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Desde hace algunos años, Colombia encabeza un escalafón preocupante: es el país más peligroso para los defensores del ambiente. Global Witness, una organización internacional que recopila datos de líderes ambientales asesinados en el mundo, estima que, desde el 2012, se han reportado 1.335 homicidios. Solo en Colombia ocurrieron cerca del 30% de esos casos (382).
Cada año la situación parece agravarse. Mientras que en 2021 Colombia ocupaba ese primer puesto con 33 líderes ambientales asesinados, en 2022 (la medición más reciente) la cifra se duplicó. El país siguió ocupando el primer lugar, pero ahora con 60 asesinatos. De estos, dos casos llamaron especialmente la atención: el de dos menores de edad (de 14 años) que pertenecían a comunidades indígenas, una de las poblaciones más amenazadas. Solo en 2022, más de un tercio de las personas defensoras del ambiente asesinadas en el mundo eran indígenas. Y más de una quinta parte de los homicidios ocurrieron en la Amazonia.
¿Por qué defender la selva amazónica, un ecosistema clave para la regulación del clima y el principal reservorio global de carbono, es una actividad de alto riesgo? Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, al que tuvo acceso El Espectador, evidencia que la suma de la presencia de grupos armados ilegales, la ausencia institucional, las actividades extractivas, la apropiación de tierras, la deforestación y el desarrollo de proyectos de bonos de carbono está poniendo en riesgo la integridad de los defensores ambientales de la Amazonia colombiana.
A través de una Alerta Temprana (007-24), esta entidad identificó que, en 50 municipios y 18 áreas rurales de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo Vaupés y Vichada, los líderes ambientales tienen un riesgo “extremo” y “alto” por ejercer sus actividades de defensa del ambiente. Entre los grupos más vulnerables están líderes indígenas y campesinos, comunidades en aislamiento voluntario o contacto inicial, mujeres, niños, jóvenes y guardaparques.
Las principales amenazas, según la entidad, provienen de grupos armados ilegales, como fracciones disidentes de las antiguas FARC-EP (Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia), Comandos de la Frontera, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos de crimen organizado que se mueven entre los países amazónicos. (En el mapa los departamentos y territorios con alertas de riesgo para líderes ambientales documentados por la Defensoría)
En total se identificaron y detallaron ocho escenarios de riesgo para quienes defienden el Amazonas. Algunos de ellos, asociados a prácticas ya conocidas, como la extensión de cultivos ilícitos, la deforestación, la minería ilegal, la expansión de la frontera agrícola en áreas protegidas y el comercio ilegal de madera. Pero el panorama también incluye el riesgo de oponerse a actividades legales, como la extracción de hidrocarburos, la minería de cobre y los cada vez más populares proyectos de bonos de carbono, que según la Defensoría del Pueblo estarían usando los grupos armados para financiarse.
“La amenaza directa y violenta sobre los liderazgos ambientales amazónicos, impacta también los derechos ambientales en la Amazonía. Pues implica suspender sus actividades de defensa de este territorio, uno de los ecosistemas más valiosos de la Tierra”, alerta la Defensoría.
Los mercados de carbono, ¿nueva fuente de amenazas?
Los científicos llevan décadas advirtiéndonos sobre el lento avance para reducir las emisiones de gases que calientan el planeta (gases de efecto invernadero). Si seguimos por la ruta que vamos, para final de siglo tendríamos un aumento de temperatura de 2,7°C, lo que cambiaría completamente la vida como la conocemos. Además, generaría millonarias pérdidas y se necesitarían miles de millones más para intentar adaptarnos a estas nuevas circunstancias.
A lo que se le suma otro gran problema: la falta de presupuesto, principalmente, en los países en desarrollo, que también son los más vulnerables a los impactos del cambio climático.
Ante ese panorama, el mercado de carbono se propuso como una alternativa para conservar los bosques que capturan carbono y limitan el calentamiento del planeta, al tiempo que se generan ingresos en las comunidades y países que se dedican a conservarlos. ¿Cómo? La propuesta, debatida ampliamente en las negociaciones internacionales, permite que empresas o personas pueden comprar créditos de carbono para compensar sus emisiones de gases.
Sin embargo, la implementación de estos proyectos, en la realidad, ha revelado varias zonas grises y enormes retos en su aplicación (que ya han sido objeto de otras investigaciones). Puede leer: Empresas colombianas desconocen autoridad indígena en proyectos de carbono en Amazonía
La alerta de la Defensoría del Pueblo va por un camino poco mencionado hasta ahora: los grupos armados ilegales estarían presionando a las comunidades que llevan a cabo estos proyectos, conocidos como Proyectos REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation), con el fin de tener nuevas fuentes de financiación. También estarían presionando para que se vinculen y adelanten nuevos proyectos, poniendo en riesgo a los defensores ambientales las comunidades, su autonomía y gobierno propio.
“Este Despacho evidencia con preocupación (…) la inducción de pagos forzados a coordinadores de proyectos de las empresas interesadas en la compra de bonos de carbono en Vaupés, lo que implicaría financiación del terrorismo”, señala el informe.
En otras palabras, dice la entidad, estos proyectos podrían llegar a representar intereses económicos para los actores armados e impulsar la imposición de contribuciones forzosas o extorsiones, amenazas y estigmatización para las comunidades responsables de cuidar los bosques y evitar la tala y la deforestación.
El reporte documenta un caso en Guaviare, en donde las autoridades indígenas han denunciado que los actores armados ilegales son los que controlan el acceso de las empresas titulares de los proyectos de bonos de carbono al territorio. Para ellos, señalan, “es claro cuando una empresa implementadora u operadora tiene o no el apoyo de las armas”.
Francisco Ocampo, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono), una de las organizaciones que reúne a varios miembros del mercado, asegura que, aunque entre sus asociados aún no han recibido denuncias concretas sobre el tema, sí han escuchado comentarios de algunos proyectos que podrían estar teniendo estos inconvenientes.
“Muchos de estos proyectos están en zonas en las que hay actores armados. Y es probable que hayan ocurrido este tipo de situaciones, pero no tenemos denuncias oficiales al respecto. Entre otras cosas, porque, seguramente, los mismos proyectos y las comunidades que pudieron ser amenazadas, sienten algún tipo de temor en denunciar”, explicó a El Espectador.
Una comisión de la Defensoría también visitó, en el primer semestre del 2023, zonas del Amazonas y Putumayo donde encontró que el Frente Primero Armando Ríos, del Estado Mayor Central, estaría a favor de los bonos de carbono, “con miras a obtener una mayor contribución forzada que las de otros tipos de programas ambientales”. El riesgo, evidenció la entidad, es que esa manifestación pueda generar otras presiones y coacción para forzar a las comunidades a que impulsen los proyectos. Así como puede generar que los grupos interfieran violentamente en los conflictos sociales que esos proyectos ya han generado en algunos territorios.
Desde 2010, a nivel internacional, se establecieron una serie de salvaguardas sociales y ambientales para la negociación y puesta en marcha de los proyectos de bonos de carbono (con el objetivo de prevenir y reducir los impactos de los mismos en las comunidades). Pero la realidad demuestra varios vacíos en su cumplimiento e implementación. Pese a que dichas salvaguardas fueron aterrizadas al contexto colombiano desde 2018, por ejemplo, y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo las hace de obligatorio cumplimiento; el país aún no cuenta con un instrumento de seguimiento a su aplicación.
Esto ha generado, como también relata la Defensoría, casos de negociaciones en desigualdad de condiciones, traslapes entre los proyectos y fragmentación del tejido comunitario. Ocampo, de Asocarbono, reconoce que están trabajando en eso. “Tenemos un grupo interno de trabajo que analiza el asunto de las salvaguardas, y estamos preparando un documento de posición gremial, siempre otorgado al mejoramiento, a la superación de las malas prácticas y a la mayor calidad e integridad ambiental de los proyectos”, afirma.
Frente al tema de los actores armados, agrega: “Nos parece muy importante la alerta que hace la Defensoría, que recoge una realidad. Nosotros le dimos a conocer el informe a nuestros asociados, especialmente a los que tienen proyectos en la Amazonia, pero también a los del resto del país. Y, seguramente, lo que seguirá en nuestro grupo de trabajo de salvaguardas es revisar la manera en la que los proyectos pueden abordar y afrontar este tema de la mejor manera. Fortalecer los proyectos ante este tipo de amenazas. Es un asunto que hay que hacer visible y discutir”.
La Defensoría, por su parte, hace un llamado a regular normativamente la implementación de las salvaguardas y a reforzarlas en materia de proyección a los liderazgos y comunidades firmantes de los proyectos.
Deforestación a la carta en el Amazonas
La alerta de la Defensoría también detalla como en Meta, Guaviare y Caquetá, en municipios que concentran la mayor proporción de la deforestación en la Amazonia, facciones disidentes de las extintas FARC-EP, particularmente, el Estado Mayor Central, impulsan medidas de “regulación ambiental” impuestas por panfletos o mensajes de audio.
Estas suponen un riesgo para cualquier liderazgo que vaya en contravía al manejo que quieren darle, desde estas organizaciones, al medio ambiente. Entre las directrices, por ejemplo, han impuesto formas de regulación de la tala, la restricción del ingreso de personas a áreas protegidas (inclusive autoridades ambientales) y cobros de impuestos por compra, venta y tenencia de tierra o cabezas de ganado.
Pero no siempre fue así. Tras la firma del Acuerdo de Paz, por ejemplo, los Frentes Primero y Séptimo, disidentes al pacto, fueron permisivos con la deforestación, permitiendo la entrada de terratenientes a la zona. Fue un “orden laxo” en el que, quien pagara un “impuesto” podía tumbar monte, señala el informe de la Defensoría. Luego, durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), el avance de la Campaña Artemisa, en la que la defensa del ambiente se convirtió en una estrategia de combate, generó otros impactos: los grupos disidentes empezaron a amenazar a entidades o servidores con funciones de control ambiental, como guardaparques, y aumentaron los controles a la movilidad y vida cotidiana de las comunidades.
Sin embargo, desde mayo del 2022, las regulaciones ambientales ejercidas por los disidentes evidenciaron un cambio. En vista de que se acercaba un posible cambio de gobierno, con un discurso proclive a la negociación, la protección del ambiente y la paz, las regulaciones en torno a la tala de árboles adquirieron más importancia en su ejercicio de control. Un trabajo de campo de la Defensoría permitió constatar que, desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, el grupo disidente ha emitido constantes órdenes de no deforestación, so pena de incurrir en multas.
Como el pasado 3 de agosto del 2022, por ejemplo, cuando una facción disidente de las antiguas FARC-EP, autodenominada “Frente 39″, puso a circular un panfleto en varios municipios del Meta. Entre las 47 órdenes, prohibía la tumba indiscriminada del bosque, establecía la protección de fuentes hídricas y definía normas para cortes de madera que, si se incumplían, acarreaban multas. Esas limitaciones a las comunidades ocurrían, sin embargo, al tiempo que le dejaban la puerta abierta a grandes deforestadores que tuvieran capacidad de pago.
Esto, según la Defensoría, podría traducirse en la reducción del número de hectáreas deforestadas en estas zonas. Pero también en que las comunidades que se dedican a la conservación sean forzadas a dar contribuciones los grupos armados ilegales tras participar de acuerdos de conservación y no deforestación, o de programas de pagos por servicios ambientales.
Hidrocarburos, minería de cobre y territorios en disputa por actores armados en la Amazonia colombiana
La alerta de la Defensoría también señala que grupos armados se han apalancado a partir de la industria de hidrocarburos y de la reciente actividad de extracción de cobre en el municipio de Mocoa (Putumayo). Su interés en fortalecer sus finanzas a partir de los excedentes económicos que generan esas actividades ha llevado a la aparición de refinerías ilegales para adquirir insumos para el procesamiento de hoja de coca, como en el municipio de Puerto Guzmán (Putumayo).
Los grupos armados ilegales también han tomado parte a favor o en contra de ciertos proyectos petroleros o mineros en el territorio. Algunos, extorsionan empresas o atacan la infraestructura. Otros, como los Comandos de la Frontera, otra facción disidente de las extintas FARC, prohibió hacerle oposición a los procesos de exploración, explotación y transporte de crudo. Andrea*, una trabajadora social del Putumayo que trabaja con una organización dedicada a la conservación, asegura que el recrudecimiento de la violencia ha limitado el desplazamiento y la realización de actividades de conservación con las comunidades.
De hecho, según la Defensoría, los procesos, liderazgos y movilizaciones que históricamente han defendido el ambiente de estas actividades en el territorio, o que han impulsado el derecho a la consulta previa y a la participación de regalías, han mostrado una disminución en sus actividades de organización. En el Bajo Putumayo, la disputa armada entre el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, ya ha generado eventos masivos de desplazamiento forzado y confinamiento, así como atentados, amenazas, desapariciones, reclutamiento forzado de menores, entre otros.
“Uno de los elementos más relevantes en la lectura de los riesgos para las comunidades tiene que ver con ‘demandas de lealtades’ por cada uno de los grupos armados irregulares, y un correlativo señalamiento a quienes consideran simpatizantes o afines a la organización armada contraria”, alerta la entidad.
Cultivos de uso ilícito, zonas de frontera y minería ilegal
Según el informe de la Defensoría, los grupos armados han desplegado acciones de intimidación contra las comunidades, especialmente aquellas que no colaboran con la siembra de hoja de coca, e imposición de multas exorbitantes. También persiguen a quienes hacen parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
Al analizar la situación de Parques Nacionales Naturales, se identificó presencia de cultivos de coca en 13 de los 59 parques declarados en el territorio nacional, con un incremento del 21.5% en el 2022, respecto de la vigencia anterior. De este aumento, el 57 % del cambio total se concentró en el Parque Nacional Natural La Paya, ubicado en el Putumayo. El 84 % del área con coca en el 2022 se concentró en cinco parques, tres de ellos amazónicos La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena.
Desde finales de 2019, las amenazas contra las personas que trabajaban en los parques de la Amazonia por parte de las facciones disidentes de las antiguas FARC derivaron en la salida forzada de varios guardaparques que aún no pueden regresar al ejercicio de sus funciones. Eso también ha favorecido el desarrollo de otras actividades prohibidas en las áreas protegidas, como la minería.
En zonas fronterizas con Venezuela y Brasil se ha visto un alarmante avance de minería ilegal de oro y coltán (o minerales de tierras raras) sobre los ríos y en tierra. “El funcionamiento de esa economía ilegal implica movimientos transfronterizos desde Colombia hacia Venezuela”, señala el reporte.
Se trataría de grupos de crimen organizado dedicados al contrabando de oro y las redes que abastecen el entorno minero en esa zona. En el territorio también hacen presencia grupos armados ilegales como el ELN y facciones disidentes de las extintas FARC. “El carácter trasfronterizo de la minería ilegal de oro en la Amazonía se asocia a cadenas de crimen internacional donde las economías de la violencia sexual comercial, la trata de personas, la minería ilegal y la droga, están articuladas”, asegura el documento.
Sin embargo, es importante recordar que esta zona es habitada, en su mayoría, por comunidades indígenas que en las últimas décadas han visto el avance de estos grupos y su fortalecimiento gracias a los recursos que les provee la explotación ilegal. La Alerta, además de reconocer el riesgo extremo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de los pueblos Yurí y Passé, ubicados en el Parque Nacional Natural Río Puré y en territorios colindantes; también pone el foco sobre la estrategia de los grupos de “valerse de las vulnerabilidades socioeconómicas de la población para promover las economías ilícitas como un modo de subsistencia”.
El desafío para el Estado, insisten, es comprender que, así no haya denuncias formales, estas problemáticas persisten y deben generarse garantías para la eficaz presencia institucional. “Hemos solicitado integrar la protección de líderes ambientales en los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN, dos de los principales actores que generan el riesgo en la vulneración de derechos y algunos de los cuales han buscado ejercer mecanismos de control y regulación social y ambiental, que generan nuevos riesgos para las personas que defienden el ambiente en la Amazonía”, aseguró el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asis.
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