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Casi diez años después de que Colombia se uniera al grupo de países que permiten el uso de cannabis con fines medicinales, el Gobierno se prepara para dar un nuevo salto. El Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo trabaja en un decreto que autorizaría la cosecha y venta de la flor de cannabis como producto terminado y bajo prescripción médica. La propuesta, que busca que en un futuro no muy lejano un paciente la pueda adquirir en una droguería, entusiasma a algunos que la ven como una nueva herramienta terapéutica, pero también despierta otros temores por el posible uso indebido de la misma y los retos de su control.
Se trata de la misma flor que la comunidad de López Adentro —un resguardo indígena al norte del Cauca, en el municipio de Caloto— utiliza para sanar las heridas de su cabildo. Con barro y cannabis elaboran un emplasto al que luego prenden fuego, describe Yamile García Quiroga, gobernadora del cabildo en 2024 y representante de la cooperativa Renovando Saberes.
Históricamente, el cannabis ha sido cultivado y usado por milenios. La evidencia más antigua de su aprovechamiento proviene de restos de polen hallados en el yacimiento arqueológico de Banpo (Pan-p’o), en China, datados alrededor del 4000 a.C., que los especialistas atribuyen probablemente a Cannabis Sativa. El registro terapéutico más remoto figura en el Shennong Ben Cao Jing (“Clásico de la materia médica del granjero divino”), un texto sobre la agricultura y las plantas medicinales atribuido por la tradición al mítico emperador chino Shen Nung, quien habría gobernado hacia el 2700 a.C. (Puede ver: Lluvia de meteoros Perseidas 2025 )
“Si uno habla de la flor de cannabis, y después la compara con los extractos y con otros productos que se venden en algunos países donde hay regulación, la flor sigue siendo la que se lleva entre el 70 y el 80 % del mercado”, dice Jorge Humberto Herrera Sierra, director de la Fábrica de Semillas y Plantas de Antioquia, una planta dedicada a la producción de plántulas in vitro y al mejoramiento genético de cannabis, apoyada por la Universidad de Antioquia (Udea).
Se refiere a que, pese a los avances en formulaciones, derivados y presentaciones más sofisticadas, la flor conserva el predominio. “En el mundo nos miran como un proveedor de calidad de flor de uso médico. Cada vez hay más regulaciones de países que favorecen que Colombia pueda exportar la flor como una materia prima farmacéutica o como un producto farmacéutico terminado. El país está en deuda de autorizar y aprovechar la flor como producto terminado para el mercado nacional”, dice Herrera. Precisamente ese es el objetivo central del proyecto de decreto del Ministerio de Salud que él y otros en el sector conocen: permitir que la flor de cannabis sea comercializada como un producto terminado en el país.
“Hace casi 10 años, en 2016, lo que se permitió en Colombia fue elaborar, o sea, cultivar, cosechar, separar la flor de la planta y con esa flor, hacer extractos. Y esos extractos se pueden exportar o se pueden vender en el país”, resume el director y dueño de una de las empresas colombianas de cannabis más grandes y que prefiere no ser citado con su nombre. En 2021, cuenta, el Gobierno de Iván Duque permitió la exportación de la flor como un producto terminado, es decir, sin necesidad de convertirla en extractos, aceites o cualquier otro producto. “¿A qué países? En donde se permite el uso de la flor de cannabis con fines medicinales, que es principalmente Alemania, en Europa, y Australia. ¿Qué cambia este decreto? Que ahora se permitirá la prescripción y venta de la flor en Colombia”.
El borrador, de apenas 12 páginas, propone crear una nueva licencia llamada “uso nacional y exportación”. Con ella, se permitiría cultivar cannabis desde la siembra hasta la cosecha para dos propósitos: exportar plantas, flores y otros componentes vegetales, y vender en Colombia la flor como producto terminado con fines médicos. La licencia sería otorgada por el Ministerio de Justicia, a través de su Subdirección de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes. (Puede ver: La subasta de un meteorito de Marte ha generado debate)
“Inicialmente, la idea sería que todo se maneje bajo fórmula médica o, como lo llaman en Europa, “personal compound”: un producto personalizado al que los pacientes accederían a través de farmacias. La prescripción de la flor y el seguimiento quedarían en manos de un médico, quien se encargaría de supervisar el tratamiento”, agrega Herrera.
Lo que está por decidirse no es solo si en Colombia se podrá comprar flores de cannabis en una farmacia, sino si el país está listo para regular una flor que, en el mundo, concentra la mayor parte del mercado medicinal… y también un buen número de desafíos.
¿Vamos a vaporizar cannabis?
Imagínese a una persona yendo a una droguería con una orden médica y saliendo con, por decir algo, un envase sellado que contiene flor de cannabis medicinal seca, cultivada y procesada en Colombia bajo estándares farmacéuticos. El médico ha indicado la dosis, la forma de consumo y el tiempo de tratamiento, y la farmacia se encarga de dispensarlo como cualquier medicamento controlado. “Al paciente nunca le vamos a decir: ‘fúmese un cigarrillo de cannabis’”, aclara Sandra Carrillo, médica, docente de la U. CES y presidenta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, que, como Herrera, también conoció el borrador del proyecto de decreto.
No se trata de armar un porro con papel y flor seca y pasarle la factura al sistema de salud. La combustión, que ocurre cuando se quema la flor con papel como en un cigarrillo, somete a los cannabinoides —compuestos activos como el THC y el CBD responsables de los efectos terapéuticos— a temperaturas extremadamente altas que no solo destruye algunos de los compuestos beneficiosos, sino que genera otros subproductos tóxicos.
Al igual que con el tabaco, la quema de la materia vegetal genera químicos como el benceno y el tolueno, que irritan las vías respiratorias y pueden ser nocivos para los pulmones, lo que anula cualquier beneficio terapéutico que se busque. Aunque la vía de consumo de la flor sería la inhalación (“aspirar” el vapor que libera), en este contexto médico se emplearían equipos de grado farmacéutico, que calientan la flor a temperaturas controladas para liberar los cannabinoides sin generar los residuos nocivos, como ocurre en hospitales de Israel y Alemania.
Herrera insiste en que “no seríamos los innovadores en ese tema, porque Australia lo viene haciendo hace mucho tiempo con su sistema de salud. Israel lleva más de 20 años atendiendo pacientes de diferentes patologías a través del uso de la flor como un producto terminado. Alemania es, en Europa, el más reciente, con unos cuatro años de estar utilizando la flor”.
En Alemania, la flor de cannabis es considerada un producto farmacéutico y se vende en farmacias desde el año 2017. Los pacientes la obtienen con una receta médica y para su consumo pueden usar vaporizadores de grado médico. En Australia, la Administración de Productos Terapéuticos (TGA) ha aprobado dispositivos de vapeo de cannabis medicinal diseñados para la inhalación y que pueden adquirirse en farmacias. Los más reconocidos en estos países son Volcano Medic y Mighty Medic, identificados como dispositivos médicos.
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No es lo mismo vaporizar que fumar, como tampoco administrar el cannabis medicinal por vía oral. “El uso de la flor es una alternativa que se utiliza en unos casos muy particulares y específicos. La vía oral, para nosotros los médicos, es la mejor”, dice Carrillo.
Cuando hablamos de medicinas, importa cómo las consumimos. La TGA explica, por ejemplo, que si el cannabis medicinal se toma por vía oral, como en una cápsula, se absorbe más lentamente. Los efectos suelen aparecer entre 30 y 90 minutos después de tomarlo, y pueden durar hasta entre 8 y 24 horas. Para esa agencia, esta forma de administración es la más útil para afecciones o síntomas que requieren control durante períodos largos.
Por el contrario, vaporizar cannabis medicinal permite una absorción rápida, con concentraciones en sangre similares a las que se obtienen al fumarlo. La diferencia es que el material vegetal se calienta a temperaturas más bajas a través de estos “vapeadores” médicos, sin llegar a quemarse, lo que reduce la producción de toxinas y elimina el humo secundario. Los efectos comienzan aproximadamente a los 90 segundos, alcanzan su punto máximo entre los 15 y 30 minutos y suelen acabar en un lapso de dos a cuatro horas. “Dado su rápido inicio de acción, vaporizar productos de cannabis es la mejor opción para síntomas o afecciones que requieren un alivio rápido”, dice la autoridad australiana.
Fumar la planta no se recomienda. Además de los riesgos asociados a la combustión, se estima que al menos el 40 % del THC presente se pierde en el humo secundario generado.
Por estas diferencias, Carrillo explica que la flor de cannabis, usada como producto terminado, puede ser útil en lo que llama una “medicación de rescate”. Es decir, se emplea en momentos puntuales para aliviar un síntoma que aparece entre las dosis habituales. Por ejemplo: un paciente en cuidados paliativos toma cannabis medicinal por vía oral —cápsulas o gotas— cada ocho horas. Sin embargo, a veces, el dolor vuelve con fuerza antes de tiempo, a las seis horas o incluso antes, y no cede con el tratamiento de base. En esos casos, la vía inhalada permite un alivio rápido mientras se espera la siguiente dosis oral.
La presidenta de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal asegura que la evidencia de la vía inhalada que hay en publicaciones es muy precisa y puntual. En Colombia, el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud realizó una revisión de la evidencia para aplicaciones médicas de cannabis y productos terminados derivados del cannabis en diciembre de 2022. Allí concluye que los derivados del cannabis son efectivos en epilepsia refractaria, tipo síndromes de Lennox-Gastaut, Davet y Doose, que son condiciones neurológicas caracterizadas por crisis epilépticas resistentes a los tratamientos convencionales.
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El informe también identifica evidencia de beneficio del cannabis medicinal en otras condiciones. Por ejemplo, en casos de insomnio crónico se observó una mejora en la calidad del sueño en comparación con el placebo, y en el trastorno por uso de cannabis se registró una reducción en la frecuencia e intensidad de los síntomas de abstinencia. En personas con dolor crónico, tanto asociado como no asociado a cáncer, se reportó una mejoría leve del dolor, aunque con un aumento en la frecuencia de eventos adversos, la mayoría de ellos leves. En caquexia por cáncer —una condición caracterizada por pérdida de peso, masa muscular y apetito en pacientes con enfermedad avanzada— se documentó un incremento en el apetito, aunque los efectos sobre la calidad de vida fueron variables.
“El problema surge si la gente empieza a querer usar la vía inhalada con prescripción, pero para otros fines”, reconoce Carrillo. “Cuando el decreto entre en vigencia, si es que pasa, el médico tendrá que actuar con ética y discernir cuándo un paciente con determinada condición realmente puede beneficiarse de esta vía de administración. Será cuestión de la discreción del médico, siempre guiados por los principios éticos de nuestra profesión”. A estas alturas, parece claro que el temor que genera la regulación propuesta es justamente que la flor de cannabis se use fuera del ámbito medicinal, por ejemplo, con fines recreativos.
Al neuropsicólogo Juan Daniel Gómez, quien representó en el pasado a Colombia ante la Comisión Interamericana Contra el Abuso de Drogas, la idea del decreto no le resulta del todo atractiva. Considera que, en ciertos contextos, los riesgos podrían superar los beneficios y que se podrían generar confusiones sobre su uso, aumentar el riesgo de consumo indebido y dificultar la supervisión efectiva de los pacientes en el sistema.
Contrario a él, profesionales como Herrera, de la U. de Antioquia, piensan que cualquier regulación “siempre debería enfocarse bajo la gestión del riesgo y no bajo la temeridad de asumir que el producto, sin ningún tipo de argumentación, es dañino para la salud pública”. Se refiere a que la regulación puede permitir un acceso controlado y seguro, con licencias, dosis, vías de administración y seguimiento médico definidos, de manera que se minimicen los riesgos y se maximicen los beneficios para los pacientes que lo necesitan y que se están viendo obligados, en el contexto actual, a recurrir a un mercado irregular sin ninguna supervisión.
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“Se encuentran cosas tan inesperadas como el supuesto aceite de cannabis, que cuando se analiza resulta que no tiene cannabis, sino una mezcla de hierbitas que incluyen, por ejemplo, perejil, solo para que se vea verde. En otros casos, dicen que es cannabis para ayudar a dormir, pero en realidad es un aceite al que le han agregado benzodiacepinas, un medicamento muy delicado. Hay preparaciones que aseguran tener 100 miligramos de CBD, y al hacerles el testeo ni siquiera alcanzan 10 miligramos; otras dicen ser solo CBD y, al analizarlas, se encuentran con grandes cantidades de THC. Incluso hay productos contaminados con bacterias”, dice Carrillo.
Sumado a esto, personas como Juan Hernández, presidente del sindicato de trabajadores del cannabis, creen que la regulación de la flor como producto terminado para uso medicinal podría ayudar a cerrar un subregistro que aseguran que existe: “Ese concepto de cannabis recreativo es muy ambiguo, porque la gente realmente está usando el cannabis más para relajarse, para controlar el estrés, para poder trabajar, para manejar cuestiones de su cotidianidad, más que para la rumba. Entonces, ya se le está dando un sentido terapéutico al uso de la flor”. Con él concuerda Herrera: “Como el uso de la flor de cannabis no ha estado regulado, existe un subregistro que no tenemos cómo aproximarlo, donde un número importante de personas están consumiendo la flor con fines médicos, pero lo están haciendo bajo el esquema recreativo”.
Mientras el decreto espera su promulgación, algunos como Carrillo se preguntan si el momento es el más adecuado. “Lo ideal sería que el acceso al cannabis medicinal, que ya está regulado desde hace 10 años, funcionara de manera más efectiva antes de dar el siguiente paso con la flor”. A pesar de que la ley lo contempla, las EPS tienen poca cobertura sobre estos tratamientos; hay pocos productos con registro Invima en el mercado; los médicos aún desconocen cómo formularlos; y el “boom” que hace una década, con la regulación, se conoció como el “oro verde”, terminó provocando la quiebra de decenas de empresas.
El “oro verde” que no fue
Hace casi diez años, cuando Colombia inició la regulación del cannabis medicinal, las expectativas se dispararon. “Parecía que todo estaba listo para un boom del cannabis. Los medios y las revistas de inversión lo llamaban el ‘oro verde’. Eso llevó a que muchos, sin experiencia en el sector pero con capital disponible, invirtieran sin hacerse una pregunta básica: ¿a quién se le iba a vender y en qué cantidades?”, recuerda Herrera. Algunos incluso hicieron cuentas demasiado “alegres”: si la planta crecía en cuatro meses, creían que en máximo seis ya serían millonarios y habrían recuperado su inversión inicial. Se estima que en ese tiempo hubo compañías que invirtieron entre 20 y hasta 50 millones de dólares apostándole a ese negocio.
Nada más lejano de la realidad. Herrera estima que de aquellos que pidieron licencias en ese momento, solo queda un 10%. Al tratarse de una planta con uso médico, el negocio entraba de lleno en el terreno farmacéutico, con todo lo que eso implica: largos tiempos de desarrollo, altas inversiones y exigentes certificaciones de calidad. Muchos no lo tuvieron en cuenta. Tras la legalización del cannabis medicinal en Colombia, pasaron años sin que hubiera medicamentos disponibles para prescribir; solo hace cuatro o cinco años comenzaron a llegar al mercado.
Hoy, el Invima le confirmó a El Espectador que ha otorgado ocho registros sanitarios para medicamentos de síntesis química. De estos, uno combina Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD), mientras que los otros contienen solo CBD como principio activo. Además, la entidad aclaró que no ha aprobado registros para productos fitoterapéuticos, es decir, medicamentos elaborados a partir de material vegetal —como extractos, tinturas o aceites— que se usan con fines terapéuticos, pero no pueden incluir principios activos aislados.
Para personas como Carrillo, esa disponibilidad se queda corta. Con el paso de los años, los pacientes han contado prácticamente con una sola vía para acceder al cannabis medicinal: las fórmulas magistrales. Son preparaciones hechas a la medida por un farmacéutico, siguiendo la prescripción de un médico y ajustando la dosis y la combinación de cannabinoides según las necesidades de cada paciente. No se producen en serie ni están listas en las estanterías, lo que acarrea varios problemas. Para empezar, los laboratorios que pueden elaborarlas deben cumplir estrictos requisitos, como las llamadas Buenas Prácticas de Elaboración (BPE).
En teoría, estas exigencias buscan garantizar calidad, pero para personas como Herrera, la regulación no está pensada con una gestión del riesgo acorde a la realidad. Se pide a las fórmulas magistrales un nivel de validaciones similar al de medicamentos mucho más complejos y producidos en serie, lo que encarece y desincentiva su fabricación. “Eso hace que no sea atractivo para las compañías que están haciendo la inversión, porque al final el producto terminado, que es personalizado, lleva un costo muy alto”, señala el investigador de la UdeA.
Ese carácter personalizado trae otro problema: los tiempos de espera. “Uno le da al paciente la receta y el medicamento llega tres o cuatro días después, porque hay que enviarla al laboratorio para que lo prepare y luego despacharlo a la farmacia. Si el paciente viene un viernes, imagínese cuánto tiene que esperar”, comenta Carrillo. El ideal, dice, sería que más productos pudieran estar disponibles en la farmacia, de tal manera que el médico haga la prescripción, el paciente salga con su fórmula directo a la farmacia y en la farmacia le entreguen el medicamento. Aunque han tenido reuniones con el Invima, no se ha podido avanzar en ese tema.
La agencia sanitaria reconoce que las fórmulas magistrales presentan algunos retos particulares. “Estas preparaciones —que no requieren registro sanitario para su comercialización, pero sí cumplir con Buenas Prácticas de Elaboración— siguen siendo poco comprendidas por muchas entidades prestadoras de salud, lo que ha generado trabas para que los pacientes accedan a estos tratamientos, especialmente en contextos de cuidado paliativo», le dijo la entidad a este periódico. Pero no solo eso. El Invima está de acuerdo con que el marco actual requiere reformas que simplifiquen y hagan más comprensible la regulación, tanto para los empresarios como para las entidades encargadas de su implementación. Y no deja lado que “la aprobación de registros sanitarios requiere evidencia clínica robusta que demuestre la seguridad y eficacia del producto”. Sin embargo, señala que en algunos casos los expedientes no incluyen estudios suficientes, lo que le impide avanzar con el proceso.
Los problemas no se limitan al terreno regulatorio. Aunque el decreto 2808 de 2022 autorizó que las fórmulas magistrales con derivados de cannabis fueran cubiertas con recursos del sistema de salud, “tres años después de eso, las EPS no están brindando la cobertura que deberían. Es muy incipiente”, critica Herrera. Esto obliga a muchos pacientes a asumir el costo de su bolsillo, es decir, a un gasto privado que para algunos resulta insostenible. En un artículo que Carrillo y algunos colegas publicaron en 2024, estiman que los costos de un preparado magistral para un paciente y con un contenido de 30 ml, para uso sublingual —que se administra colocando el medicamento debajo de la lengua—, tiene un costo aproximado de entre 30 y 70 dólares —entre unos 120.000 y 280.000 pesos— dependiendo de su composición.
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No menos importante, la promesa inicial de la regularización del cannabis medicinal de integrar en la cadena a los pequeños campesinos que han cultivado la planta por generaciones se quedó en el aire. Los altos estándares de calidad, los costos de certificación y los requisitos de inversión han convertido el negocio en un terreno más accesible para grandes empresas, dejando fuera a quienes originalmente se esperaba beneficiaran del mercado legal.
El Invima señala que, si bien la definición de pequeños y medianos cultivadores, así como las licencias de cultivo, no son de su competencia , sino del Ministerio de Justicia, en coordinación con los ministerios de Salud y Agricultura, el Instituto ha implementado medidas para facilitar la inclusión de estos productores, como mesas técnicas para socializar los requisitos, la exigencia de que los solicitantes de licencias adquieran al menos el 10 % de su cannabis de pequeños o medianos cultivadores, y la disponibilidad de asesoría personalizada.
Con esta nueva posibilidad que abriría el decreto sobre la flor de cannabis, algunos temen que la historia se vuelva a repetir. Buscando evitarlo, el borrador establece una medida de priorización: por dos años, solo los productores locales podrán cultivar cannabis como materia prima para el mercado nacional. Esto les da una oportunidad de consolidarse sin tener que competir, desde el inicio, con los grandes capitales extranjeros. Para Isabel Pereira, coordinadora de la linea de política de drogas en DeJusticia, “es positivo que estén buscando medidas para que el mercado integre de mejor manera a pequeños y medianos productores, cosa que ha sido muy deficiente en lo que lleva la regulación del mercado medicinal de cannabis en Colombia”.
Pero estas medidas de priorización, dice Pereira, no van a traducirse realmente en cambios, “a menos que se transformen tres cosas que tienen limitada la participación de esta población así como el funcionamiento del mercado de cannabis medicinal: se requiere asistencia técnica para que pequeños y medianos puedan cumplir los estándares de calidad de un mercado medicinal; un sistema de salud que incluya medicamentos de cannabis medicinal; y tres, unos médicos que, cuando sea indicado, prescriban estos medicamentos, dentro del sistema de salud”.
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Precisamente, hay un tema de educación que sigue estando ausente. Los médicos, reconoce Carrillo, aún no saben cómo recetar correctamente cannabis medicinal, qué dosis indicar, qué formulación elegir según la patología, ni cómo hacer un seguimiento efectivo de los pacientes. Y aunque la confianza médico-científica ha ido aumentando gracias a la publicación de estudios y guías clínicas recientes, todavía hay grandes vacíos en la formación. Por todo esto, y aunque muchos reciben con optimismo cualquier avance, creen que se necesita mucha voluntad y más esfuerzos para que todas estas normativas pasen del papel a la realidad.
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