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Vientos intempestivos de corrupción continúan resoplando sobre la universidad Distrital. El flagelo, de vieja data en la institución educativa, parece estar lejos de conceder tregua alguna. Tras la denuncia reciente de un presunto conflicto de intereses, que salpicó al actual rector de la universidad, El Espectador conoció una acusación todavía más grave, que apunta a un presunto desfalco de más de $2.000 millones de pesos. Al igual que el último escándalo, los indicios de esta posible irregularidad mantienen su rastro en las entrañas mismas de dirección financiera de la institución.
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La fuente denunciante, que pidió reserva de identidad, pero que trabajó para el ala financiera de la universidad, declaró que el caso de Tarazona, y del presunto conflicto de intereses con su cónyuge y el decano de la facultad de Tecnología, solo es la punta del iceberg.
El funcionario, que ya se encuentra retirado de la universidad, menciona que durante su paso por la división encargada de los asuntos financieros fue testigo de varias irregularidades. En una de ellas, menciona como en la oficina encargada de administrar la nómina, se omitieron dos embargos judiciales en contra de Elverth Santos Romero, actual vicerrector financiero de la universidad.
A pesar de que la orden de un juzgado de Barranquilla exigió la retención de la quinta parte del excedente en el salario mínimo del funcionario, los encargados de aplicar el embargo habrían optado por hacerse los de la vista gorda. El denunciante, que contactó El Espectador, explica que al notar esta anomalía, decidió preguntar a sus compañeros responsables de las nóminas, a lo que estos respondieron que el dirigente les había explicado que dicha deuda ya había sido saldada. “Era una deuda por más de $200 millones, no me explicó como pudo pagarla de un momento a otro porque sí”, comentó el denunciante.
No es la primera vez que Santos Romero es cuestionado. Cuando fue nombrado en su cargo, para enero de 2022, hubo miembros de la comunidad estudiantil que no se mostraron convencidos de su idoneidad para el cargo. Eugenio Gutierrez Cely, reconocido líder docente de la universidad, denunció en su momento que Santos Romero no tenía la experiencia requerida para administrar los más de $100.000 millones de presupuesto que maneja la universidad. En cambio, la experiencia de Santos se aglutina en el sector político. Fue dos veces diputado en la asamblea departamental del Atlántico y ficha política del exsenador liberal, Álvaro Ashton, vinculado a procesos penales por parapolítica y el cartel de la toga.
Ahora, todas las controversias anteriormente mencionadas, no se comparan con la acusación que ahora recae sobre Santos y otros integrantes de la dirección financiera de la entidad.
Existen inconsistencias en los balances financieros del año 2022, que demostrarían un hueco por $2.797.689.953 en las arcas de la universidad, que no han podido ser justificados. Por el contrario, al momento de realizar la enmienda para justificar este vacío, se habría incurrido en falsedad de documento, con el fin de adulterar el balance y ocultar el desfalco.
Según se aprecia en el estado financiero presentado el 31 de diciembre de 2022, la universidad tuvo ingresos fiscales por $2.797.689.953. Dicha cantidad, quedó debidamente registrada en el documento que se publicó en la fecha mencionada.
Empero, un año después, para el balance del 31 de diciembre de 2023, los $2.797.689.953 desaparecieron. Como por arte de magia, en la casilla en donde figuraba el ingreso, los $2 mil millones se convirtieron en cero. Un posible error de tipeo, además, queda descartado con el hueco que dejó esa cantidad en los ingresos operacionales totales. Ya que, en el informe presentado en 2022, el total consolidado fue de $438.806.628, mientras que, en el 2023, la cantidad de dinero varió hacia los $436 mil millones. De ahí, que la sustracción de los $2.797.689.953, se vea reflejada en el total consolidado.
Todavía más grave fue la acción que, presuntamente, prosiguió esta anomalía en los estados financieros. El pasado 1 de abril, el balance en donde quedó registrado el hueco de los $2 mil millones fue reemplazado en la plataforma de la universidad. En efecto, el nuevo estado financiero sí incluyó los $2.797.689.953 que faltaban, pero los detalles en la forma que utilizaron para subirlo, y de la naturaleza misma del archivo, levantaron sospechas sobre una posible adulteración.
Para empezar, a diferencia de los estados financieros que la universidad deja disponibles en la plataforma, el nuevo archivo fue subido como una imagen escaneada a blanco y negro. Lo anterior, a pesar de que la forma convencional de exponer dicho registro, es mediante un archivo PDF, a color, y con las firmas del rector (que firma digitalmente), el vicerrector financiero (es decir, Santos Romero) y el jefe de la División de Recursos Financieros.
En contraste, el documento con el que se reemplazó el balance, solo contiene la firma del rector (esta vez a mano), del líder del proyecto de contabilidad, Ernesto Suastegui, y de la jefe la oficina financiera, Diana Soraya (firmó digitalmente). En cuanto al usuario de la plataforma que subió el nuevo estado financiero, se pudo comprobar que se trató del que utiliza el vicerrector financiero.
¿Por qué este documento fue subido mediante imagen escaneada, a pesar de que contiene una firma digital?; ¿por qué se optó por una imagen escaneada en vez del formato convencional?, y, sobre todo, ¿Por qué el vicerrector no firmó el documento, pero sí subió el archivo a la plataforma? He aquí las dos incógnitas por despejar. Lo cierto, es que por el simple hecho de haber publicado la enmienda del estado financiero el 1 de abril, ya se habría incurrido en una irregularidad.
Los estados financieros solo pueden ser reportados, como fecha límite para enmendar errores, el 31 de marzo de cada año, como lo estipula la Resolución 356 de 30 de diciembre de 2022, numeral 5.2, de la Contaduría General de la Nación. Así también, revela el numeral 4.1, la manera correcta de corregir errores en los estados financieros es a través de las notas adjuntas, y no del reemplazo de un estado financiero legalmente publicado.
El Espectador pudo conocer que hay una denuncia penal en curso por estos sucesos. De igual forma, la Secretaría de Educación le confirmó a este diario que las novedades ya han sido reportadas ante los entes de control, para que se adelanten las investigaciones pertinentes. Para la realización de esta nota, se intentó contactar con los directivos financieros de la entidad en mención, pero no se obtuvo respuesta alguna.
Entre tanto, mientras la justicia aclara lo ocurrido, una nube de podredumbre e infamia sigue rodeando las lindes de la universidad Distrital, bandera de la educación pública y de calidad en la capital.
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Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
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