieran a dos paros en menos de seis meses, uno de nueve días y otro de 11 porque el año pasado la carga (125 kg) se vendía en unos $225.000, pero llegó a estar en $158.000 para los Llanos Orientales, según Fedearroz. Finalmente, tras varias reuniones con el Minagricultura acordaron una serie de medidas para aliviar las pérdidas y fijar un precio mínimo de compra.
Mientras que los paperos se resistieron a declarar un paro y han tenido varias reuniones con el Gobierno para hallar soluciones a sus pérdidas, que son de entre $11 y $15 millones por hectárea, asegura Fedepapa.
Para este punto es claro que los productores no siempre reciben lo que vale la comida y eso también afecta la capacidad que tienen para comprar alimentos, pues su principal fuente de sustento es la agricultura, ganadería y pesca.
De hecho, es en la ruralidad donde hay más deficiencias alimentarias y ha empeorado. Entre 2023 y 2024, la inseguridad alimentaria moderada y grave pasó de 32,5 % a 34,2 % en el campo y en las áreas urbanas pasó de 26,8 % a 23 %.
Pero tampoco se trata de poner a las personas a pagar más, pues se deberían reducir los costos de los alimentos para lograr que baje el hambre en el país. No solo se necesitan políticas frente al hambre y pobreza, es el punto de encuentro entre el campo y la ciudad, en palabras de la ministra Carvajalino.
Entonces, ¿cómo hacer que el productor gane más y que los consumidores paguen menos? La clave está en que no está funcionando bien la conexión de esas dos puntas: el sistema de abastecimiento, apunta Zimmermann.
Por lo anterior, se hace necesario buscar estrategias para reducir la intermediación y aumentar la eficiencia de la comercialización. Entre el 10 y 15 % del precio es para el productor y a lo largo de la cadena se encarece con su procesamiento, empaque y transporte, agrega Marcos Rodríguez, líder de Agricultura familiar en FAO Colombia.
Para hallar soluciones e intercambiar experiencias que han funcionado en América Latina y el Caribe, se reunió esta semana la Red regional de Sistemas Públicos de Abastecimiento y Comercialización de Alimentos (Red SPAA) en su décima edición, conformada por 19 países y cuya secretaría técnica está en manos de la FAO.
El tema central del encuentro fue la creación de programas de adquisición, abastecimiento y comercialización de alimentos que promueve la generación de varias fuentes de empleo y aporte a la dinamización de la economía local. Uno de los puntos esenciales para lograrlo es la información: saber quién produce qué, en dónde, cuándo y quién lo compra; para poderlos conectar de manera óptima.
Un ejemplo que ayuda a dimensionar el problema es que en Bogotá hay algunos alimentos que pueden tener hasta ocho intermediarios a lo largo de su recorrido, desde que sale de la finca hasta que llega a la mesa de una familia, relata Carolina Chica, directora de Economía Rural y Abastecimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico de la capital.
Lo peor es que muchas veces esos intermediarios no le dan un valor agregado al alimento. Por eso Chica sostiene que el objetivo es reducir los pasos logísticos a su mínima expresión, de manera que cada uno aporte algo al producto final.
En palabras de la ministra de Agricultura, el tema se reduce a hay que “hacer del comercio algo más allá de la lógica económica. Alimentar al mundo no es un intercambio comercial, es un deber ético y moral, es una cuestión de derechos humanos”.
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