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Casi 22 años después, el fantasma de la masacre de Macayepo sigue rondando al exsenador Álvaro Alfonso García Romero, condenado a cuarenta años por este crimen. A la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia acaba de llegar una nueva acusación en su contra por el desplazamiento forzado que causó en los pobladores de la región de Sucre esa sangrienta incursión paramilitar, ocurrida del 9 al 17 de octubre del año 2000, donde fueron asesinados a mansalva doce campesinos. Se trata del segundo capítulo de un expediente que, en febrero de 2010, ya falló ese alto tribunal en el que estableció que García Romero, en alianza con el bloque Héroes de los Montes de María de las autodefensas al mando de Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, fue uno de los determinadores de esa masacre. En esta ocasión, la Corte evalúa su responsabilidad en el exilio de decenas de labriegos por cuenta de estos hechos.
Documentos en poder de El Espectador revelan la bitácora de este accidentado proceso judicial. El 4 de noviembre de 2010 la Corte vinculó, mediante indagatoria, a García Romero a este caso y el 29 de junio de 2016 fue acusado formalmente por el delito de desplazamiento forzado. Un año más tarde se instaló la audiencia preparatoria; pero, tras la reforma que creó la doble instancia para congresistas, el caso fue remitido a la recién creada Sala de Juzgamiento. Sin embargo, en agosto de 2018, el juicio quedó suspendido luego de que García Romero se acogiera a la JEP y anunciara que aportaría a la verdad sobre el conflicto en Sucre. Casi cuatro años después, en febrero de 2022, la Jurisdicción Especial para la Paz lo expulsó al considerar que incumplió sus compromisos al negar sus responsabilidades en el patrocinio de grupos ilegales. Luego de varias nulidades y aplazamientos, por fin este expediente regresó a la Corte y su juicio se reanudará pronto.
La prueba reina en este caso es una conversación que interceptó la Policía de Sucre el 6 de octubre de 2000, días previos a la masacre, en la que el ganadero Joaquín García le pidió al entonces senador García Romero que gestionara un movimiento de tropa de la Brigada de Infantería de Marina para facilitar la incursión paramilitar. “Yo me puedo ir mañana a los 8 a la Brigada y puedo pedirle incluso al gobernador que me colabore con eso”, le dijo García Romero. En la charla, además, se habló de la incomodidad que estaban generando en las autodefensas las actuaciones de “los verdes” de la Policía. Joaquín García, por ejemplo, preguntó si no había forma de “tocarlos” para que colaboraran y añadió: “Mira, nosotros no necesitamos aquí un tipo que nos ayude, pero sí que no joda, o sea, que se haga el loco para ver si esta gente funciona, porque ellos van para Macayepo mañana”. En su momento el coronel Rodolfo Palomino era el comandante de la Policía de Sucre.
Según la Corte, el propósito de la masacre fue consolidar la expansión de las autodefensas en la región y recuperar unas vacas que le habían sido hurtadas por la guerrilla al exgobernador Miguel Nule Amín y al ganadero José Joaquín García. Ya entonces el proyecto paramilitar se había instalado en los más altos cargos públicos de Sucre, mientras los parlamentarios que manejaban los hilos del poder maniobraban en la tras escena con los jefes paramilitares Juancho Dique, Diego Vecino y Cadena, quienes decidían los tiempos y lugares de su cruzada asesina. La magnitud de la tragedia hizo que decenas de campesinos huyeran despavoridos de sus hogares en las veredas El Limón, La Palma, Los Deseos, El Pavo y El Floral, del corregimiento de Macayepo, muy cerca del Carmen de Bolívar (Bolívar). La Corte documentó el imperio político que erigió García Romero durante 24 años como congresista y su poder y ascendencia sobre la Fuerza Pública.
Valiéndose de su función como congresista, “influyó sobre las autoridades militares para que omitieran su deber de protección sobre la población asentada en inmediaciones del corregimiento de Macayepo, propiciando de esta forma la incursión de la estructura criminal de las Auc, con quien tenía vínculos”, sostuvo la Corte en su acusación. Los relatos de los habitantes revelan el horror que padecieron en aquellos días. “Mataron a varias personas (entre ellas) un señor que le faltaba un brazo. A ese debe estar el golero [gallinazo] comiéndoselo”, contó un testigo. Otro señaló: “Estando mi hermano y sobrino ya muertos cogí dos hamacas para cargarlos para que no se los comiera el golero ni los perros. Tres amigos me ayudaron a cargar cada hamaca. Los enterré en Macayepo”. Uno más agregó: “Entraron a los potreros y se llevaron cuarenta reses. A mi hermano lo mataron”. Y una última víctima narró: “Todo se quemó. Nos quedamos con lo que traíamos puesto”.
Mientras acababan con todo a su paso, los paramilitares de alias Cadena enfatizaron en que ellos eran los dueños y señores de la región. Una viuda relató: “Se llevaron a mi esposo y le amarraron las manos atrás, lo llevaron a la Cañada del Limón donde lo mataron, le mocharon la cabeza, nada más le dejaron un poquito de cuero que la sostenía”. Según el expediente, durante una semana un centenar de miembros de las autodefensas obligaron a muchos pobladores a presenciar cómo sus familiares eran brutalmente torturados y sus ranchos destruidos “sin compasión alguna”. El desplazamiento fue inmediato. Como promotor y financiador de ese bloque paramilitar, la acusación de la Corte advierte el “doloso compromiso penal” de Álvaro García Romero. Desde 1996, constató el alto tribunal, al amparo de ganaderos, políticos y funcionarios, el paramilitarismo se tomó Sucre y a punta de balas y fusiles sembró el miedo entre sus habitantes.
Para llegar a esas conclusiones fueron claves las confesiones de los exjefes de las autodefensas Salvatore Mancuso, Juancho Dique y Diego Vecino, así como los testimonios de Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, quien fue uno de los primeros en señalar los tratos de García Romero con la mafia. Así se corrió el velo del poder criminal y las alianzas que durante años construyeron políticos y paramilitares por igual en Sucre, donde se ordenaron masacres como la de Macayepo y asesinatos como el de Eudaldo Díaz, el exalcalde de El Roble, por la cual fue condenado también a cuarenta años de prisión el exgobernador Salvador Arana. Sucre fue uno de los laboratorios del paramilitarismo. De hecho, las investigaciones de la parapolítica empezaron allí. Los primeros tres parlamentarios detenidos en noviembre de 2006 —de los más de cincuenta congresistas que resultaron condenados finalmente— eran de esa región: Jairo Merlano, Eric Morris y, claro, Álvaro García Romero.
Alias Pitirri, quien fue escolta durante años del patrocinador de las autodefensas José Joaquín García, relató, por ejemplo: “Joaquín les explicaba a [Salvador] Arana y a [Eric] Morris y a Álvaro García que tenían el poder y que con esa estructura paramilitar tenían más fuerza. Joaquín le decía a Álvaro que se podía encargar de hablar con los altos mandos militares como senador, al punto tal que, si les llegaba un coronel que no les quisiera dejar trabajar, entonces Álvaro se iba a encargar de hablar con los altos mandos en Bogotá para que cambiaran a esa persona que no les caminaba”. Lo más grave es que la masacre de Macayepo estaba anunciada. La Policía reportó información precisa sobre los movimientos de las autodefensas y dichos reportes fueron ignorados por el coronel Hernando Jama Arjona, entonces encargado de la Brigada de Infantería, cuyas tropas se desplazaron a otros lugares mientras los paramilitares consumaron la masacre.
El entonces coronel Rodolfo Palomino le envió mensajes urgentes a la Brigada de Infantería que nunca fueron tenidos en cuenta para evitar el luctuoso desenlace para los campesinos. La Corte lo resumió así en la acusación contra Álvaro García: “A pesar de tan precisas y reveladoras informaciones, inexplicablemente ninguna anotación aparece en tal sentido en los informes de inteligencia del 3, 10 y 17 de octubre emanados de la Brigada de Infantería y que suscribe el coronel Jama Arjona. Más grave resulta aún que este oficial no haya efectuado ninguna acción tendiente a impedir el cruento accionar de los paramilitares”. Con estas evidencias y una condena encima por estos hechos, la Sala de Juzgamiento de la Corte se apresta a reanudar el juicio por desplazamiento forzado contra Álvaro García, quien hoy tiene 71 años. El exilio de decenas de campesinos es ahora el centro del debate. El fantasma de Macayepo y las pruebas del proceso apuntan a otra condena.
Por Juan David Laverde Palma
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